La industria solar teme "un gran perjuicio para el sector" si el Gobierno aplica el truco legal, adelantado por elEconomista, para no tener que pagar la antigua prima a un tercio de la potencia instalada en España: 400MW.
La interpretación de la llamada disposición adicional segunda del nuevo Real Decretro puede dejar fuera de las primas a todas las instalaciones que no hayan realizado ninguna venta de energía, pese a que la legislación anterior no exigía explícitamente este requisito.
Vía judicial
Según fuentes consultadas por este diario, la posición del Ministerio puede suponer la paralización de la entrada de nuevas plantas hasta el año 2011, ya que se necesitarían las convocatorias previstas para 2009 y 2010 para poder dar cabida a los 400 MW afectados por esta interpretación.
Si el Ministerio de Industria se ratifica en su intención de exigir a las plantas fotovoltaicas una prueba de que estaban vendiendo electricidad antes de la fecha límite, algunas empresas no descartan la posibilidad de llegar a los tribunales para exigir la prima que considera que tienen derecho a cobrar.
Asif, la patronal del sector de la energía fotovoltaica, no quiso hacer declaraciones sobre este tema. No obstante, en un correo electrónico remitido a sus socios al que ha tenido acceso este diario explicaba, que el "lunes recibimos un email de la Secretaría General de Energía (SGE) en el que se explicitaba la interpretación que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) hace de la Disposición Adicional 2º del RD 1578/2008 (DA 2ª). Supongo que algunos ya estaréis al corriente de que dicha disposición, en caso de aplicarse retroactivamente, acarreará un gran perjuicio para el sector".
elEconomista, además, ha tenido acceso a un informe que elaboró KPMG Abogados en el que se asegura que para inscribirse en el registro de plantas solares se necesita tener el documento de opción de venta de la energía producida, el certificado emitido por el encargado de lectura que acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento de puntos de medida, el informe del operador del sistema o del gestor de la red de distribución y una acreditación del cumplimiento de los requisitos por el que se organiza y regula el mercado de producción. Es decir, que en ningún caso se solicita lo que ahora pide el Gobierno.
La Comisión Nacional de Energía ha comenzado a realizar inspecciones y se teme la utilización que vaya a realizar el Gobierno sobre esta medida del decreto.
El Ministerio, no obstante, dio un balón de oxígeno al sector de la energía solar. El departamento que dirige Miguel Sebastián acordó incorporar la instalación de 1.500 megavatios de potencia nueva en los próximos tres años, así como una mejora en la tarifa inicial para suelos, que se ha fijado en 32 céntimos de euros por kilovatio hora.
