
La emergencia sanitaria desencadenó una crisis global que afectó a todos los sectores, especialmente al educativo, que sufrió una fuerte brecha digital con la llegada del confinamiento domiciliario y las clases telemáticas. Un año después, la Comunidad de Madrid, centro de muchas críticas por la gestión de la pandemia llevada a cabo durante estos últimos meses, se prepara para unas elecciones anómalas que se celebrarán el próximo 4 de mayo y que marcarán el rumbo de la capital española. A pesar de que todas las encuestas dan una clara victoria a la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso, no será hasta la noche del próximo martes cuando se confirme quién dirigirá la presidencia de la comunidad.
Son seis los partidos políticos que se disputarán la victoria en las elecciones: PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, Más Madrid y Vox. Son dos las opciones que tienen los madrileños: votar a favor de la continuidad de Isabel Díaz Ayuso al frente de la región o en contra.
En menos de dos años, Ayuso ha pasado de ser una desconocida a reagrupar gran parte del voto de centro derecha. Si gana por mayoría absoluta se convertirá en el referente indiscutible del PP, mientras que si gana sin mayoría absoluta y es capaz de gobernar con Vox se reforzará igualmente su liderazgo y el de Casado, pero con un toque de ultraderecha en su mandato. Por su parte, Ángel Gabilondo repite como candidato del PSOE con más de 350 medidas para transformar Madrid en los próximos dos años.
Mónica García, la candidata de Más Madrid es la líder regional del partido y portavoz adjunta en la Asamblea de Madrid. Esta fuerza política rechazó la propuesta de Pablo Iglesias de presentar una candidatura conjunta cuando se convocaron las elecciones, lo que dejó a la izquierda un tanto dividida. Fue el propio Pablo Iglesias el que decidió abandonar el Gobierno, en el que ocupaba la Vicepresidencia Segunda, para ser candidato de Unidas Podemos en estos comicios. Iglesias quiere recuperar la fuerza que su grupo tenía en esta región.
Los objetivos de Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso y principal activo político de Inés Arrimadas, es conseguir tan solo un 5%, el porcentaje de votos necesarios para alcanzar la representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid. Finalmente, Vox repite con Rocío Monasterio, que se ha convertido en el principal rostro femenino de la formación ultraderechista y luchará por implantar el 'pin parental'.
Ayuso ha reagrupado en dos años gran parte del voto de centro derecha
Frente a todos los problemas que han ido surgiendo en estos meses que, precisamente no han sido pocos, los tres partidos del bloque de la derecha están en guerra con el Gobierno central por la 'Ley Celaá'. Tanto Ayuso como los portavoces de Ciudadanos y Vox se centran en la libertad de elección de las familias sobre la educación de los menores, un punto muy criticado de la LOMLOE. De hecho, estos grupos políticos coincidieron en varias movilizaciones en contra de la nueva norma junto a plataformas de colegios privados, concertados y católicos.
En el lado contrario de la balanza están PSOE, Podemos y Más Madrid que, además de rechazar rotundamente el veto parental que apoya la ultraderechista Rocío Monasterio, apoyan firmemente la 'Ley Celaá'. Sus propuestas van más encaminadas a luchar contra la segregación y mejorar la calidad educativa, reduciendo las ratios de las clases y con la contratación de más profesorado. De hecho, fue la candidata de Más Madrid, Mónica García, la que envió una carta a sus homólogos Isabel Díaz Ayuso, Ángel Gabilondo, Edmundo Bal y Pablo Iglesias para blindar la Comunidad frente al pin parental que propone Rocío Monasterio "pase lo que pase el 4 de mayo".
Esta medida, junto con la libertad educativa, está siendo una de las más populares. El llamado "pin parental" es una propuesta de Vox que pretende obligar a la dirección de los centros educativos a tener que informar sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI a los progenitores para obtener su consentimiento expreso. Esta medida, que supone un veto a algunos contenidos educativos, afectaría a actividades organizadas en horario lectivo y obligatorias para todos los alumnos.
PP: A favor de la libre elección
Es la medida estrella, la que más polémica ha generado y la que se enfrenta directamente a la ley actual de educación desde su aprobación: la LOMLOE. Ayuso quiere garantizar el derecho de los padres a elegir si el colegio de sus hijos es público, privado o concertado. Además, desde esta fuerza política prometen extender el Cheque de Educación Infantil (de 0 a 3 años) a todas las familias y el bilingüismo en la segunda etapa de Infantil de 3-6 años. El objetivo, para este partido es "reforzar esta iniciativa pionera en España que ha ofrecido excelentes resultados académicos desde su implantación en el año 2004-2005". Con el objetivo de que los maestros especialistas en Infantil puedan impartir enseñanzas bilingües, desde la Conserjería de Educación detallaron que se ofrecerá un plan específico de formación y habilitación lingüística dirigido a ese profesorado.
Desde el partido de Ayuso también apuestan por los colegios de Educación Especial, una modalidad de escolarización inclusiva que ofrece recursos adaptados a alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad y que también fue cuestionada por la Ley Celaá. Finalmente, se comprometen a ampliar la red de centros con un Plan de nuevas construcciones educativas que contempla la edificación de hasta 30 centros educativos públicos y 120 ampliaciones en la región.
PSOE: Busca un incremento de la inversión educativa
Gabilondo centra el objetivo principal en aumentar la inversión educativa por alumno en la Comunidad de Madrid e incrementar nuevas plazas públicas en el sistema educativo madrileño. La crisis causada por la Covid-19 ha señalado las necesidades de la educación madrileña y el candidato del PSOE pretende poner en marcha un plan de choque de centros educativos dotado con más de 250 millones de euros para la construcción, ampliación y mejora de los mismos, así como para asegurar su accesibilidad, sostenibilidad y conexión a Internet de alta velocidad.
Gabilondo insistió que su partido no quiere eliminar la educación concertada, sino defender la educación pública, porque considera que es el momento de reforzar la sanidad y la educación en los presupuestos regionales.
Otra de las medidas estrellas de este grupo político en materia educativa es el impulso de la bajada de los precios públicos universitarios hasta los niveles del curso 2011. Con esta puesta en marcha intentarán lograr progresivamente la gratuidad de la primera matrícula, la equiparación de los precios públicos de máster a los de grado y la exención del pago de la enseñanza superior a víctimas de violencia de género y a sus hijos. Este partido también defiende la Formación Profesional y su diálogo tan necesario en las universidades.
Ciudadanos: Rechazo absoluto a la Ley Celaá
El partido político de Ciudadanos no pasa por su mejor momento precisamente. Edmundo Bal afronta las elecciones madrileñas con incertidumbre y en una situación muy delicada para sus intereses electorales ante los últimos acontecimientos políticos y los malos resultados que les auguran las encuestas. Su medida principal en materia educativa garantiza el rechazo total a la conocida como 'Ley Celaá', manteniendo la apuesta por la libertad educativa que debe ser garantizada en el proceso de selección de centro educativo por parte de las familias madrileñas. Mantienen también su promesa, que se aprobó mientras gobernaban con el PP, de una tercera hora de Educación Física en colegios y centros escolares. También pretenden aportar recursos adicionales a los centros privados o concertados que escolaricen a alumnos con necesidades especiales y a aquellos colegios o institutos con una tasa de fracaso escolar superior al 15%.
Además, este candidato ha propuesto la creación del carné Campus región de Madrid, por el que los estudiantes de todas las universidades públicas madrileñas podrán utilizar las instalaciones deportivas de todas ellas independientemente de en cuál estén matriculados. Finalmente, quieren devolver a los estudiantes de educación superior el importe de la primera matrícula del curso 2020-2021.
Unidas Podemos: Aprobar una Ley de Calidad del Sistema Educativo
Se trata de una nueva norma que establezca ratios alumnos/profesores máximos, condiciones laborales mínimas y otros parámetros de calidad que serán de aplicación a la totalidad de los centros educativos, como poner fin a los conciertos educativos con centros que segregan por sexo, sea cual sea su titularidad y su modelo de gestión.
Este grupo político tiene claras sus prioridades en esta área y es que pretenden paralizar el cierre de unidades y centros públicos anunciado por el actual gobierno madrileño, además de abrir más aulas con refuerzos Covid y reajustar el proceso de escolarización.
Otro de los compromisos con los que se han dirigido a la sociedad madrileña es el de aumentar el personal de la educación pública en 10.000 efectivos, así como mejorar las condiciones salariales y laborales de los profesionales educativos. En particular, llevar a cabo un procedimiento para, en un plazo máximo de un año, poder hacer fijos a todos los profesionales que llevan años en la interinidad encadenando contratos temporales. Esta medida tendría un coste de 400 millones de euros anuales.
Finalmente, este grupo pretende introducir tanto en la educación pública como en la privada concertada, la educación afectivo-sexual, contra las violencias machistas, a través de programas de formación para el profesorado.
Más Madrid: Blindar la Comunidad del veto en las clases
"Gane quien gane y gobierne quien gobierne". La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas, Mónica García, pretende blindar cueste lo que cueste la Comunidad de Madrid frente al 'pin parental' propuesto por Vox. Es, sin duda, la medida estrella en materia educativa de este grupo. García envió una carta al resto de candidatos para conseguir un acuerdo entre partidos que asegurara que pase lo que pase el próximo 4 de mayo, no se pondrá en marcha este procedimiento.
La candidata considera que solo su puesta en marcha puede dejar fuera ciertos contenidos educativos y afectar directamente a las actividades organizadas en horario lectivo y, por tanto, a diferencia de las extraescolares, obligatorias para todos los alumnos. Con esta medida Más Madrid teme que se pueda poner en peligro la salud de los estudiantes, al abrir la veda a que dejen de recibir formación básica sobre enfermedades de transmisión sexual, prevención de consumo de estupefacientes o hábitos alimenticios saludables.
Además de esta iniciativa que no se ha tomado bien el partido de la ultraderecha, este grupo, al igual que Podemos y PSOE buscará un incremento de los presupuestos para la escuela pública y una mejora de las ratios de profesores y alumnos que tantas críticas ha desencadenado en la comunidad educativa.
Vox: "Pin parental" y máximo control en las aulas
Contra todo. Así se presenta Vox a estas elecciones. Desde su aparición en el espectro político, las intervenciones de cada miembro no han dejado indiferente a nadie. Las prioridades de la candidatura de Rocío Monasterio se distinguen a la perfección en el programa electoral de diez medidas urgentes bajo el lema "Protege Madrid", entre las que destaca el tan conocido como "pin parental" que descartan completamente el resto de grupos políticos.
Se podría preveer que Vox iría en contra de la nueva ley de educación, la LOMLOE, cuando el pasado mes de marzo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma porque, según este partido, iba en contra de la enseñanza concertada, la educación religiosa y los centros de educación especial, así como contra el carácter excluyente del castellano como lengua vehicular.
Para el próximo 4 de mayo, Rocío Monasterio lo tiene claro: quiere derogar todas las leyes ideológicas del Partido Popular que, según este escueto programa, permiten adoctrinar a los menores en las aulas. Así, pretenden proteger el derecho fundamental de las familias a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, supervisar los contenidos de las asignaturas complementarias y extraescolares, establecer el cheque escolar y asegurarse de que la educación es un mecanismo adecuado.