Bilbao
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictado la sentencia, a favor del sindicato ELA, en la que declara que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco "ha vulnerado el derecho a la salud, a la vida y a la integridad" de las especialistas de Apoyo Educativo -trabajadoras de Educación Especial- por "incumplir sus obligaciones de prevención de riesgos laborales". Además, le exige que ponga a disposición de las trabajadoras unos EPI "suficientes y específicos".
ELA, en un comunicado, ha recordado que en los primeros días de comienzo de curso, el 8 de septiembre, denunció ante el Servicio de Prevención del Departamento de Educación que el personal de Educación Especial estaba trabajando sin EPIs. A nivel de Euskadi, 1.050 personas trabajan en este sector y necesitan EPIs especiales para proteger su salud por las funciones que desempeñan.
A finales de septiembre, visto que el sindicato no había recibido respuesta y ante la "dejadez" del Departamento de Educación y la "gravedad" de la situación en los centros, el sindicato presentó una demanda ante el TSJPV presentando una medida cautelar para proteger el derecho a la salud, a la vida y a la integridad de la plantilla. Con motivo de estas medidas cautelares, el juzgado ordenó la inmediata puesta a disposición de EPIs a la plantilla del sector.
La sentencia del TSJPV reconoce el "estrecho contacto" de este colectivo con el alumnado y la "falta de aprovisionamiento" por parte del Departamento de Educación a principios de curso, "asumiendo cada trabajadora/centro la compra de estas protecciones".
Además, el tribunal considera que, pese a que el Departamento de Educación ha distribuido algunos EPIs las próximas semanas, "no han sido suficientes". El TSJPV afirma que el Gobierno Vasco tenía una "planificación preventiva", pero que, según señala ELA, "no es suficiente con tener una planificación, sino que hay que llevarla a la práctica y, como dice la sentencia, el Departamento de Educación no ha llevado a cabo ni cumplido su planificación preventiva".
Finalmente, el TSJPV concluye en su sentencia que la "inactividad" del Departamento de Educación ante la "virulencia" del covid-19 ha "puesto en peligro la integridad física" de estas trabajadoras, vulnerando el derecho fundamental a la vida de las mismas.