Madrid
La temporalidad del empleo en España es una problemática ante la cual, la Unión Europea ha penalizado al Gobierno central en cada legislatura. Siendo una de las principales causas de la precariedad e inestabilidad laboral. Con las crisis del coronavirus, pese a las medidas para la contención del despido como los ertes, muchos trabajadores con contratos temporales se han sido otros de los afectados.
Se calcula que el porcentaje de interinos en España es un 28% (más de 900.000 trabajadores públicos tienen un contrato eventual o de interino), así lo refleja del INE en los datos extraídos en 2020.
Dentro del sector público, los enfermeros y docentes son los más afectados por este tipo de contratos. Estos últimos son contratados a comienzos de curso y se les rescinden al final del periodo académico -con la llegada de las vacaciones de verano-. De modo que es un tiempo de situación laboral cíclica donde nunca se produce una contratación que llegue al año. En el caso de los enfermeros, muchos de ellos, acumulan varios contratos a lo largo de un año.
Este tipo de contratación del profesorado se lleva a cabo así, para que sea el Estado quien cubra esa prestación por desempleo, en lugar de utilizar las autonomías su presupuesto para remunerar el periodo de vacaciones a los docentes. Además de ser otra forma de saltarse las tasas de la ratio de reposición -sustitución por cada jubilación-. Según el último informe presentado por la Federación de Enseñanza de CCOO, en España la ratio es de 0'15, es decir, hay un docente menor de 30 años por cada siete profesores que superan los 50.
La lacra del profesorado universitario
El Public Funding Observatory de la European University Association, en el estudio en el que analizaba el periodo 2008-2020 sobre la financiación pública universitaria en España, esta cayó de un 20% en términos reales.
Una tendencia que se refleja en que el 48% del PDI (Personal Docente e Investigador) y el 30% del PAS (Personal de Administración y Servicios) se encuentran en una situación de temporalidad constante.
Como forma de mejorar las universidades públicas españolas ha concedido el Ministerio de Universidades, a través del Real Decreto 289/2021 publicado el pasado 22 abril en el BOE (Boletín Oficial del Estado), el reparto de 361,56 millones de euros en ayudas de formación a 2.521 profesores para su recualificación.
Será llevado a cabo el procedimiento de concesión de estas subvenciones en forma de concesión directa, teniendo en cuenta ''las razones que acreditan el interés público, social y económico de la concesión de estas subvenciones'', según cita el ministerio en BOE.
Casi dos tercios del total serán repartidos entre las 22 universidades de Madrid, Andalucía y Cataluña. Aunque son 47 las beneficiarias que se citan en el Decreto que autoriza su adjudicación directa por orden del Ministerio de Universidades.
Ayudas cuyo objetivo es la recualificación de las universidades públicas en España durante 2021, 2022 y 2023. Con ello se pretende formar a más jóvenes doctores, recualificar al profesorado y atraer a estudiantes internacionales.
''Mochila'' austriaca como solución
La Unión Europea sugiere a España que para reducir sus contratos temporales aplique el contrato único y la mochila austriaca.
Un sistema que nace en Austria y que funciona a través de un solo tipo de contrato en el mercado laboral y no hay indemnización por despido. El trabajador cuando cambia de empleo se lleva consigo la ''mochila'' que no es más que el capital ahorrado del salario del trabajador cada mes.
Al empleado se le retira un porcentaje de salario y se va a acumulando en ese fondo de ahorros o ''mochila''. Ese capital es invertido para que consiga rentabilidad mientras el trabajador sigue acumulando un porcentaje de su salario.
Si nunca es despedido, entonces, el capital ahorrado lo podrá cobrar el trabajador el día que se jubile. En otras palabras, se convierte en un plan de pensiones complementario que se suma a la asignación de pensión pública que el Estado se encargará de pagarle.
El rechazo del Gobierno
En el Ejecutivo español esta idea ha sido rechazada y opta por simplificar los contratos como forma de frenar la contratación temporal, es decir, propone que esté más justificada la contratación eventual –endurecer la causalidad
Los trabajadores a través distintas plataformas y asociaciones reclaman al el Gobierno atienda la resolución del 31 de mayo de 2018 del Parlamento Europeo, por la cual debe adoptar políticas de lucha contra el fraude en la contratación como forma acabar con el abuso de la temporalidad en el sector público. Medidas, como la inspección y la sanción, y que ya fueron adoptadas en el sector privado.
Aunque la presión de Bruselas sirve para empujar al Ejecutivo a adoptar medidas que palien la situación del empleo temporal en España, hay sectores como la educación y la sanidad cuya problemática va más allá de la centralidad del Estado. Estas dinámicas de contratación se producen porque son las administraciones de las comunidades autónomas quien gestionan ambos servicios, lo que afecta a cada ayuntamiento trasciende y se contagia a todo el país.
El Ejecutivo español para acceder a los fondos europeos de recuperación, para contrarrestar la crisis económica derivada de la covid, 'Next Generation' , tiene que comprometerse a reducir los altos índices de temporalidad y todas las administraciones han de asumir que se enfrentan a una modernización del sistema público en pos de los ciudadanos y de la mejora de las condiciones laborales de sus propios trabajadores.