Madrid
Lo que ya estaba mal antes de la pandemia, empeora seis meses después. Es lo que les ha pasado a los profesores asociados de las universidades. Se trata de profesionales con contratos temporales y a tiempo parcial que ya suponen casi la cuarta parte de todos los docentes de las universidades públicas. En un principio, la función de estas plazas era contar con docentes de distintos campos, pero han terminado siendo soluciones de bajo coste para cubrir necesidades educativas.
Un profesor de este tipo imparte normalmente ocho horas de docencia a la semana y se suele concentrar en materias troncales de primer año, donde, normalmente, se concentra mayor número de alumnos. El resto de su jornada se divide entre preparación de clases, corrección de exámenes y trabajos, atención al alumnado, investigación, etc. Lo más curioso de todo es que las horas de docencia podrían cubrirse con un docente a tiempo completo, sin embargo, son los asociados los que cobran una cuarta parte del sueldo de los primeros. Los contratos suelen ser de entre tres y seis horas semanales de docencia, con salarios de entre 250 y 650 euros al mes. Algunos profesores universitarios de este tipo estiman que la hora de trabajo les sale a cinco euros, lo que deja en muy mal lugar la realidad de la universidad española.
La situación actual es crítica, pero fue especialmente grave en los años siguientes a 2009, cuando comenzó a limitarse cada vez más la tasa de reposición. Es decir, la Administración Pública no podía convocar suficientes plazas permanentes para reponer jubilaciones y, mientras, el sistema universitario tenía que continuar funcionando, por lo que la contratación de profesorado temporal era prácticamente la única forma de hacerlo.
Lo único claro hasta el momento es que si estos docentes van a realizar prácticamente las mismas funciones que el profesorado de plantilla, entonces la mayor "falsedad" es que no se les retribuya de manera acorde y, si hacen lo mismo que esos docentes, su ocupación externa no está aportando nada significativo a las aulas.
Sin acuerdo
Esta cuestión era una de las que deberían haber estado resueltas a principios de este nuevo curso, pero no ha sido así. El Ministerio de Universidades mantiene abierta la negociación con todos los sectores implicados para aprobar cuanto antes un nuevo proyecto de ley y un Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), pero los sindicatos y la asociación que representa a este profesorado temporal temen un incremento de la precarización con el borrador que les ha presentado el Gobierno.
Según el Observatorio del Sistema Universitario, en el curso 2018-2019 había aumentado un 25,6% la figura de docente temporal, con respecto al curso 2013-2014. El informe de esta plataforma apunta que las universidades de 12 comunidades autónomas superan el tope del 40% fijado para el profesorado temporal por la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y siete de ellas rebasan el 50%, es decir, tienen más docentes contratados que funcionarios.
En un principio pareció que el ministro de Universidades, Manuel Castells, iba a intervenir de forma positiva en este problema nacional y, en su primera comparecencia en el Congreso consideró un "escándalo" la situación de este profesorado y se comprometió a acabar con su precariedad. No obstante, a pesar de presentar varios borradores y reunirse con los sindicatos y la Asociación Estatal del Profesorado Asociado, todavía no se llegó a ninguna conclusión. Es más, afirman que algunos puntos se han empeorado.
En el mes de septiembre, el Tribunal Supremo dio la razón a tres profesores ayudantes doctor de la Universidad de Málaga, que fueron despedidos tras 30 años de contratos temporales, al concluir que la institución los utilizó en fraude de ley porque cubría necesidades permanentes y estructurales.
Valencia, de mal en peor
El caso de la Comunidad Valenciana presenta algunas particulares. Para empezar, es la única autonomía en la que no hay un convenio colectivo para el personal docente investigador. El año pasado pareció que se daba un paso adelante y se produjeron las negociaciones del personal laboral de las cinco universidades públicas valencianas que acordaron ciertas mejoras entre las que se encontraba una subida media del 35% del sueldo de los profesores, tanto asociados como contratados ayudantes de doctor. En este sentido, los profesores asociados reclaman a las universidades públicas valencianas y a la Conselleria de Innovación y Universidades que dé el paso final para suscribir el convenio colectivo, preacordado hace más de un año.
Concretamente en la Universidad pública de Valencia estiman que el profesorado asociado imparte el 70% de la docencia y algunos profesores han tenido conflictos con los tribunales que evalúan sus plazas, para las que compiten con investigadores de la propia universidad.