En la última década del siglo pasado, junto con otras políticas de mitigación del cambio climático, como las derivadas del Protocolo de Kioto, comenzó a surgir la llamada "reforma fiscal verde". Desde entonces, aplicando el conocido principio del que contamina paga, muchos países europeos -Dinamarca, Holanda, Alemania, etc.- han introducido fuertes tributos ligados a la protección ambiental, algo que apenas ha empezado en España, y no muy bien.
España es el país con los impuestos ambientales más bajos en relación al PIB de toda la UE: apenas supera el 1,5% y están muy lejos de la media comunitaria, situada en el 2,4%; en relación a los países líderes en la materia, la presión fiscal española es tres veces menor. Por eso, la Comisión -el Ejecutivo de la UE- ha urgido a España "adoptar medidas adicionales" sobre la política de fiscalidad ambiental en su Programa de Estabilidad 2012-2016.
De acuerdo con las estimaciones de la Comisión, un incremento desde los niveles impositivos actuales -la fiscalidad ambiental supone el 6,3% de todos los impuestos en la UE- hasta el 10%, acarrearía un aumento del 1,4% del PIB comunitario e impulsaría las tecnologías limpias y el empleo, a la par que reduciría la dependencia energética.
Adicionalmente, la fiscalidad ambiental permitiría introducir el precio de la tonelada de CO2 en aquellos sectores económicos no afectados directamente por el Protocolo de Kioto y denominados difusos, como el residencial, el transporte, la agricultura, la gestión de residuos?
Dispersa y mal diseñada
La imposición verde en España está mal diseñada, puesto que no se grava en función de la contaminación, sino de las necesidades recaudatorias del erario público, y, además, la han acometido principalmente las comunidades autónomas, dando lugar a una pléyade de impuestos dispares que en ocasiones no tienen justificación ambiental alguna; por añadidura, las comunidades apenas recaudan con ellos y la falta de coordinación incrementa los costes indirectos para los contribuyentes.
Ahora bien, soplan vientos de cambio: la reforma fiscal en ciernes pondrá el acento en los impuestos ambientales, porque hay recorrido para ello, y porque permiten cumplir uno de los objetivos del Gobierno: incrementar la imposición indirecta en detrimento de la directa para evitar el fraude.
De hecho, los impuestos sobre la producción de energía que se introdujeron en la Ley 15/2012 están salvando las cuentas de la Administración, como desvelan los datos de la Agencia Tributaria. En total, han aportado alrededor de 2.000 millones de euros el pasado ejercicio, casi tanto como la subida del IRPF que aplicó el Gobierno al poco de llegar al poder.
Así, no es extraño que el informe elaborado por la comisión de expertos presidida por Manuel Lagares para asesorar al Gobierno en la próxima reforma, anunciada para antes del verano, no dude en señalar la fiscalidad ambiental como una oportunidad pendiente de aprovechar; según los datos que recoge, sólo en impuestos ambientales sobre la energía, aplicando las recomendaciones de la próxima Directiva sobre Fiscalidad Ambiental, ahora en elaboración, se podría incrementar la recaudación en 4.000 millones anuales a corto plazo, cantidad que subiría hasta los 10.000 millones en 2020, cuando la nueva normativa se hubiera aplicado completamente.
La Comisión Lagares, no sin dudas, se suma a la doctrina de la UE y de otros organismos internacionales, como la OCDE, y defiende que esa notable subida de impuestos ambientales, que duplica con creces los niveles actuales, tendría como contrapartida la reducción de la fiscalidad directa, en particular, la que recae sobre el trabajo.
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