Madrid
Si el Gobierno pensaba que, con la aprobación de la nueva ley de educación, la conocida ya como "Ley Celaá", los ánimos se iban a amainar en el sector educativo o político estaba muy equivocado. El paso hacia adelante lo dio la Comunidad de Madrid y poco a poco se han ido sumando todas las regiones españolas dirigidas por el Partido Popular. La maniobra del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha concentrado en adelantar el proceso de admisión del curso escolar 2021-2022 para poder garantizar la libertad de elección de las familias y así esquivar la LOMLOE. Las instrucciones aprobadas el pasado 4 de diciembre se centran en escolares de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Especial.
El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha defendido que esta iniciativa trata de "cumplir con la palabra dada" por el Gobierno regional y que en tiempos de pandemia hay que seguir "luchando contra ella" pero el Ejecutivo debe "seguir actuando".
El plazo para la presentación de solicitudes en el proceso ordinario de admisión de alumnos para el nuevo curso en la capital será entre el 8 y el 23 de abril de 2021, ambos inclusive. El 18 de mayo se hará pública la puntuación obtenida por los solicitantes en cuanto al centro solicitado en todas las opciones. Una vez pasado el plazo de reclamación, el 4 de junio se publicará la lista con los alumnos admitidos en cada centro. Finalmente, el periodo para la formalización de la matrícula será del 10 al 25 de junio.
A pesar de que las críticas del Gobierno central y los partidos afines a este no tardaron en criticar esta medida, algunas comunidades consideran que la propia ley sí que ofrece el amparo legal para llevar a cabo este tipo de iniciativas. Así se mostró desde Galicia el conselleiro de Cultura, Educación e Universidades, Román Rodríguez que aseguraba que la norma posibilita en una disposición transitoria "que se pueda fijar" esta cuestión mediante el adelanto de la publicación del decreto de admisión de alumnado. Esto permitiría, según añadía, "regular todo lo que tiene que ver" con esta materia.
No opina lo mismo el partido naranja que, contra todo pronóstico, Ciudadanos manifestaba el pasado martes que no apoyará este adelanto en la Región de Murcia ya que considera que "los cambios en educación deben realizarse para mejorar aquellas cosas que no funcionan, como el elevado fracaso escolar, o las bajas calificaciones, pero nunca para imponer ideologías o azuzar un enfrentamiento político y social". También aseguró que la obligación de los partidos es ponerse de acuerdo para evitar hacer política partidista con la educación.
Celaá, en contra
La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, se ha referido al adelanto del proceso de matriculaciones como una "estrategia política" cuyo único objetivo es la confusión de la ciudadanía porque "no hay un adelanto del proceso de admisión como tal". Además, ha apuntado que "No es cierto que se adelante el proceso en diciembre para sortear la aplicación de la LOMLOE, es radicalmente falso". No obstante, tanto la ministra como el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, han confirmado que dependiendo de cuándo den inicio los procesos de matriculación en las comunidades autónomas, estos se regirán por una norma u otra. De esta forma, aquellas regiones que aprueben antes de la aprobación de la LOMLOE, la resolución sobre este tema, se regirán por la LOMCE.
"Plena confianza" tiene la ministra de Educación en que la ley se cumpla, al haber sido respaldada por mayoría absoluta y por 7 fuerzas políticas diferentes. Refiriéndose a la desaparición de la libertad que defiende la oposición, Celaá ha insistido en que está perfectamente garantizada en la LOMLOE, así como que "el castellano está garantizado en todas las escuelas del país".
La formación política de Podemos fue un paso más allá y tildó de "intento ridículo e impotente" el intentar sortear la Ley de Educación. La coportavoz de la Ejecutiva de Podemos, Isa Serra, reivindicó la necesidad de "avanzar hacia una educación pública de calidad" para que no sea un lugar para generar desigualdad ni para adoctrinar. De hecho, defendió que la LOMLOE permitirá avanzar en una "educación inclusiva", de calidad y gratuita. Finalmente, Unidas Podemos quiso interesarse por el plan que maneja Educación para evitar esta "desobediencia irresponsable" en la aplicación de la "Ley Celaá".