Madrid
En las últimas legislaturas y en los programas electorales de los principales partidos, si había un tema común era la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación; una ley de consenso que dotara de cierta estabilidad a un sistema educativo castigado por tantas reformas sucesivas y que promoviera algo de ilusión en unos docentes hastiados de tantos cambios provisionales y leyes partidistas.
El momento histórico era importante, sin precedente, porque todo el arco parlamentario reconocía esta necesidad y esta exigencia social. Hasta tal punto era así que el propio PP en su última legislatura había suspendido la aplicación de parte de su LOMCE e iniciado una subcomisión en el Congreso, para proceder a una modificación consensuada de la misma, y que llegó a contar con la intervención de más de ochenta participantes, entre entidades e instituciones educativas y personas de reconocido prestigio.
Es verdad que dicho acuerdo no llegó a alcanzarse, cuando el PSOE se levantó de la mesa alegando la necesidad de un coste educativo del 5% PIB como condición para seguir en la misma. También es probable que en dicha decisión pesara que el PP tampoco consintió llegar a un acuerdo en el anterior intento del ministro socialista Gabilondo. Pero de esta subcomisión se obtenía una enseñanza útil y vital, y era que existía acuerdo en el diagnóstico de la crisis educativa, ya estructural, española. El fracaso escolar, el abandono temprano, la baja puntuación en conocimientos y competencias en los indicadores internacionales, cierta tendencia segregadora, … eran los puntos de mejora.
Tras este empate de intentos fallidos, y con el convencimiento social de lo imprescindible de sacar el tema educativo de los conflictos ideológicos y del electoralismo miope, parecía que la situación era más prometedora que nunca.
Pero contra todo pronóstico, este Gobierno de coalición vuelve a las andadas, a una ley partidista que centra sus actuaciones en cuestiones ideológicas e impide una vez más la pretensión de ningún acuerdo. Y en este caso lo hace aún con mayor gravedad, en medio de una pandemia, impidiendo un debate parlamentario y hurtando el debate social, sin participación de la comunidad educativa en la tramitación parlamentaria por primera vez en una ley educativa, de prisa y corriendo, revisando enmiendas sin apenas permitir saber qué se estaba votando… La consecuencia es una LOMLOE que es solo una nueva ley partidista, una mera revancha miserable de la LOMCE, cuyo dictamen en el Congreso de los Diputados ha obtenido el récord de menor número de votos y cuya imagen, cuya foto, para la historia, será la de un hemiciclo dividido entre quienes se aplauden a sí mismos y quienes golpeaban los escaños al grito de libertad.
El Gobierno ha hecho pivotar su reforma en sus criterios ideológicos de la izquierda de siempre: ataque a la concertada, asignatura de religión, diferenciada, … a la que han sumado la no garantía de la pervivencia de la educación especial específica y el restar protección al derecho a recibir educación en español. La LOMLOE con su rechazo a la demanda social y su planificación unilateral y dirigista nos emboca hacia una escuela pública única, hacia un monopolio educativo de la Administración.
La posibilidad de un Pacto educativo está hoy mucho más lejos, ya no solo porque ésta no es evidentemente la ley necesaria, perdiendo una nueva oportunidad, sino porque imposibilita un pacto próximo. ¿Qué Gobierno pretenderá un consenso tras esta actuación? ¿Cómo va a estar este PSOE legitimado para pedir un consenso en nada?
Jesús Muñoz de Priego Alvear, Abogado especialista en Derecho Educativo, @JMunozdePriego, Portavoz "Más Plurales"