Madrid
Faltan tres meses para que finalice el plazo –el 19 de enero de 2022- con el que cuenta el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) para presentar su propuesta normativa ''que regule, (…) la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente'' y que afectará a 755.000 profesores. La Unión Sindical del Cuerpo de Inspectores de Educación (USIE) ha presentado sus peticiones y pide que se inicie ''un debate público sobre la carrera profesional docente teniendo en cuenta la especificidad de la inspección educativa''.
El sindicato ha planteado un modelo de inspección educativa -que gestiona el MEFP- y que, según aseguran en su comunicado ''precisa una actualización normativa en todos los ámbitos: administrativo, organizativo y retributivo'', una petición reiterada que afirman ''ha sido desoída continuamente por el Ministerio''.
En la reunión mantenida con la ministra, el sindicato USIE ha pedido la revisión y actualización de los complementos retributivos, asignando al Cuerpo de Inspectores de Educación (CIE) "un nivel retributivo diferenciado del cuerpo de catedráticos pues sus funciones y atribuciones son distintas". Además, han planteado medidas al Gobierno que consideran ''clave'' para la carrera profesional docente.
Mejoras para el Cuerpo de Inspectores de Educación (CIE)
El sindicato en el comunicado, lanzado el pasado jueves, piden –para posteriormente incluirlo LOMLOE- que se cree un apartado específico para la inspección educativa, en tanto que está claramente diferenciada del resto de cuerpos docentes.
Además, señalan que es necesario que se establezca una formación inicial previa para el desempeño de la función inspectora, al igual que ocurre con otros cuerpos de inspectores. Garantizando así los conocimientos específicos que requiere dicha profesión.
Apuntan que el acceso a la inspección "se debe efectuar exclusivamente mediante pruebas objetivas y transparentes. Es imprescindible la actualización de temarios y pruebas más prácticas. Ningún puesto del CIE puede ocuparse sin superar una convocatoria selectiva previa".
Al igual que consideran clave ofrecer la posibilidad de participar los funcionarios del CIE en convocatorias de carácter general.
USIE lo que plantea al ministerio es un modelo de inspección con una regulación de ámbito estatal ''que potencie la autonomía profesional y la independencia técnica de quienes la desempeñan, así como dotarla de los recursos técnicos y humanos precisos para desempeñar sus funciones adecuadamente''.
Reducir la precariedad
En prácticamente todas las CC.AA se ha incrementado desde 2007 el número de inspectores accidentales o temporales. En el año 2007 el número de inspectores funcionarios del CIE era de 1042, mientras que 440 de estos eran inspectores accidentales, es decir, el 29,69% del total, según los datos aportados por el USIE.
En la actualidad, las comunidades autónomas en las que el porcentaje de accidentalidad que supera el 20% son: Aragón el 30%, Castilla la Mancha 27%, Castilla León 56%, Comunidad Valenciana 21%, Extremadura 29%, Madrid 43%, Murcia 25%, Navarra 52%, mientras que en La Rioja solamente es un 8% o Galicia que no tiene. Lo que se traduce en una tasa de provisionalidad que a nivel estatal en el 2020 superó el 25%.
Por tanto, desde el sindicato exigen al Gobierno la adopción de medidas que reduzcan la precariedad en la función pública. Ya que en la actualidad más del 35% de los puestos del CIE son ocupados por inspectores accidentales en las Administraciones educativas.
Una cuestión que ha de corregirse y que solo pueden realizarse ese tipo de contrataciones interinos-temporales por ''razones de necesidad, de urgencia o para el desarrollo de programas de carácter temporal, extraordinaria'' tal y como lo establece la STJUE (sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) de 19 de marzo del 2020.
Desde el sindicato esperan que la reunión sirva para que desde el ministerio se mejore el sistema de acceso al CIE de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Y la LOMLOE, que plantea ''nuevos retos a la inspección educativa, como la mediación educativa y la participación en órganos colegiados'', motive al establecimiento de una fuerte formación institucional de carácter periódico y específico, al igual que para otros cuerpos docentes.