Madrid
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha asegurado este jueves que pretende llevar al Congreso su reforma educativa en "breve plazo", aunque antes tendrá que pasar de nuevo por el Consejo de Ministros, donde ya fue aprobada el año pasado, y todavía "no hay fecha concreta" para que sea tratada en la reunión semanal de los miembros del Gobierno en Moncloa.
"No puedo dar una fecha concreta habida cuenta de que hay otros temas de función pública que hemos debido anteponer", se ha excusado Celaá ante los periodistas en una rueda de prensa junto al consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, al que ha recibido en el Ministerio y con el que inicia una ronda de encuentros con todos los responsables educativos de las comunidades autónomas.
Este pasado lunes, Celaá comunicaba a sindicatos docentes y organizaciones de la comunidad educativa que pretende llevar al Congreso "cuanto antes" su proyecto de reforma educativa para derogar la vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada por el Partido Popular en 2013 y también conocida como 'Ley Wert'.
Así lo confirmaron a Europa Press varios de los asistentes a la reunión con Celaá en la sede del PSOE de la madrileña calle Ferraz, donde la ministra aseguró que su proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) cuenta ya con "todos los informes preceptivos" para comenzar su trámite parlamentario. También que plantea que el proyecto de ley incorpore cambios mediante enmiendas cuando se debata en la Comisión de Educación del Congreso, que se constituye la semana que viene.
El proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), denominado también como 'Ley Celaá', lleva casi un año esperando para entrar en el Congreso, después de que fuese aprobado en Consejo de Ministros el 15 de febrero de 2019, justo el mismo día que Pedro Sánchez adelantaba las elecciones generales al 28 de abril, lo que provocaría meses de interinidad en el Gobierno.
La LOMLOE contempla la eliminación de la asignatura de Religión en el cómputo de la nota media de los estudiantes, algo que figuraba en el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. También incorpora la asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos en 5º o 6º de Primaria, así como en 1º, 2º o 3º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Además, recoge la posibilidad de titular Bachillerato con una asignatura suspensa y elimina el concepto de "demanda social" introducido por la LOMCE como criterio para la planificación escolar.