Madrid
Nunca había pasado hasta ahora. En los 22 años que lleva ostentando las competencias en Educación, la Comunidad de Madrid nunca ha visto necesario aprobar una ley educativa propia, como sí han hecho otras comunidades, hasta ahora. El Proyecto de Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa ya había sido estudiado e informado en el Pleno del Consejo Escolar de Madrid el día 9 de abril. Pero no ha sido hasta ahora cuando ha empezado a coger forma. De hecho, es con esta norma con la que Isabel Díaz Ayuso pretende "blindar" la educación concertada y la especial en la región y boicotear así la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), conocida como "Ley Celaá".
Desde el ejecutivo regional consideran que esta norma estatal garantizará un sistema educativo acorde con la Constitución y con la libertad de los padres de elección de la educación que consideren oportuno. Ana Villán, vicesecretaria de Sectorial del PP de Madrid apuntaba que "frente a las embestidas" del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "garantizamos la igualdad de oportunidades y avalamos el derecho a recibir las enseñanzas en castellano".
A pesar de las enmiendas que presentaron los grupos de izquierda, la Asamblea de Madrid continúa con el plan establecido y está a un paso de enfrentarse a su primer trámite parlamentario hasta que llegue de nuevo al pleno, previsiblemente en el próximo mes de diciembre, para su posible aprobación definitiva. El PP necesitará como mínimo la abstención de VOX para sacar adelante esta ley, aunque la formación de extrema derecha ya advirtió que su apoyo no sería gratuito. No obstante, Ayuso se mantiene firme al rechazar las exigencias de este partido que pretende incorporar el veto parental o introducir banderas de España en las aulas. La izquierda, por su parte, critica una norma que cree que nace de la segregación del alumnado y menoscaba la educación pública.
Esta ley plantea varias medidas que van en dirección contraria a la LOMLOE. Así, especifica que los alumnos "tienen derecho a una plaza escolar sostenida con fondos públicos", lo que incluye ir a la concertada. Además, la Ley Celaá establece que el alumnado con necesidades educativas especiales se repartirá de forma equitativa por toda la red sostenida con fondos públicos, lo que incluye las escuelas privadas concertadas. Ayuso eliminará este requisito e indica que se podrá garantizar la escolarización de estos estudiantes teniendo en cuenta la oferta de plazas escolares. Madrid tiene más alumnado con necesidades educativas especiales matriculado en la escuela pública que la media nacional (un 3,3% por aula frente a un 3%).
Se prevé que esta Ley entre en vigor a lo largo de este próximo curso 2021/2022. Más específicamente, se aplicará en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de forma que más de 1,2 millones de estudiantes se beneficiarán de ella. Actualmente, el 54,5% de los alumnos de esta región está escolarizado en centros públicos, mientras que el 29,6% lo hace en concertados y el 15,9% en privados, según el Ejecutivo regional.
Los sindicatos, en contra
"Pura propaganda". Así se refiere CCOO a esta norma dirigida por Ayuso. Este sindicato denuncia que tenga un sesgo propagandístico al referirse a la lengua vehicular en español, cree que no garantiza presupuestos para el personal educativo y se limita a dejar puertas abiertas para ampliar conciertos con la enseñanza privada sin garantizar la libre elección. Sin embargo, no fueron los únicos que criticaron esa ley. UGT y la FAPA Giner de los Ríos también solicitaron en el Pleno del Consejo Escolar el archivo del anteproyecto de ley al observar un "claro sesgo propagandístico".
Se muestran inconformes con el papel de la educación especial, al apuntar que el interés del gobierno de Díaz Ayuso por este tema es el deseo de promover conciertos también en los centros de educación especial. Por lo que vulnera el derecho a la educación inclusiva al ir en contra de la ONU, que manifiesta que el rumbo que debe seguir la educación integral en España es el camino de la integración, todo lo contrario que pretende esta norma en la Comunidad de Madrid.
Desde ANPE se encuentran en el mismo punto al "considerar que es una una ley extraña con marcados tintes políticos electorales, que no aporta grandes cambios y su contenido principal se centra en la educación especial, cuando ni siquiera el título así lo refleja".
ACADE también ha manifestado su disconformidad por el hecho de que la norma "no contempla todas las opciones de elección que existen en la actualidad en el sistema educativo". Por último, solicitan "implementar fórmulas de implantación directa y apoyo a las familias".