XII Aniversario

Ética y transparencia tras el fracaso del modelo 'egoísta'

  • Debe proteger los derechos de accionistas, trabajadores, proveedores, terceros y a la sociedad en general

La crisis económica demostró que las viejas recetas de Gobierno Corporativo llevaron a la quiebra a muchas entidades, los recelos generados por el oscurantismo en la gestión han hecho más exigentes a quienes tienen intereses en las empresas.

No se pueden olvidar casos como Enron, WolrdCom, Arthur Andersen, Merck, Barings, Madoff, Parmalat, Vivendi o en España, Gescartera, Eurobank, Afinsa y Forum Filatélico, Banesto o Rumasa, entre otros muchos. Hitos del modelo egoísta, que solo buscaba beneficios financieros.

Por ello, el Buen Gobierno de las empresas se ha convertido en los últimos años en la base para el funcionamiento de los mercados, ya que favorece la credibilidad, la estabilidad y contribuye a impulsar el crecimiento y la generación de riqueza.

La aplicación rigurosa de un código de Buen Gobierno se ha convertido en garantía de crecimiento sostenible en el medio y largo plazo, ya que ayuda a restablecer la confianza de los inversores, aumenta el acceso al crédito extranjero, atrae el talento y fomenta la imagen de marca.

Según los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, publicados en 2014, esta acción "abarca toda una serie de relaciones entre el cuerpo directivo de una empresa, su consejo, accionistas y otras partes interesadas. El Gobierno Corporativo proporciona una estructura para el establecimiento de objetivos por parte de la empresa, y determina los medios que pueden utilizarse para alcanzar dichos objetivos y para supervisar su cumplimiento".

Motor del crecimiento sostenible

Los principios de la OCDE contemplan que el marco de Gobierno Corporativo debe proteger los derechos de los accionistas; asegurar el tratamiento equitativo para todos los accionistas, incluyendo a los minoritarios y a los extranjeros. Además, todos ellos deben tener la oportunidad de obtener una efectiva reparación de los daños por la violación de sus derechos.

Por otra parte, se deben reconocer los derechos de terceras partes interesadas y promover una cooperación activa entre ellas y las sociedades en la creación de riqueza, generación de empleos y logro de empresas financieras sustentables; asegurar que haya una revelación adecuada y a tiempo de todos los asuntos relevantes de la empresa, incluyendo la situación financiera, su desempeño, la tenencia accionaria y su administración; y asegurar la guía estratégica de la compañía, el monitoreo efectivo del equipo de dirección por el consejo de administración y las responsabilidades del consejo de administración con sus accionistas.

En España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó el 24 de febrero de 2015 el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, elaborado por la Comisión de expertos en materia de Gobierno Corporativo. Este nuevo código, vino a sustituir al Código Conthe de 2006 actualizado en 2013, que asentó sus raíces en la Comisión Olivencia y el Informe Aldama. Previamente, se había puesto en marcha la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, a través de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, para la mejora del Gobierno Corporativo. Y en 2015 se aprobó la nueva Ley de Auditoría.

Por otra parte, el vigente Código Penal consagra la responsabilidad penal de la persona jurídica y de sus administradores a la vez que establece la posibilidad de constituir modelos de detección y prevención penal en las empresas que sirvan de atenuante o de eximente de la antes mencionada responsabilidad, en caso de que se cometa un delito en el ámbito organizativo de esta. La legislación es cada vez más dura con los que toman decisiones, si no cumplen, el compliance o cumplimento legal coincide en muchas ocasiones en objetivos y responsables, pero no debe confundirse con la voluntariedad que rige el Buen Gobierno.

La debilidad mostrada por las grandes organizaciones en los preliminares de la crisis económica de 2007, ha multiplicado las exigencias de transparencia, veracidad, buenas prácticas y comportamiento empresarial responsable por parte de los inversores, consumidores y de la sociedad en general, que no exigen información financiera, sino también de qué forma han obtenido los beneficios.

La preocupación por el comportamiento de los directivos no se refiere tanto al cumplimiento normativo, a lo que se considera legal o ilegal, sino más bien a lo que resulta correcto o incorrecto, a lo que afecta a los valores, a la ética. Y esta preocupación ha encontrado respuesta en los códigos que recogen recomendaciones -el llamado soft-law-, que sirven para promover el Buen Gobierno en las empresas. Tradicionalmente, se ha considerado que el Buen Gobierno es una receta para empresas cotizadas y grandes corporaciones. Nada más erróneo en la actualidad de los mercados.

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