Madrid
Desde el año 2013, el sistema educativo español se regula mediante la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), también conocida como ley Wert en honor al titular del Ministerio de Educación de aquel entonces y no exento de críticas, José Ignacio Wert. Siete años más tarde, con la cartera ministerial en manos de Isabel Celaá y su Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), (o ley Celáa), la polémica vuelve a la educación y al Congreso.
Entre las reformas de esta nueva ley se encuentra la supresión del castellano como lengua oficial de la educación en España. Es decir, deja de ser el idioma vehicular. ¿Y qué es "vehicular"? la lengua que se utiliza en la impartición de las clases. En la mayoria del territorio se utiliza el castellano pero la problemática viene en las zonas dónde convive con otras lenguas, las cooficiales, como son el catalán, euskera o el gallego.
La LOMCE de Wert estableció el castellano como "lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades". La LOMLOE de Celaá elimina el castellano como vehicular y como lengua oficial del Estado, dando así la potestad a los gobiernos autonómicos de escoger la que quieren como vehicular en las aulas de su comunidad. Es decir, todo queda en manos de las autonomías.
La LOMLOE salió adelante en el Pleno del Congreso con 177 'síes', es decir, con una mayoría que necesitaba alcanzar (176), frente a 148 'noes'. Los votos a favor fueron del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Compromís y Más País; en contra votaron PP, Cs, Vox, CC, CUP, PRC y UPN. Así, la iniciativa pasa al Senado que de dar el visto bueno próximamente, esta nueva LOMLOE y todas sus modificaciones, podría aplicarse para el próximo curso.
La sesión en el Congreso estuvo llena de críticas y acusaciones, como las de la oposición, que ven la medida como una "eliminación de derechos y una forma de dar alas al independentismo". Sandra Moneo, diputada del Partido Popular afirmó que la supresión del castellano es "una ruptura de nuestro modelo competencial, de nuestra Constitución", algo apoyado por el diputado de Vox, Joaquín Robles: "El objetivo de la norma es que las escuelas catalanas se conviertan en fábricas de independentistas". La diputada de ERC, Montse Bassa finalizó su discurso con orgullo, afirmando que el catalán es la lengua vehicular en la enseñanza. Por su parte, Pablo Casado, líder del Partido Popular comenzaba una campaña en toda España contra la LOMLOE.
"Idiotez sin límites"
Pero las reacciones no solo se dan en el ámbito político. El escritor peruano y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa calificó la supresión del castellano como una idiotez sin límites durante una presentación virtual de sus obras: "Querer abolir el español es un disparate que nos debería llevar a las carcajadas. Pero cuando se leen los contextos, ya se explica uno. ¿Y qué pasa con los 500 millones de personas que hablan español gracias a España?¿Cómo vamos a explicar a los mexicanos que España ya no tiene lengua propia porque se ha abolido en esta Ley de Educación?".
Y es que más de 585 millones de personas, el 7,5 por ciento de la población mundial, habla español, según el Anuario 2020 editado por el Instituto Cervantes. A principios de noviembre el director de esta institución, Luis García Montero, afirmó durante una comparecencia en el Congreso recogida por Europa Press: "No hay que olvidar esa importancia del español en el mundo, que además enriquece la extensión del gallego, el catalán o el euskera como lenguas que conviven con el español en España. Debemos aprender que es un deber democrático que las sociedades respeten las lenguas maternas. No entiendo muy bien estas luchas entre catalán y español o entre el vasco y el español, porque tenemos experiencia de convivencia y no hay que alarmarse. El español no está en peligro. Somos la segunda lengua en el mundo". Se calcula además, que el castellano seguirá creciendo hasta 2068, que será cuando 724 millones de personas lo hablarán.
De hecho, parece que desde el Cervantes se está trabajando en coordinación con los institutos de la lengua vasca, catalana y gallega para "promocionar las lenguas de España". Así lo expresó la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya durante su participación en un desayuno-coloquio. Afirmó además que "en España no se está matando el español. En el país existe una diversidad lingüística, que también es una diversidad cultural, que hay que proteger y promover".
Una de las instituciones que más se preocupa por el cuidado del castellano es la Real Academia Española (RAE), que el mismo jueves en el que la ley salió adelante, aprobaba un documento para "la importancia del español como lengua". En él, la RAE establece que confía en el que el artículo 3 de la Constitución dispensa al español como lengua oficial del Estado y que "todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar. La preocupación principal es que el futuro texto legal no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna y accedan a través de ella a la ciencia, a la cultura, o, en general, a los múltiples desarrollos del pensamiento que implica la labor educativa".
Reacciones autonómicas
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, territorio que cuenta con lengua cooficial (gallego) declaró en una entrevista: "Dentro de las competencias constitucionales, nosotros tenemos un bilingüismo armónico. Un 50%-50% y lo vamos a seguir haciendo". Es decir, Galicia seguirá utilizando el castellano como lengua vehicular. La encuesta 'Conocimiento y uso del gallego' del Instituto Galego de Estatística (IGE), recogía que el 59,57 por ciento de los que estudian en Galicia recibe la misma proporción de clases en gallego que en castellano.
Solo en Cataluña, el catalán es la lengua habitual del 36,1 por ciento de la población, según la Generalitat. Desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) afirman que la supresión del castellano como lengua vehicular es ya una realidad presente: "La escuela catalana excluye al español como lengua de la enseñanza gracias a una inmersión lingüística obligatoria en catalán para los castellanohablantes. La nueva ley intenta dar apariencia de legalidad a este régimen, que impide que la lengua oficial y mayoritaria entre los catalanes sea utilizada para impartir contenidos y solo esté presente como asignatura lingüística, igual que el inglés o francés. El peligro es que se 'exporte' a otras comunidades bilingües como Baleares (dónde como ha probado Plis Educación, asociación de profesores balear, 300 centros no tienen el castellano como lengua vehicular)".
Al preguntar a AEB por los efectos de esta supresión responden: "Es algo negativo para la actividad educativa, puesto que no iguala derechos entre los ciudadanos, genera desigualdades. Unos alumnos si y otros no, tendrán la posibilidad de estudiar en castellano dependiendo de donde estén viviendo, aún perteneciendo al mismo país. Por ejemplo, si un alumno andaluz cambia de residencia, perderá su derecho a estudiar en castellano, lo que además supone una traba para la libertad de movimientos dentro de España. Se vulnera nuestra Constitución porque no se garantiza la diversidad lingüística y cultural de España".
AEB además añade que afectará a los resultados académicos de los alumnos: "Al no estudiar en su lengua materna dificultará la adquisición de conocimientos y empeorará su rendimiento. Un estudio de dos expertos de la Universidad de Barcelona, que analizaron los resultados de PISA 2015 en Cataluña, concluye que, a igual situación socioeconómica, el resultado académico de un castellanohablante está casi 11 puntos por debajo que el de un catalanohablante. Si nuestros hijos no estudian contenidos en castellano, y su presencia se reduce a la asignatura de lengua, se les transmite de forma directa que el castellano no es una lengua de cultura, puesto que con ella no aprenderán contenidos científicos ni la utilizarán para expresar sus conocimientos por escrito o oralmente en la escuela".
Pero la reforma tiene más detractores: los colegios CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza) y Escuelas Católicas, asociaciones de padres y sindicatos, organizaciones relacionadas con educación especial, otro de los principales focos de esta nueva ley, al igual que la religion, que pasa a ser no obligatoria si no se quiere cursar. De hecho, los obispos españoles están dispuestos a apoyar un recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley Celaá.
Tras la celebración de su Asamblea Plena, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello pedía respeto para "las familias que desean que sus hijos puedan recibir la enseñanza utilizando el castellano, no solo de la asignatura de lengua sino de otras asignaturas bien porque es su lengua materna o porque es una lengua hablada en tantos lugares del mundo". Y es que 600 millones de personas comparten este idioma universal.
8 normas educativas en Democracia
En 1980 fue la LOECE, elaborada por el gobierno de Adolfo Suárez (UCD) pero nunca llegó a aplicarse. En 1985, llegó la LODE, con el ministro socialista José María Maravall. Cinco años más tarde la LOGSE, en 1990, cuyo principal impulsor fue el también socialista Alfredo Perez Rubalcaba. Otro lustro después llegó la LOPEG, en 1995, también bajo el gobierno socialista. En 2002, con los populares al frente, la LOCE, que nunca entraría en vigor. La LOE, esta vez bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero llegó en 2006, una de las más polémicas. Hasta que en 2013 José Ignacio Wert implantó la LOMCE. En la actualidad, la LOMLOE con Celaá.