La difícil situación de incertidumbre por la que todos estamos atravesando como consecuencia del impacto de la pandemia del Covid-19 en nuestras vidas, afecta de lleno, como no puede ser de otra forma, a la Universidad, que, en un escenario hasta ahora desconocido, se ve obligada a tomar decisiones urgentes y trascendentales sobre la terminación del actual curso académico, garantizando el derecho de los estudiantes a culminar sus estudios, sin merma de los mínimos requerimientos de calidad que han de cumplir las enseñanzas universitarias.
Como lo que debe primar ahora es la salud de las personas y para nada puede caerse en la tentación del aprobado general que vulneraría los principios universitarios asociados al mérito y a la capacidad, parece evidente la necesidad de continuar la actividad docente en formato no presencial y reprogramar el curso, aplicando altas dosis de flexibilidad en las formas y plazos de ejecución, sin merma del debido rigor en la evaluación, para así poder culminar las actividades académicas pendientes.
La Conferencia de Consejos Sociales (CCS), órganos de participación de la sociedad en la universidad, en cuyos plenos comparten voz empresarios, profesionales, autónomos, sindicatos, estudiantes, egresados y representantes de las administraciones públicas y de la propia universidad, aprobó, el pasado día 1, una declaración institucional agradeciendo y valorando "el esfuerzo que, en condiciones muy complicadas, están haciendo nuestras universidades para garantizar el desarrollo de la actividad docente y seguir cumpliendo sus misiones de investigación y de transferencia de sus resultados al sector productivo", apoyando sin reservas la consecución de este gran reto. Se avecina un futuro muy complicado en todos los ordenes y, más que nunca, vamos a necesitar que nuestras universidades sean verdaderos motores del desarrollo económico y agentes del bienestar social.
Los Consejos Sociales tenemos asignada la función de supervisión de las actividades universitarias y, en concreto, la regulación de las normas de progreso y permanencia de los estudiantes en las universidades, las cuales también requieren de especial consideración en estas nuevas circunstancias. Por ello y además como representantes de una sociedad que financia muy mayoritariamente la universidad española con sus impuestos, pedimos poder cumplir con nuestra responsabilidad y por eso no entendemos que el Ministerio de Universidades, en su documento de trabajo "Reflexiones sobre criterios generales para la adaptación del sistema universitario español ante la pandemia del Covid-19 durante el curso 2019-2020", ni siquiera nos mencione. Un lapsus sin duda que confiamos se subsane desde nuestra total vocación de servicio y colaboración para la adecuada finalización del actual curso académico y la consecución de la siempre necesaria excelencia universitaria.
Elaborado por Antonio Abril Abadín, Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas
