La norma aprobada por las Cámaras y publicada ya en el BOE, crea una nueva figura en la estructura de las corporaciones políticas: la del responsable de la gestión económica del partido, que podrá ser citado ante el Parlamento. Además, ha acordado nuevas exigencias económicas a los partidos y a sus fundaciones. La Ley recorta un 20 por ciento la subvención que se otorga para que las organizaciones envíen propaganda electoral. Esto se suma a la reducción del 40 por ciento de la financiación ordinaria, que se ha estado aplicando en los últimos años a través de los Presupuestos Generales. Además, la Ley establece que las subvenciones anuales del Estado se vinculen al presupuesto consolidado de cada ejercicio sin que se cargue ningún interés.
Por otro lado, las penas por la financiación ilegal de los partidos políticos se endurecen. Las sanciones aumentan y dificultan la prescripción en función de la gravedad de la falta que se impute por este delito. De este modo, quedan establecidas en dos años para casos leves, tres años para los graves y cinco para los muy graves.