Madrid
"Esta ley durará lo que tardemos en llegar al Gobierno". Así de contundente se mostrada el líder del PP, Pablo Casado, cuando se le preguntó por todo lo que estaba pasando con la nueva norma educativa, la Lomloe. Lo que se podría haber quedado en una simple amenaza a largo plazo, se convirtió en un hecho real al anunciar que llevarán la nueva reforma educativa conocida como "Ley Celaá" ante el Tribunal Constitucional. Otros partidos políticos como Vox y Ciudadanos también mostraron interés durante las pasadas semanas en hacer lo mismo. De hecho, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, señaló que cuando dependa de ellos revertirán la ley "para poner en marcha una que de verdad sirva".
Tras su aprobación en el Congreso, la Lomloe está sufriendo continuos achaques por parte de la oposición política y de la comunidad educativa. En los últimos días se han llevado a cabo manifestaciones y protestas que tenían el fin último de frenar lo que ya está aprobado. El PP también lanzó una campaña de recogida de firmas en la calle y en la puerta de sus sedes que pretenden que les sirva de base al recurso que el partido va a presentar en el Tribunal Constitucional y que por ahora han sumado más de 10.000 nombres.
Desde el ejecutivo regional, el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, manifestó que pueden tomar tres vías frente a esta norma: recurrir al Constitucional, al Contencioso Administrativo o legislar sobre ello. En este sentido ya se manifestó la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, cuando afirmó su intención de aprobar en la región una ley que garantice la libertad de elección y también la educación especial.
A lo largo de las semanas se han ido sumando las voces que apoyan esta medida. El PRC también ha reclamado al Gobierno de España la retirada del proyecto de la nueva ley educativa. De esta forma, los regionalistas han roto su habitual sintonía de voto con el PSOE, su socio en el Gobierno de Cantabria. Aunque esta formación política ha votado junto a PP, Cs y Vox para pedir la retirada de la ley y abogar por un Pacto de Estado por la Educación, no ha sido tan duro como la oposición en sus críticas. El principal error que observan los regionalistas es que no reúne el consenso que en su opinión necesita una ley de estas características.
Apoyo de los obispos
Lo que no se esperaba la ministra de Educación, Isabel Celaá, es que la protesta continua sobre su nueva ley hiciera que los obispos españoles se posicionaran y estuvieran dispuestos a apoyar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma. "Sí sorprende que se vinculen con tres fuerzas políticas que ya habíamos visto juntas antes y que terminaron en Colón", resaltó Celaá. Así, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, manifestó: "Estamos dispuestos a apoyar cualquier demanda que pudiera presentarse de inconstitucionalidad si la ley aprobaba tiene estos aspectos anticonstitucionales, pero deseo seguir insistiendo en el diálogo". Para los obispos, la Lomloe es una ley "confesional" en "su manera de entender la educación", entre otras cosas.
Legislar en contra
Tanto el PP como Ciudadanos lo tienen claro: impedir que esta ley llegue a las comunidades autónomas en las que gobiernan. "Cuando hay un Gobierno en La Moncloa que es malo para los intereses de las familias españolas, es bueno que las CCAA pueda gobernar otro partido", ha insistido el líder del PP, Pablo Casado. El compromiso de esta fuerza política es empezar a hacer decretos y leyes que blinden la calidad educativa, no solo en la concertada, sino también en la pública. Es por ello por lo que ha confirmado que las cinco regiones en las que gobierna su partido, en cuatro de ellas junto con Cs, legislarán vía decreto para evitar que la reforma educativa termine con la libertad de las familias.
Ciudadanos afirmó también este lunes que usará todo el marco legal en las cuatro comunidades autónomas donde gobierna para "proteger a las familias" y garantizar que puedan seguir escogiendo si llevan a sus hijos a la escuela pública, a la privada o a un centro de educación especial. Según la presidenta del partido, Inés Arrimadas, la "Ley Celaá" supone un golpe a la meritocracia, porque busca esconder el fracaso escolar, en vez de atajarlo, al permitir que los alumnos pasen de curso sin haber aprobado todas las asignaturas.