Madrid
La tercera ola parece imparable. Mientras las medidas cada vez son más exigentes, el número de casos positivos por coronavirus aumenta a un ritmo vertiginoso. Con la incidencia más alta de España y con cifras de fallecidos que rozan el centenar muchos días, la transmisión comunitaria está ya en la Comunidad Valenciana fuera de control. La situación está cerca de ser insostenible y ya han tomado cartas en el asunto los sindicatos docentes y partidos de la oposición para cambiar el protocolo anti-Covid: quieren cerrar los colegios.
Esta es la propuesta que han realizado tanto el sindicato mayoritario de la enseñanza pública, el STEPV, como el CSIF. Por su parte, CCOO opta por reducir al máximo las clases presenciales y valorar al menos la adopción del modelo de enseñanza telemática. Los datos de la Conselleria de Educación están ahí y con el paso de los días empeoran: el número de positivos ha subido en el ámbito escolar. Concretamente, de los 818.644 alumnos, hay 5.777 contagios, es decir, un 0,7% del total. En el caso de los docentes el número de positivos es de 1.206 de un total de 78.434. Ha sido esta cifra la que ha puesto en alerta a los sindicatos y partidos políticos.
Desde STEPV han exigido el cierre de aulas o centros en el caso de que no se puedan cumplir las medidas de seguridad. Para ello argumentan que en algunos centros hay "un 40% o más de plantilla de baja, lo que complica la atención del alumnado". Además, la gota que colmaría el vaso es que hay plazas de personal no docente que no se están cubriendo. En la misma línea, CSIF pide el cierre de los colegios de forma inmediata para evitar que sigan aumentando los contagios y porque, básicamente, no se está garantizando la seguridad por la "falta de aplicación de medidas de prevención por parte de la Conselleria". Por su parte, CCOO reclama una revisión del protocolo anti-Covid.
FSIE, sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, reclamó hoy un cierre de 10 días en los centros con más incidencias y que hagan un cribado a los profesionales educativos para conocer la situación real. Este organismo recordaba que en una encuesta realizada recientemente entre 155 centros concertados de la Comunitat se reflejaba que el 95,5% de los trabajadores de centros concertados se sienten más inseguros en estas últimas semanas.
Desde el Grupo Popular, Beatriz Gascó, denunciaba esta semana la inactividad de la Conselleria ante el grave aumento de casos positivos del personal docente, por lo que reclamaba que "los test PCR en los centros educativos se hagan en menos de 24 horas" para evitar situaciones de riesgo. También han reclamado que los docentes deben ser incluidos como "grupo prioritario" para el proceso de vacunación, iniciativa que también reclamaron desde Ciudadanos.
No es un caso aislado
El límite se está rozando en muchas otras comunidades de España. La tercera ola está azotando sin piedad, superando cifras que no se alcanzaron ni siquiera en el mes de marzo cuando empezó todo. En Andalucía y, concretamente en Almería, asociaciones de padres y madres, de directores de centros y los sindicatos no entienden por qué no están cerrados los colegios ya cuando son las propias administraciones las que recomiendan "no salir de casa".
Así lo ha solicitado la Federación de Asociaciones de Familias del Alumnado de Centros de Educación Pública de Almería, FAPACE, en donde reclaman que no se están cumpliendo las condiciones mínimas necesarias para la docencia y el aprendizaje y que existe riesgo de contagio. Desde esta asociación reclaman la presencialidad voluntaria, coordinada con los centros educativos.
Por su parte, la Junta de Personal Docente no universitario ha demandado más medidas de protección y ha denunciado las condiciones laborales de los docentes, pidiendo el cierre de los centros educativos en las localidades con mayor índice de contagios. Este colectivo sigue reclamando mascarillas FFP2 para todos los docentes, así como medidores de CO2 que ayuden a la ventilación.
Castilla y León es una de las regiones cuyas medidas son más restrictivas. Sin embargo, las principales federaciones de padres de Salamanca (Fedampa y Fecampa) se muestran partidarias de mantener la presencialidad, pero exigen una evaluación constante de las medidas de seguridad. Las opiniones en esta ciudad también están divididas y es que el colectivo Derpa (Derecho a Enseñanza Sin Riesgo en Pandemia) ha mostrado su oposición y piden al Gobierno regional que permita el derecho a elegir a los padres si quieren o no llevar a sus hijos al colegio, en función de los criterios de la incidencia acumulada actual.