Madrid
La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) Región de Murcia ha denunciado públicamente que, tras la decisión de la Consejería de Educación de retomar la presencialidad en los próximos días para Infantil y Primaria, "aún hay sin vacunar personal docente mayor de 60 años en la Región".
FeSP-UGT ha conocido que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha comunicado este jueves a los centros educativos que la semana próxima vacunarán a los nacidos entre 1952 y 1961 (ambos incluidos), según informaron fuentes del sindicato en un comunicado.
No obstante, recuerda que el Sistema Nacional de Salud indica que la protección contra la COVID "comienza aproximadamente a las tres semanas tras recibir la primera dosis de la vacuna". Para FeSP-UGT este hecho es "inaceptable", ya que "en la Región hay docentes que van a retomar la presencialidad sin ese período de seguridad de tres semanas que indica el Ministerio".
Así, ha recordado que hace unos días este sindicato apostó por el sí a la vuelta a las clases presenciales, "pero con la garantía de seguridad para todos y todas".
FeSP-UGT considera que, de la misma forma, los escolares y sus familias "también merecen protección, más medios y recursos humanos en escuelas e institutos: la seguridad debe garantizarse para toda la comunidad educativa".
Por otra parte, FeSP-UGT ha sido informada de que se plantea retomar la presencialidad en las universidades el próximo otoño. Por ello, FeSP-UGT recuerda a la Comunidad Autónoma, y a los rectorados, que el personal docente universitario "está sin vacunar e imparte docencia a personas de entre 17 y 30 años, en aulas con hasta 5 veces más estudiantes por profesor que las de Infantil, Primaria y Secundaria".
Si las circunstancias en las que se desarrolla la enseñanza originan "alguna desgracia" a las personas que representamos, UGT advierte que iniciará acciones legales para exigir responsabilidad penal a los responsables de las condiciones de trabajo del personal docente.
FeSP-UGT insiste y exige "presencialidad en condiciones seguras para toda la comunidad educativa: docentes, alumnado y familias".