Madrid
El Informe CYD 2018 sobre la Universidad española pone de manifiesto que España dispone de un buen sistema universitario público. A pesar de una leve mejora en los indicadores, el sistema universitario público español sigue sin recuperar las cotas que alcanzó los últimos años previos a la crisis económica general. El informe manifiesta el papel de liderazgo de la universidad pública española en la investigación, desarrollo e innovación en España y el esfuerzo realizado estos últimos años a pesar de la drástica reducción en las inversiones públicas y cómo, a pesar de todo, la Universidad sigue formando profesionales relevantes para el mercado laboral. En resumen, la Universidad contribuye de forma muy relevante y devuelve con réditos a la Sociedad que la financia la contribución recibida.
No obstante lo dicho, cualquier ratio o indicador con el que nos comparemos con otros países de nuestro entorno revela que, con los recursos disponibles actualmente, la universidad española compite en clara desigualdad de condiciones en: (a) atraer –y retener– a los mejores talentos españoles o internacionales; (b) adquirir y mantener infraestructuras docentes y de investigación; y (c) crear un ecosistema de investigación y de innovación tecnológica que compita con el de otros países.
En todo caso, la universidad española debe seguir gestionando sus recursos de forma eficiente y transparente, y dotarse de un sistema de rendición de cuentas que permita cuantificar –en términos de calidad y excelencia– sus resultados en las tres misiones básicas de la universidad. Con estas metas, y partiendo de una financiación plurianual estable que tenga una componente orientada por objetivos –guiados desde la autonomía universitaria–, los responsables de las universidades podremos adoptar decisiones basadas en planes estratégicos, a la vez que evaluar el desempeño global de la universidad hasta sus unidades de gestión de menor nivel.
La Universidad tiene que dotarse de la necesaria flexibilidad para, en base a su autonomía, hacer frente a los desafíos que nos encontramos en el futuro inmediato: Flexibilidad en la contratación, flexibilidad en la definición y la adaptación de los planes de estudio –sin perder de vista la empleabilidad de los titulados– y para realizar apuestas –de medio y largo plazo– en investigación e innovación, flexibilidad para aceptar nuevos retos con la confianza en que la universidad española sabe hacer las cosas bien y las va a hacer.
Por otro lado, una reforma del marco legal no puede hacerse sólo a través del cambio en el modelo de gobernanza buscando posibles modelos en los países de nuestro entorno sin contemplar la totalidad del marco jurídico. La parte pública del sistema universitario español se rige todavía con criterios de administraciones públicas, lo que se traduce en menores grados de libertad que una institución privada, con riesgo continuo de incidencia sobre su competitividad. Sin embargo, dos Leyes Orgánicas –relativamente recientes– las han sacado expresamente de tal contexto de Administraciones Públicas, para clasificarlas como "sector público institucional". Es, por tanto, absolutamente necesario definir y desarrollar con total claridad dicho contexto jurídico aplicado a las Universidades Públicas. Esto ha de hacerse respetando la autonomía universitaria y en consonancia con una nueva definición del servicio público universitario –basado en prestaciones y calidad– en el que participan actores de naturaleza pública y privada.
Elaborado por Guillermo Cisneros, rector de la Universidad Politécnica de Madrid