Madrid
El debate está servido. Durante el día de ayer el Ministerio de Educación y Formación Profesional presentó a los sindicatos en la Mesa Sectorial de Educación las enmiendas a la LOMLOE, la reforma educativa también conocida como "Ley Celaá". Los sindicatos buscaban una única respuesta: qué pasa con las lenguas oficiales en las aulas, con la concertada y con la sustitución del examen previo para acceder al cuerpo de inspectores de educación por una mera evaluación de las competencias de los candidatos. La sorpresa fue que, minutos antes del comienzo del Debate de Enmiendas a los Presupuestos, Ciudadanos dio un paso atrás. Lo que parecía que era un sí indiscutible para aprobar las cuentas, se empezó a tambalear ayer por la mañana. La líder Inés Arrimadas endureció sus condiciones para aprobar las cuentas públicas y exigió al Ejecutivo que retirase la enmienda a la ley educativa que elimina que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza si quiere su apoyo.
Fue la gota de colmó el vaso y que impulsó a todo el sector de la escuela concertada a iniciar las protestas. Los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y ERC aprobaron la semana pasada en la Comisión de Educación del Congreso que la nueva reforma educativa no incluya el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Esta enmienda salió adelante con 26 votos a favor, 16 en contra y la abstención del PNV. La novedad fija que las administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo con la Constitución, los estatutos de autonomía y la norma aplicable, pero retirando la frase: "castellano, lengua oficial del Estado". A efectos prácticos, en la "Ley Celaá" se borra la obligación de impartir clases en castellano en una proporción "razonable" y no se contempla ningún mecanismo para garantizar clases en esta lengua a las familias que lo reclamen, dejándolo en mano de las CCAA.
Desmintiendo lo dicho por Arrimadas, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, acusó a Ciudadanos de estar "subiendo el precio" de su apoyo a los Presupuestos y "buscando excusas". Además, Lastra ha defendido que el Gobierno con esta enmienda solo pretende garantizar la educación en castellano junto con el catalán, el gallego y el euskera en cada uno de los territorios. "No desaparece el castellano de las clases catalanas. Lo hemos hablado con Ciudadanos", insistió.
El PP también ha querido posicionarse en esta historia y el pasado martes el secretario del Partido Popular, Teodoro García Egea, anunció que esta formación política iniciará una campaña de recogida de firmas contra la Ley Celaá, a la que Pablo Casado ya ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad. Para ello, García Egea inauguró el seminario virtual "Stop Ley Celaá: Defendemos la libertad".
El grupo político que sí apoyará la enmienda es Más País desde donde aseguran que no ven en riesgo ni el Castellano, ni España, ni Cataluña.
La ministra contesta
La ministra de Educación, Isabel Celaá, se pronunció por las declaraciones de Arrimadas y acusó tanto al PP como a Ciudadanos de pretender "volver al pasado" con su oposición al proyecto de ley.
Celaá añadía: "Esta enmienda transaccional es absolutamente respetuosa con la Constitución, con los estatutos de autonomía y, sobre todo, es una enmienda que acierta a poner el centro de gravedad en el desarrollo competencial de los alumnos en las competencias lingüísticas", indicaba Celaá. La ministra se mostró convencida de que los recelos hacia la inmersión lingüística son "por razones políticas y no educativas, ni pedagógicas".
No se contempla ningún mecanismo para garantizar clases en castellano
La titular de educación reivindicó la autonomía de la educación en cuanto a la posibilidad de que se pudiera modificar la enmienda sobre el castellano para conseguir el apoyo de Ciudadanos en los Presupuestos. Manifestó: "El presupuesto es merecedor, por si mismo, de enmiendas parciales pero la educación merece un respeto, es autónoma, ese es el ambiente en el que tenemos que trabajar". En su opinión, el proyecto de ley "tiene elementos suficientes como para poder incorporar opiniones diversas y sacar una suma de acuerdos".
Sobre el conflicto que el Ejecutivo mantiene con la escuela concertada, la ministra aclaró que lo único que se pretende es "impulsar un debate sobre la calidad de la educación y la excelencia".
Escuela concertada
La reacción de las asociaciones durante los últimos días ha sido muy crítica con el Ejecutivo: "Están primando los intereses políticos frente al interés general, ya que no existe ninguna razón pedagógica que justifique estas medidas y lamentamos que no se haya tenido en cuenta a los representantes de los docentes en esta nueva reforma educativa", explicaba CSIF.
No están siendo semanas fáciles para la escuela concertada. El último golpe fue que los Ayuntamientos solo podrán ceder suelo para la construcción de centros educativos si estos son públicos. A pesar de contar con el apoyo de algunas formaciones políticas como PP o Ciudadanos, la Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos y empresas está promoviendo diversas concentraciones frente a las puertas del Congreso de los Diputados para mostrar su rechazo a la LOMLOE. Los convocantes se quejan de que esta ley ha sido tramitada "sin el menor consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil". Lo que piden las asociaciones es que España tenga un sistema educativo en el que exista la "pluralidad de oferta", es decir, que conviviesen la educación pública, con la concertada, la privada y la diferenciada. Esta misma plataforma ya ha recogido aproximadamente 600.000 firmas contra la reforma educativa.
El PP inauguró el seminario virtual "Stop Ley Celaá: Defendemos la libertad"
Algunos partidos políticos ya han tomado cartas en el asunto y se han reunido con asociaciones de este sector. Concretamente, Ciudadanos lo ha hecho de forma virtual con la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), con la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), con "Educación Inclusiva Sí, Especial También", con Escuelas Católicas y con el sindicato FSIE.