Madrid
Más cambios y más precarización. Parece que cada movimiento que sale de la Moncloa lleva inevitablemente a la desesperación de la comunidad educativa. La última novedad ha sido una enmienda transaccional aprobada en el Congreso de los Diputados por 194 votos a favor, 1 en contra y 154 abstenciones que modifica la Ley Orgánica de Universidades (LOU) en tres aspectos que ahondan en la precarización del profesorado de las universidades no presenciales.
En primer lugar, estas instituciones podrán disponer de "profesorado colaborador que desarrolla funciones de apoyo docente, y efectúa actividades de orientación y acompañamiento en el aprendizaje de los y las estudiantes, a tiempo parcial, con externalidad, plena independencia y autonomía organizativa, y con aportación de los medios necesarios y de su experiencia técnica y profesional", lo que ya se ha denominado como "profesorado externo".
Hasta el día de su publicación, solo estaba previsto que los docentes pudieran realizar funciones de tutoría en una forma que todavía no se había determinado reglamentariamente. A partir de ahora, sí que se ha esclarecido lo necesario respecto a la relajación de las normas de incompatibilidad: "los profesores de las universidades públicas podrán realizar funciones de acompañamiento docente en dichas universidades no presenciales".
Lo que sí es destacable es que en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Universidades se establece que "El profesorado de las universidades privadas y de los centros privados, no podrá ser funcionario de un cuerpo docente universitario en situación de activo y destino en una universidad pública". Esta modificación se presentó como una forma para "salvar la viabilidad de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) con un acuerdo que adecua la fórmula jurídica de contratación de sus más de 5.000 profesores a los de la pública", según declaraba el PDECat en rueda de prensa. Momento en el que saltaron las alarmas de las instituciones de educación superior.
Profesores asociados
Lo que ya estaba mal antes de la pandemia, ha empeorado con el paso de los meses y es justo lo que les ha pasado a los profesores asociados de las universidades. Se trata de profesionales con contratos temporales y a tiempo parcial que ya suponen casi la cuarta parte de todos los docentes de las universidades públicas. En un principio, la función de estas plazas era contar con docentes de distintos campos, pero han terminado siendo soluciones de bajo coste para cubrir necesidades educativas.
Este es otro de los aspectos que se ha tocado en la modificación. Concretamente, se manifestó que las universidades no presenciales "promovidas o participadas por el sector público y que operan con precios públicos podrán acogerse a la modalidad de contratación laboral propia de profesorado asociado prevista en esta ley". No obstante, hasta este momento, este tipo específico de contratación laboral solo era posible en las universidades públicas, las universidades privadas debían atenerse a las modalidades de contratación laboral previstas en el Estatuto de los Trabajadores y el resto de legislación general.
Un profesor de este tipo imparte normalmente ocho horas de docencia a la semana y se suele concentrar en materias troncales de primer año, donde, normalmente, se concentra mayor número de alumnos. El resto de su jornada se divide entre preparación de clases, corrección de exámenes y trabajos, atención al alumnado, investigación, etc. Lo más llamativo es que los contratos suelen ser de entre tres y seis horas semanales de docencia, con salarios de entre 250 y 650 euros al mes. La situación es tan crítica que algunos profesores universitarios de este tipo estiman que la hora de trabajo les sale a cinco euros, lo que deja en muy mal lugar la realidad de la universidad española.
Los contratos suelen ser de entre tres y seis horas semanales de docencia, con salarios de entre 250 y 650 euros al mes
Lo único claro hasta el momento es que si este tipo de profesores van a realizar prácticamente las mismas funciones que el profesorado de plantilla, deberían ser retribuidos de manera acorde. Esta es una cuestión que ya tendría que estar resuelta a principios de este nuevo curso, pero no ha sido así.
A pesar de que el Ministerio de Universidades ha mantenido abierta la negociación durante varios meses con todos los sectores implicados para aprobar cuanto antes un nuevo proyecto de ley y un Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), los sindicatos y la asociación que representa a este profesorado han visto como la precariedad y el descuido por estas figuras no ha hecho más que aumentar.
Según el Observatorio del Sistema Universitario, en el curso 2018-2019 hubo un aumento del 25,6% de la figura del docente temporal, con respecto al curso 2013-2014. El informe de esta plataforma apunta que las universidades de 12 comunidades autónomas superan el tope del 40% fijado para el profesorado temporal según la LOU y siete de ellas rebasan el 50%, es decir, tienen más docentes contratados que funcionarios.
El ministro de Universidades, Manuel Castells, manifestó en su primera comparecencia en el Congreso que esta situación es un "escándalo" y se comprometió a acabar con su precariedad. A menos de un mes para que acabe este año, todavía no se ha visto ninguna mejora. De hecho, no ha hecho más que empeorar, ya que en el mes de septiembre, el Tribunal Supremo dio la razón a tres profesores ayudantes doctor de la Universidad de Málaga, que habían sido despedidos tras 30 años de contratos temporales, al concluir que la institución los utilizó en fraude de ley porque cubría necesidades permanentes y estructurales.
Sin acuerdo de sindicatos
A pesar de las reuniones mantenidas con el Secretario General de Universidades, los tres sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT y CSIF ya habían publicado en el mes de octubre un comunicado manifestando su desacuerdo con la reforma de la Ley Orgánica de Universidades porque afirmaban que "empeora el anterior y no resuelve los problemas de precariedad del PDI de las Universidades Públicas españolas, en especial de los Profesores Contratados Doctores, Ayudantes Doctores y Asociados". Tal y como estamos hoy en día.
Estas organizaciones consideraban por entonces que lo primordial de todo es la negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador, y que será entonces cuando se pueda plantear la modificación de la LOU en aquellos aspectos que sean necesarios. También estimaban imprescindible abordar una reforma profunda de las Agencias y los sistemas de evaluación y acreditación del profesorado, de modo que sean públicos, transparentes y objetivos.
Por su parte, analizándolo de forma más cercana, la Asociación Estatal de Profesorado Asociado anunció que promoverá una serie de movilizaciones en las universidades españolas, al sentirse engañados por la completa ausencia de soluciones por sus reivindicaciones, por las que llevan luchando muchos meses y no han tenido respuestas positivas.
Esta protesta presagiaba en el mes de octubre lo que ahora en pleno mes de diciembre suma más medidas en contra de los derechos de estos docentes que compiten en inferioridad de condiciones con el resto de las figuras contractuales de la universidad al no reconocerse su experiencia profesional.
Las organizaciones y personal asociado se sienten abandonados por las administraciones e instituciones, sin medidas que aseguren sus derechos, sin soluciones y de nuevo, viendo cómo todo su trabajo sobrepasa la línea de lo precario en comparación con otros profesionales del sector, cuya función sí está regulada.