Los servicios de transporte escolar retoman su actividad tras la paralización en marzo por la covid-19 en un sector que ha acumulado entre marzo y junio hasta 1.500 millones de euros de pérdidas, siendo el transporte discrecional (en el que se encuentra el transporte escolar) y el turístico los más afectados.
Según ha explicado la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) en un comunicado, en concreto la paralización de la actividad escolar supuso "graves dificultades al sector" y "enormes pérdidas para la mayoría de operadores". Esta actividad concentra el 13 % del total de la facturación del sector y, en 2019, los autobuses transportaron a más de 247 millones de alumnos en cerca de 17.500 autocares.
La confederación ha señalado que el sector está llevando a cabo protocolos de limpieza y desinfección que requiere cada comunidad autónoma para garantizar "un entorno seguro para los viajeros".
Por otro lado, la confederación ha solicitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que el límite de antigüedad máxima de los vehículos de transporte escolar se amplíe uno o dos años de manera transitoria hasta "la normalización de la economía".
Confebus ha explicado que esta medida debe tomarse siempre que se cumpla con los requisitos técnicos en vista de las grandes dificultades que tendrán los operadores para hacer frente a cualquier renovación de flota a corto o medio plazo.
La confederación ha apuntando que adoptar esta medida "aliviaría mucho al sector del transporte de viajeros, sin coste para las administraciones". Asimismo, Confebus ha pedido al Ministerio de Educación y Formación Profesional el pago de los contratos suscritos con la Administración para el transporte a centros públicos para este curso lectivo, así como la prórroga para los próximos dos años del contrato.
Esta medida permitiría "aliviar la difícil situación financiera a la que están abocadas los operadores que prestan este tipo de servicios", principalmente pequeñas y medianas empresas.