De los 338 centros concertados analizados, casi 230 cobran de forma obligatoria una cuota base a las familias. En el caso de la Comunidad de Madrid y País Vasco, la cobran el 100% de sus centros y, en Cataluña el 98%. Siendo Cataluña la comunidad que cuenta con la cuota promedio más alta, llegando a los 202,37 euros, seguida de la C. de Madrid (133,25 euros) y el País Vasco (84,07 euros). Aunque hay excepciones, las tarifas de Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón las tarifas, en la mayoría de sus centros, están por debajo de los 80 euros de media.
Esos son algunos de los datos que se reflejan en el estudio presentado este miércoles por la Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (CEAPA) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) y que, aseguran que esas cuotas van ''en contra de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación que establece la gratuidad de la educación obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos''.
En esta sexta edición del 'Estudio de Precios de Colegios Concertados' han investigado a 338 centros concertados de siete comunidades autónomas (54 de Andalucía, 27 de Aragón, 55 de Cataluña, 101 de la Comunidad de Madrid, 31 de la Comunidad Valenciana, 31 centros de Galicia y 39 del País Vasco).
En España, en el curso 2020-21, según los datos que maneja el Ministerio de Educación y Formación Profesional, hay 28.624 centros, de los que 19.197 son públicos y los restantes 9.427 privados y concertados. La consultora que ha realizado el informe, Garlic B2B, asegura que los datos que han extraídos son extrapolables al resto de centros concertados de España.
En el 77% de los centros que cobran cuota no existe voluntariedad
Las tarifas que cobran estos centros, afirman en el informe, lo hacen ''contraviniendo el derecho a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos''. Pero, además, en cuanto al carácter no lucrativo de la cuota, en el estudio concluyen que el 73% de los colegios no lo menciona en los documentos que entrega, pese a que es un requisito de la ley vigente que el cobro de cuotas no sea lucrativo para los centros de este tipo. Y que, en palabras de la directora general de CICAE, Elena Cid, ''este modelo de negocio hace daño a la enseñanza pública y a la concertada tradicional''.
En el 77% de los centros que cobran cuota no existe voluntariedad, es decir, de esos centros el 62% la exige obligatoriamente. Ahora bien, apuntan en el informe que se acentúa la discriminación de los alumnos en el 15% de los casos. Esto ocurre porque el impago de ciertas actividades extras implica que el estudiante no pueda acudir a las mismas. Un dato que llama la atención en el caso de la Comunidad de Madrid donde este tipo de prácticas de exclusión son las más elevadas, representando un 33% así como en la Comunidad Valenciana con un 28%.
Cid añadió que "hay 'coles' que no cobran ninguna cuota. Es sorprendente que todos reciban la misma financiación" y es una muestra de que existe "una variedad de prácticas irregulares y opacidad". Hizo énfasis en que ''se está incumpliendo el concierto educativo, pues ''hay centros que se están lucrando con esa connivencia de la administración''.
La directora ha defendido que "con la excusa de la infrafinanciación se esconde una gran variedad de prácticas irregulares en los colegios sostenidos con fondos públicos. Existen muchas concertadas dentro de la concertada, hay una parte que incumple lo acordado en el concierto educativo y recibe una doble financiación pública y privada cobrando cuotas elevadas, mientras que hay otros centros que no las exigen o son muy reducidas".
Disparidad de precios
Otra de las cuestiones que revela el informe es la disparidad con respecto a los precios en función de unos colegios u otros dentro de la misma comunidad. Por ejemplo, hay algunos centros concertados donde no se cobra nada a las familias o apenas un euro como en el caso de Aragón, mientras que en otros su precio alcanza hasta 930 euros al mes, como es el caso del colegio St. Pauls, en Cataluña.
A Cataluña le sigue la Comunidad Valenciana respecto a las comunidades con la mayor diferencia entre sus cuotas mínimas y máximas, siendo en el caso de Valencia que 270 euros la que más, 10 euros la menor cuota.
A ese coste se pueden sumar otros y que las familias asumen también. El desembolso de otro tipo de servicios y actividades complementarias puede llegar a superar en la mayor parte de los casos los 3.000 euros anuales de inversión total. El precio de la cuota, en algunos colegios, viene condicionado por el tipo de servicios que las familias contraten, es decir, aunque una familia decida no pagar una cuota complementaria, los costes de otros servicios incrementan.
En opinión de la presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, la red concertada debe ser "subsidiaria" de la pública. "No entendemos que se siga cerrando a los ojos" y que se esté "abrasando a las familias con cuotas que sólo sirven para hacer negocio y hacerse ricos unos pocos". Cardenal espera que la LOMLOE (conocida como 'Ley Celaá') pueda ayudar a que las administraciones ''velen por que se cumpla la ley de conciertos''.
Falta de transparencia
Uno de los datos que destacan en el informe es la falta de transparencia por parte de los centros a la hora de entregar documentación sobre los precios de las cuotas complementarias, dando como resultado que el 45% de los analizados no entrega información sobre ello.
El estudio muestra cómo existen dificultades para obtener información clara en relación a los precios que se exigen
Garlic B2B, para realizar la investigación, ha empleado la técnica del 'comprador fantasma' o mystery shopper (haciéndose pasar como padres interesados en escolarizar a sus hijos en estos centros), concluye que existe "una deficiencia estructural de transparencia". Además, añaden, ''un 42% no plantea los precios de manera voluntaria y espontánea en las entrevistas con las familias, deben ser ellas quienes pregunten por este aspecto en una visita''.
El estudio muestra cómo existen dificultades para obtener información clara en relación a los precios que se exigen, así como de los conceptos por los que los centros cobran o el horario de las actividades complementarias. Respecto a ello, la presidenta de CEAPA mencionó que "los responsables del estudio se han encontrado con mucha opacidad por parte de los colegios, muchos de ellos no son claros con las familias respecto a la voluntariedad o no de pagar esas cuotas". Y la directora de proyectos de la consultora, Amparo Núñez, expresó que existe "una deficiencia estructural de transparencia en la comunicación a las familias".
Además, la directora general de CICAE expresó que "no se entiende que la administración no proteja a las familias, a las que se les ponen tantas trabas para conocer el coste de la educación de su hijo en los 13 años que dura su escolaridad y las consecuencias de no pagar un servicio público, que de por sí debe de ser gratuito".
