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El Gobierno y las CCAA acuerdan poner un límite a los precios universitarios el próximo curso

Foto: Dreamstime

El Ministerio de Universidades y las comunidades autónomas han acordado este miércoles poner un límite máximo a los precios universitarios el próximo curso, lo que implica que no podrán incrementarse y supondrá además rebajar el precio de las primeras matrículas en la mayoría de las comunidades españolas.

El acuerdo ha contado con el voto "mayoritario" de las comunidades autónomas durante la reunión telemática de las Conferencia General de Política Universitaria, presidida por el ministro Manuel Castells, y es vinculante. Solo cinco comunidades se han opuesto: Euskadi y las cuatro que gobiernan el Partido Popular y Ciudadanos (Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia).

Lo aprobado es la propuesta que el departamento de Castells había trasladado a los gobiernos autonómicos para fijar en un máximo de 18,46 euros el precio del crédito de primera matrícula en toda España, lo que supone un 15% más del precio medio de crédito universitario que existía en el curso 2011-2012, cuando empezaron a encarecerse. En la práctica, todas las comunidades salvo Madrid y Cataluña tendrán el próximo curso precios por debajo de esos 18,46 euros por crédito.

La propuesta del Ministerio obliga a diez comunidades autónomas a rebajar sus precios, sobre todo Madrid y Cataluña. Las siete comunidades restantes (Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Galicia y Murcia) no tendrían que reducir los precios de la primera matrícula, porque ya son más bajos que en el curso 2011-2012.

Madrid y Cataluña son las comunidades que reducirán más sus precios de primera matrícula. En el caso de Cataluña, ya está previsto rebajar un 30% el precio medio actual, el más alto de España con 32,5 euros cada crédito, mientras el de Madrid se sitúa en 23,9 euros. En estas dos comunidades se permitirá, porque tienen que hacer "un mayor esfuezo presupuestario", según Universidades, posponer la rebaja hasta el año 2022.

A pesar de esta excepción, la Comunidad de Madrid ha acusado al Ministerio de Universidades de "imponer" una bajada de las tasas universitarias "sin negociación" y sin "ninguna propuesta concreta" de financiación para hacer frente a la reducción de precios públicos, según han manifestado fuentes del Gobierno regional en declaraciones a Europa Press.

En Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja, el acuerdo contempla que el próximo curso devuelvan los precios de las primeras matrículas universitarias al que tenían en el curso 2011-2012, mientras Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Galicia y Murcia no tienen obligación de reducirlos porque ya están por debajo que entonces.

En todas las comunidades autónomas, el precio de las segundas y terceras matrículas, así como los de los másteres, no podrán superar los que ya estaban establecidos para el actual curso 2019-2020, según el acuerdo alcanzado para "corregir las subidas excesivas de precios públicos que se produjeron en algunas comunidades autónomas" a partir de 2011, según Universidades, y "disminuir las grandes diferencias de precios públicos" que se produce actualmente entre diferentes territorios.

Castells pretendía más

Lo acordado este miércoles no es lo que pretendía el ministro Castells hace tan solo unas semanas, cuando aspiraba a devolver los precios de las primeras matrículas universitarias a los niveles de 2011-2012 en toda las comunidades. Con ese objetivo, el Consejo de Ministros eliminó el pasado 5 de mayo del sistema de horquillas para precios públicos de matriculación en las enseñanzas universitarias que introdujo en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy.

Ese sistema de horquillas provocó, según el Gobierno, un incremento medio del 17% del precio del crédito universitario, con mucha disparidad entre comunidades autónomas. Con su derogación, Castells se proponía consensuar con todas las comunidades un precio máximo de la primera matrícula universitaria para el próximo curso, y el 7 de mayo pidió a los gobiernos autonómicos que calculasen el impacto económico que supondría devolver los precios a los niveles de 2011.

"Al trato que hemos llegado con las comunidades es que me dan un numerito y yo hablo con Hacienda para ver hasta dónde podemos llegar", explicó Castells aquel 7 de mayo, en el Congreso, tras la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria.

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