Madrid
Parece que este es el año de las universidades privadas. Mientras que el pasado mes de marzo la Asamblea de Madrid aprobaba el reconocimiento de los centros CUNEF, ESIC y Universidad Internacional de Villanueva como instituciones de educación superior privadas, algunas comunidades autónomas se han propuesto seguir aumentado los centros privados. La última en hacerlo ha sido Galicia.
El proyecto está auspiciado por Abanca y avalado por el Gobierno de Feijóo y ya ha pasado el filtro del Ministerio de Educación, a pesar de que la modificación del Real Decreto de creación de universidades puede ser una piedra en el camino para consolidarse en 2021. No obstante, desde el primer momento en el que el presidente de la Xunta de Galicia hizo público el anteproyecto de ley de la que se llamará Universidad Intercontiental de la Empresa, las plataformas en defensa de la enseñanza pública y el rectorado de las tres universidades públicas mostraron su disconformidad.
Este nuevo centro tendrá la sede administrativa en la capital gallega y dos campus repartidos entre A Coruña y Vigo. Además, las clases se impartirán en el actual Instituto de Educación Superior Internacional de Empresa (Ieside), que pertenece a Afundación.
Todo iba sobre ruedas hasta que el ministro de Universidades, Manuel Castells manifestó que a partir de ahora se exigirá un mínimo de diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres programas de doctorado, que tendrán que representar tres de la cinco grandes ramas del conocimiento. Además, los centros tendrán que dedicar como mínimo un 5% de su presupuesto a la investigación y deberán garantizar que el 60% de su personal docente e investigador ejerza sus funciones a tiempo completo.
Sin embargo, estos planes no sentaron demasiado bien al ejecutivo de la comunidad gallega, que en un principio iba a poner en marcha la Universidad Intercontinental de la Empresa con cuatro grados, cuatro másteres y dos programas de doctorado.
La Plataforma Galega en Defensa da Universidade Pública, que agrupa a representantes de toda la comunidad educativa, mostró su desacuerdo y considera que "entra a romper el sistema universitario gallego". La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseguró en su momento que Galicia "no necesita" una universidad privada "al servicio de Abanca", sino "mejorar el posicionamiento" de las universidades públicas.