Madrid
La Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI), que agrupa a unas 500 empresas, ha realizado una estimación del impacto de la llamada "economía sumergida" en el sector, llegando a la conclusión de que afecta a casi un 20 por ciento del volumen generado por mismo, en la mayoría de los casos profesores particulares que cobran en efectivo y sin factura, aunque estas prácticas también se dan en un número muy minoritario de centros privados.
La estimación realizada por FECEI está en línea con los cálculos de la Agencia Tributaria y de organizaciones especializadas, como FUNCAS (Cajas de Ahorro) y GESTHA (inspectores de Hacienda), que estiman la economía sumergida en España en una horquilla que va del 17,2 al 24,52 por ciento. El sector privado de Enseñanza de Idiomas se situaría, pues, en el punto medio de la banda.
Según Scott Markham, Presidente de FECEI, "si tomamos como referencia los salarios medios del sector y sus cotizaciones sociales, concluimos que el Estado deja de recaudar unos 70 millones en concepto de IRPF y otros 130 millones en contribuciones a la Seguridad Social y al Seguro de desempleo. En total, casi 200 millones de euros".
Según los datos de FECEI, el impacto negativo de la "economía negra" en el sector privado de enseñanza de idiomas no es solamente para las cuentas del Estado. "También produce una insoportable competencia desleal para nuestras empresas, las que cumplen todas sus obligaciones laborales y fiscales –añade Scott Markham – que sufren una injusta presión sobre sus tarifas y distorsiona los precios que debería fijar el libre juego del mercado".
La competencia de personas poco cualificadas que dan clases cobrando en dinero B está siendo especialmente grave en esta época de pandemia: "A nuestras obligaciones habituales se han añadido otras en materia sanitaria, restricción de aforos, cierres temporales y demás medidas contra el Covid, que evidentemente no alcanzan a los que se mueven en la economía sumergida" – señala el Presidente de FECEI.
Scott Markham reconoce la dificultad del Estado para erradicar estas prácticas desde la acción inspectora de los Ministerios de Hacienda o Trabajo, pero aporta posibles soluciones:
"Una vía para reducir la economía sumergida sería hacer fiscalmente deducible una parte de los gastos de los particulares en aprender idiomas. Ello estimularía a los usuarios a exigir la correspondiente factura y obligaría a quienes imparten estas clases a aflorar estos ingresos y a pagar impuestos y cotizaciones".
Según las estimaciones de FECEI, el gasto fiscal que tendría Hacienda por esta deducción sería siempre muy inferior al incremento de la recaudación por IRPF y cuotas sociales de las nuevas rentas afloradas.