Madrid
Las mejores universidades del mundo son privadas. En los rankings más prestigiosos, como el Times Higher Education o el QS, de las veinte primeras, todas son privadas menos dos (Berkeley y el Instituto Politécnico de Zurich). Para corroborarlo, una abrumadora mayoría de Premios Nobel y ganadores de la Medalla Fields (Matemáticas) proceden de universidades privadas.
¿Y en España? En contra de lo que pueda pensarse, la historia de las universidades privadas en nuestro país es muy reciente, ya que la ley que las autorizó data de 1993 (impulsada, por cierto, por Alfredo Pérez Rubalcaba). Antes de esa fecha solamente existían universidades públicas y cuatro universidades "concordatarias", de naturaleza confesional y como resultado de los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1953.
Ya pueden imaginarse que si la Ley que las autoriza apenas tiene un cuarto de siglo, la inmensa mayoría de las 36 universidades privadas que hoy día están operando son mucho más recientes. Casi todas están todavía desarrollándose y abriendo nuevos centros, clínicas y laboratorios.
La juventud de las privadas en España no ha sido óbice para que hayan obtenido grandes logros: a pesar de la diferencia abismal de precios, y de que las 50 universidades públicas no encuentran alumnos cada año para 25.000 de sus nuevas plazas de grado ofertadas, los centros privados han conseguido captar 283.000 alumnos (cifras del curso 2018-2019, últimas disponibles).
En el U-Ranking de Docencia, seis de los diez primeros puestos están ocupados por universidades privadas, y en todas las tasas que miden la excelencia universitaria las privadas están muy por encima de las públicas. Así sucede especialmente con la Tasa de Empleabilidad (14 puntos superior), pero también con las de Rendimiento, Éxito, Evaluación, etcétera.
De la misma manera, la Tasa de abandono de los estudios es muy inferior en las privadas, y el tiempo invertido en terminar los estudios es asimismo más corto.
Con estas cifras, cabría suponer que el Ministerio de Universidades está muy preocupado por el desempeño de las públicas, que a pesar de llevar ¡cientos! de años funcionando, son batidas en todos sus parámetros por advenedizas recién instaladas.
Pues no: se ha anunciado recientemente que el Ministerio de Universidades está trabajando en un proyecto de Real Decreto que establecería limitaciones a la creación de nuevas universidades, se entiende que privadas.
Dichas limitaciones se referirían a elevar el actual mínimo de titulaciones ofertadas y a ofertar estudios en al menos tres de las grandes áreas del conocimiento. Esta exigencia obligaría a seguir el modelo generalista e impediría a los promotores especializarse en cierto tipo de estudios (Economía y Empresa, Ciencias de la Salud, Ingenierías).
Otro requisito sería invertir un porcentaje de los ingresos en Investigación. Esto las públicas no tienen problema en cumplirlo puesto que disparan con "pólvora del Rey", o sea, con dinero público. Pero las privadas deben investigar esencialmente con sus propios recursos, en un tipo de organización donde los márgenes son muy estrechos, debido precisamente a la competencia privilegiada de la pública y a que no gozan sus usuarios de deducción fiscal alguna.
Esto no significa que en un futuro las privadas no puedan liderar también la investigación universitaria, como sucede en otros países donde llevan siglos funcionando. Pero es una cuestión de tiempo, el necesario para acabar de consolidarse.
Poner trabas y limitaciones a ese desarrollo es una mala iniciativa, si consideramos además que la mera presencia de las universidades privadas ahorra al Estado cada año más de 2.800 millones de euros en gasto público educativo.
Elaborado por Juan Santiago, Presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE)
