Madrid
La Federación de Enseñanza de CCOO critica que la LOSU del ministro Castells se ocupa extensamente de definir un nuevo modelo de gobierno de la Universidad pública presidencialista y gerencial en torno a la figura del rector/rectora en detrimento de la participación democrática y de la transparencia de los órganos de gobierno y de representación.
CCOO alerta de que se contempla la posibilidad de que la elección del rector se realice por un comité de 20 personas, con un 30% de sus miembros ajeno a la universidad, y que se disminuye y modifica la composición del claustro. Además, excepto la formulación y aprobación de los estatutos, sus funciones y competencias se reducen a las de un órgano meramente consultivo. El rector tiene que rendir menos cuentas y designa al resto de órganos de gobierno unipersonales. Los departamentos carecen de regulación expresa y se refuerzan los Consejos Sociales en la política universitaria, excluyendo a cualquier integrante de la comunidad universitaria.
Los capítulos dedicados al profesorado de las universidades proponen mantener la doble vía de acceso funcionarial y laboral, aunque esto está un tanto oculto y depende de los desarrollos autonómicos. Pero los dos cuerpos funcionariales (CU y TU) permanecen sin resolver los problemas de sus carreras profesionales, sin reconocerse el derecho a una carrera vertical con promoción interna y sin dar solución a la contradicción de un sistema retributivo que sigue dependiendo exclusivamente del Estado.
El sindicato subraya que la regulación del PDI laboral también empeora notablemente con la nueva LOSU. Se elimina la figura del ayudante, limitando las posibilidades de iniciar una carrera académica exclusivamente a los contratos de personal investigador en formación. Asimismo, desaparece en el texto la figura equivalente al actual profesor contratado doctor (con contrato indefinido, a tiempo completo), que queda a la discrecionalidad de la regulación de las comunidades autónomas, y los profesores ayudantes doctores acceden sin acreditación previa (esta era una reclamación de CCOO), pero carecen de promoción en su carrera laboral. Por otro lado, los cambios en la figura de los profesores asociados no aportan soluciones para resolver los problemas de temporalidad, precariedad y falta de promoción actuales. Por último, se establecen dos figuras ornamentales y graciables, las de los profesores visitantes y distinguidos, los únicos que no están sometidos a ningún proceso de evaluación para su contratación.
Por otra parte, continúa el poder omnímodo y opaco de ANECA, que con la nueva LOSU sigue siendo la verdadera artífice de las políticas ministeriales de profesorado, sin que se establezcan mecanismos para mejorar su regulación (actualización de criterios de evaluación, procedimientos, agentes, etc.).
El texto no se acompaña de ninguna memoria económica y solo considera una cifra global de consecución del incremento de la financiación hasta el 1% del PIB en la próxima década (porcentaje que todavía queda por debajo de la media actual de la UE y la OCDE). Para CCOO, esto no soluciona el problema de la financiación, puesto que las universidades públicas mantienen un recorte acumulado en su conjunto de un 20% de la financiación pública desde 2009. Se establece un modelo de financiación plurianual que se intenta relacionar con la política de personal y la tasa de reposición de plantillas. De hecho, se asume en la ley el mantenimiento de la tasa de reposición, que solo ha servido para limitar el desarrollo de las plantillas universitarias.
A todo ello se suma una visión muy dulcificada de las universidades privadas y una llamativa omisión en el texto presentado de la función de la universidad como prestadora del servicio público de educación superior.
CCOO considera que es imprescindible fortalecer en el actual contexto socioeconómico a la Universidad pública, entendiendo que los conocimientos y la cualificación profesional que proporciona son esenciales, en términos de equidad y justicia social, para la construcción y desarrollo de la sociedad del conocimiento en toda su extensión.
Por ello, exige que el Ministerio abra de forma inmediata un proceso de negociación serio y responsable con los agentes sociales, ya que el articulado actual no responde a los objetivos planteados en el preámbulo y supone una minoración de la democracia y la participación de la comunidad universitaria en el gobierno de la Universidad. Este proceso de negociación deberá incluir el Estatuto del PDI y la revisión del RD sobre régimen del profesorado universitario (1985) y del RD sobre retribuciones del profesorado universitario (1989).