Moscú tensa las relaciones comerciales con la Unión Europea al no levantar las restricciones a sus importaciones de carne de porcino y al dificultar las ventas de vacuno, pesca y lácteos.
Rusia ha echado un nuevo pulso a la Unión Europea. Después de que el Gobierno de Putin haya prohibido importar carne de porcino fresca procedente de cualquier de los Veintiocho miembros y de que Bruselas haya presentado una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio, el conflicto se agudiza ahora con el muro levantado por Moscú contra el vacuno, el pescado, los lácteos y los alimentos para animales.
El conflicto se inició ya en marzo de 2013, cuando el Kremlin suspendió temporalmente la autorización a la mayoría de las empresas alimentarias con licencia para la exportación de estos productos. Pero se reaviva ahora cuando la situación, lejos de arreglarse, va a peor, teniendo en cuenta la escalada de la tensión a raíz del conflicto en Ucrania.
Rusia está dando largas, se niega a realizar los controles que ella misma reclama y levanta así un muro contra los alimentos europeos.
Y en toda esta pelea, la mayoría de los países comunitarios como España paga los platos rotos. Es lo que sucede, por ejemplo, con la carne de cerdo pese a que en el interior de nuestras fronteras no se ha detectado ningún brote de peste porcina africana. Y todo ello sin olvidar, según insisten desde la Comisión Europea, que los focos se han propagado desde Bielorrusia o incluso desde la propia Rusia.
Ante este trae y lleva de acusaciones y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo bilateral, el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha terminado por dejar en manos de la Organización Mundial del Comercio este conflicto, alegando que "no existe ningún motivo para que Rusia mantenga el veto a la importación de porcino europeo".
Y es que mientras Rusia se mantiene en sus trece, la Unión Europea ve cómo cae en saco roto el negocio que Rusia y la Unión Aduanera -que ésta forma con Bielorrusia y Kazajistán- supone para las exportaciones de carne de cerdo de sus Estados miembros, que no es ni más ni menos que una cuarta parte.
Según fuentes conocedoras de este litigio, consultadas por elEconomista Alimentación, en España todo empezó en marzo de 2013 cuando inspectores rusos detectaron un no satisfactorio cumplimiento de la normativa rusa en algunos establecimientos hasta entonces autorizados para exportar productos cárnicos, pesca, lácteos y alimentos para animales.
Aquello dio lugar a la autorización a exportar a sólo un número reducido de establecimientos cárnicos, de porcino y vacuno fundamentalmente. Seis meses después, las autoridades rusas eliminaron las suspensiones temporales a los establecimientos productores de alimentos para animales que desde el Gobierno español se les propuso, tras una inspección realizada por las autoridades oficiales competentes de España.
Además, en diciembre de 2013, Moscú eliminó la suspensión temporal para tres establecimientos de porcino que desde esa fecha pueden exportar productos elaborados curados. Y más recientemente, concretamente el mes pasado, Rusia levantó la suspensión temporal para nueve establecimientos españoles del sector lácteo, fundamentalmente productores de queso.
Sin embargo, todos esos progresos se truncaron con los polémicos brotes de la peste porcina, con los que Moscú volvió a cerrarse en banda prohibiendo la exportación de carne de porcino fresca desde cualquier país de la Unión Europea.
Y es que, según sostienen las mismas fuentes, los acuerdos comerciales con Rusia se basan en un memorando de entendimiento con la Unión Europea, en donde hay un margen muy estrecho para la negociación bilateral.
De ahí que pese a los síntomas positivos que el Gobierno español ha conseguido acumular en sus relaciones comerciales con Rusia, el caso de la peste porcina africana ha sido como un jarro de agua fría para el sector cárnico español, pese a que ese problema no es precisamente nacional.
Aun así, el Gobierno, según fuentes conocedoras de este caso, está trabajando en todos los ámbitos con las autoridades competentes, tanto nacionales como de las comunidades autónomas y con las empresas, para establecer un sistema de garantías reforzado que sea satisfactorio para las autoridades rusas.
En esta línea, desde hace un año, el Gobierno habría puesto en marcha varias reuniones con las autoridades rusas, además de un programa de control que según las mismas fuentes le fue presentado a Rusia en mayo de 2013.
Un programa que antes del brote de la peste porcina africana resultó satisfactorio para la industria alimentaria española, aunque no del todo. Y es que si bien se eliminaron las restricciones a empresas de alimentación animal, algunas cárnicas y algunas lácteas, lo cierto es que las restricciones seguían existiendo antes de los casos de la peste.
Según ha podido saber esta publicación, tras la puesta en marcha de aquel plan reforzado de controles, España envió a las autoridades rusas una lista de empresas que lo cumplían.
Una lista que fue tomada como referencia por dichas autoridades y con la que Moscú volvió a inspeccionar 23 empresas de porcino en septiembre del año pasado.
Como resultado de aquella inspección, Moscú consideró que 15 empresas podrían volver a exportar si resolvían algunas deficiencias.
Pasado un mes, en noviembre de 2013, España remitió a Rusia toda la información relativa a esas deficiencias y las soluciones adoptadas para paliarlas. Sin embargo, en enero, cuando sólo se habían levantado las inspecciones a tres empresas, Moscú volvió a pedir más información y solicitó modificaciones del plan reforzado de controles.
Solicitud que obtuvieron en febrero, cuando estalló el brote de la peste porcina. En lo relativo al vacuno y a la pesca, las autoridades rusas no han inspeccionado ninguna industria.