Madrid
Los informes ya lo afirmaban hace unos meses: España fue uno de los países que menos clases perdió durante la pandemia. Pese a los repuntes y a las constantes olas, un estudio de la OCDE en abril afirmaba que gracias a la vacunación de los docentes y al aumento de las temperaturas, las escuelas de este país pudieron permanecer abiertas.
Es ahora cuando, un año y medio después de la llegada de la Covid-19, se confirma que España ha sido uno de los países que mejor ha gestionado la educación durante la crisis de la Covid-19, en particular con su política de evitar tras la primera ola el cierre de escuelas, que según la OCDE es una medida particularmente nefasta para los alumnos.
A pesar de las críticas que se llevó el Ministerio de Educación y Formación Profesional encabezado por Isabel Celaá, las pruebas indican que su gestión fue ejemplar. El informe que publica hoy la OCDE sobre el impacto de los 18 primeros meses de pandemia constata que los países cuyos alumnos tienen peores resultados académicos son también los que más tiempo han cerrado los centros escolares. A largo plazo, esta situación puede desembocar en consecuencias nefastas como el incremento de las desigualdades entre países, que ya se vivió en el caso de la brecha digital.
Lo cierto es que España tampoco puede presumir de muchas más cosas a nivel educativo, ya que no es una de las regiones en sacar mejor calificación en PISA, al estar por debajo de la media, pero sí es verdad que esta vez ha destacado positivamente como uno de los que más se esforzó por mantener las aulas abiertas.
Este estudio indica que entre 2020 y mayo de 2021 las clases estuvieron cerradas de media en la OCDE 55 días en preescolar, 78 en primaria, 92 días en la primera etapa de secundaria y 101 en la segunda, mientras que en España fueron 45 en todos esos niveles y solo en la primera ola.
Nunca es tarde para estar entre los mejores y es que ya formamos parte del grupo selecto junto con Noruega y Nueva Zelanda en los que los cierres duraron menos de 50 días en la segunda etapa de la secundaria. Por su parte, Bélgica, Francia y Suiza no han cerrado completamente en lo que llevamos de año pese a los fuertes brotes registrados. Estas cifras contrastan fuertemente con los más de 200 días durante los que se han clausurado las escuelas desde el inicio en México, Polonia, Costa Rica, Colombia o Lituania.
Más apoyo de docentes
La OCDE señala que, durante todos estos meses, alrededor del 40% de los 30 países analizados reforzaron las plantillas con la contratación temporal de profesores u otros profesionales para tratar de mitigar el efecto de las restricciones por la Covid-19. España estuvo entre la media docena de Estados que lo hizo desde el curso 2019-2020. También está entre los que han incrementado los fondos económicos para la educación: dos tercios del total lo hicieron en 2020 y el 75% en 2021 en primaria y secundaria.
Otra de las polémicas de esta pandemia surgió con la escasa formación que tienen algunos profesores en el uso de la tecnología y la necesidad de implementar esta en el aprendizaje. De hecho, únicamente un 43% de los profesores dicen sentirse bien preparados para su utilización. Además, la OCDE recuerda que el recurso de la enseñanza telemática a distancia ha puesto en evidencia que los alumnos más desfavorecidos tienen problemas por su menor acceso a equipos tecnológicos.
Demasiados repetidores
No todo son buenas noticias. Aunque tenemos sobresaliente en la educación durante la pandemia, estamos suspensos en repeticiones. Y es que nuestro país cuenta con los peores datos de la treintena de países y territorios que integran la OCDE. De hecho, el 8,7% de los alumnos españoles de la ESO ha repetido curso, frente al 1,9% de la media de la OCDE. En Bachillerato no es muy diferente: 7,9% frente al 2,9%, sólo superada por la República Checa.
Las decisiones sobre promoción y evaluación de la ESO son adoptadas por el equipo docente, sin que sea obligatorio realizar una prueba extraordinaria, que sí que aparece en Bachillerato. Esta es la principal conclusión que contempla el proyecto de real decreto por el que se regulará la evaluación y promoción en Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional que elabora el Gobierno.