Manuel Castells tiene pendiente elaborar una Ley de Universidades que modernice y dé mayor autonomía y financiación al sistema, además de tener que abordar una revisión del modelo actual de becas. En la última Comisión de Universidades del Congreso, anunció medidas como la eliminación de las horquillas en las tasas para matricularse en educación superior y la supresión del falso profesor asociado.
Los rectores han pedido una mejor financiación, los estudiantes, una rebaja de tasas y más becas. La nueva Ley deberá garantizar la suficiencia de recursos, la capacidad de atracción y retención del talento, así como la estabilidad del profesorado reduciendo la precariedad. Castells, en su comparecencia, anunció que su departamento revisaría, en los próximos meses, las tasas universitarias. El objetivo es devolverlas a los niveles anteriores a 2012, año en el que muchas comunidades inflaron estas tasas. Para ello, eliminará la horquilla de precios que se impuso entonces, pues su intención es marcar solo un precio máximo para las regiones y evitar las "disparidades" que ahora existen.
Ante ello, las Comunidades Autónomas han pedido al Ministerio de Universidades más financiación en caso de bajar las tasas universitarias.
El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Eduardo Sicilia, cifra el impacto de la bajada de tasas en la Comunidad de Madrid entre los 100 y 120 millones de euros, el "total" del presupuesto que tiene la región para la I+D+i. Por su parte, la consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Rosa Ana Rodríguez, afirma que la medida "tiene que venir acompañada por la mejora del modelo de financiación de las comunidades autónomas".
Se eliminará la horquilla de precios que se impuso en las matrículas con el PP
Hoy, la financiación pública universitaria en nuestro país se sitúa un 14,5% por debajo de la media de la Unión Europea y la OCDE, respecto a las que mantiene una insuficiencia de recursos públicos de 1.600 millones de euros. En términos de gasto total, público y privado, el valor se mantenía en el 1,3% del PIB, frente al 1,5% del PIB de la media de la OCDE, presentando un diferencial de disponibilidad de recursos globales de 2.400 millones de euros de 2016, según se desprende del informe La Universidad Española en Cifras. Año 2017 y curso académico 2017/2018, elaborado por Crue Universidades Españolas.
Aunque todos reconozcan la existencia de una disparidad muy grande entre unas comunidades y otras, son las propias comunidades las que organizan los precios por crédito según el nivel de experimentalidad de cada carrera, pero no existe un criterio homogéneo para todo el país. Actualmente, estudiar en Cataluña asciende a 1.944 euros, mientras que en Galicia es tres veces menor. Asimismo, Extremadura y Cantabria son las otras regiones donde estudiar sale más económico, precios mínimos por debajo de los 700 euros. Andalucía, con un precio único de 757 euros por curso, está por debajo del precio máximo del resto de CCAA, que se sitúa siempre por encima de los 800 euros.
El consejero de Empleo, Investigación y Universidades de la Región de Murcia, Miguel Motas, señala que su Comunidad Autónoma está infrafinanciada y cuenta con un déficit de 450 millones de euros a nivel estructural cada año. Por tanto, lo único que podrán hacer es "congelar las tasas", no bajarlas.
Ley de Universidades
La creación de un Pacto por la Universidad es otro de los proyectos de este departamento para el que el ministro ha comenzado una ronda de visitas por las 50 universidades públicas, con el objetivo de conocer sus reivindicaciones y problemas y lograr una nueva Ley de Universidades que los pueda resolver.
Antonio Abril Abadín, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), afirma que esta ley "debería impulsar un modelo de gobierno que limite el corporativismo y contemple una mayor participación efectiva de la sociedad en la toma de decisiones. Al mismo tiempo, resulta imprescindible aumentar la autonomía universitaria y reforzar la rendición de cuentas. Además, como elementos básicos, hay que incrementar la financiación pública y privada de las universidades, facilitar la cooperación público-privada y la transferencia de los resultados del conocimiento y de la investigación a la sociedad, mejorar la internacionalización de la institución, favorecer la empleabilidad de los estudiantes y flexibilizar la contratación del profesorado".
Por su parte, Francesc Solé Parellada, vicepresidente de la Fundación CYD, coincide con Abril indicando que "se precisa más autonomía y que la ley haga posible la diversidad de modelos de aportación de valor entre las universidades".
Desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) aseguran que es fundamental abordar cinco ámbitos para tener una ley consensuada: inclusión de la obligatoriedad de existencia de un órgano de representación estudiantil en las universidades, para poner en valor una de las patas de la Universidad, su estudiantado, pasando a formar parte de la gobernanza de las mismas; establecer que los precios públicos cubrirán, independiente del nivel de enseñanza de la titulación, un porcentaje variable del coste en función de la renta familiar; reconocer el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado al igual que se reconoce el Consejo de Universidades; marcar como criterio para la implantación de nuevos títulos el mapa de titulaciones; y pasar el reconocimiento de las personas con discapacidad de la disposición adicional a un artículo.
Desde el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT, nos recuerdan que "como cuestión previa debemos recordar que la actual Ley Orgánica de Universidades ni siquiera se cumple en todos sus términos, pero es cierto que en el último año y medio, se ha venido hablando de una nueva Ley de Universidades. Incluso, se le puso nombre, Ley Orgánica del Sistema Universitario Español -LOSUE-". "A nuestro juicio, la futura ley debe estar suficientemente financiada y provenir de un consenso político, social y territorial, reflexionado, debatido y negociado con la comunidad educativa. Debe ser estable en el tiempo y dar solución a los retos que tiene el SUE: estabilización y dignificación de los trabajadores de la Universidad, homologación e internacionalización de nuestras universidades, financiación suficiente y gobernanza democrática, etc., y que se detallan en la última de las preguntas de este cuestionario", añaden.
Becas, sin cuantía variable
La ministra de Educación, Isabel Celaá, pretende reducir a cinco a nota de acceso a las becas y ayudas al estudio y eliminará las cuantías variables. Los informes de la OCDE reflejan que España tiene un sistema muy por debajo de la media. Castells, por su parte, también se ha comprometido a revisar el sistema de becas, garantizando que se consideren un derecho subjetivo según la situación de las rentas familiares, simplificándolo y haciéndolo más ágil, asegurando que la convocatoria se resuelva antes del comienzo del curso y los estudiantes tengan información fidedigna sobre la cuantía y fechas de pago de las becas.
Abril Abadín, presidente de CCS, asegura que "se deben potenciar las becas préstamo y las de movilidad nacional e internacional, a la par que se facilite a los estudiantes simultanear estudios y trabajo a través de contratos a tiempo parcial". En esta línea, Celaá quiere desarrollar la reforma de las becas para que sean compatibles con la vida laboral, "flexibilizando las opciones" y, así, "reducir el abandono".
Castells ha comenzado una ronda de visitas por las 50 universidades públicas españolas
FeSP-UGT destaca que "los alumnos situados en los umbrales más bajos deben acceder a la universidad gratuitamente". Igualmente, "el sistema debe ser más personalizado, con un control que evite las situaciones de favoritismo y/o ocultación de rentas y castigue a aquellos que intentan manipular sus datos personales fraudulentamente para acceder a las ayudas". "La beca debe ser concedida y abonada al inicio del curso para evitar en su medida el abandono de los estudios superiores". Y es que continúan los mismos problemas que ya se produjeron en años anteriores, cuando gobernaba el Partido Popular: los retrasos en el pago de las ayudas. La entrega de los datos y aceptación de las solicitudes de becas se lleva a cabo entre agosto y octubre. Después, Hacienda libera el dinero y se procede a realizar las transferencias, llegando siempre en el primer trimestre del año siguiente.
Otras peticiones históricas de los rectores han sido mayor autonomía institucional, más y mejores becas para garantizar la igualdad de oportunidades, potenciar la internacionalización de la actividad universitaria a través de diferentes vías, la movilidad de estudiantes y profesores y un aumento de los programas de cooperación entre países.
Escollos en materia universitaria
La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) destaca que "el principal escollo son las propias resistencias internas al cambio. La universidad debe dar respuesta adecuada a las exigencias de un servicio público de educación superior en el siglo XXI". Por su parte, la Creup indica que el principal error es la "dependencia de otros ministerios para la ejecución de muchas políticas. El reto de comenzar a hacer frente a reclamaciones históricas como la LOU, el 1393 o un sistema de financiación estable y adecuado para las universidades".
