El Consejo Europeo aprobó ayer la nueva Directiva para reforzar la seguridad de las perforaciones de petróleo y gas en alta mar mediante nuevas normas que endurecen el acceso a estas instalaciones y amplían los controles de seguridad de las mismas.
De este modo, Repsol deberá adaptarse a las nuevas medidas de seguridad medioambientales cuando inicie la extracción de petróleo en los fondos marinos de Canarias.
Con estos cambios la Comisión ha logrado unificar en unos parámetros mínimos las normas medioambientales, sanitarias y de seguridad de los Estados europeos, que hasta ahora atendían a criterios diferentes. De este modo, la petrolera española tendrá que esperar a que la Comisión Europea dé el visto bueno a la evaluación que está elaborando España sobre el impacto medioambiental que supondrán las prospecciones en Canarias.
La nueva ley, que se aplicará a las instalaciones y operaciones existentes y futuras, endurece también las normas comunitarias para la concesión de licencias a plataformas petrolíferas que operan en alta mar.
Así, exige a los Estados que se aseguren de que los operadores disponen de capacidad técnica y financiera necesaria para garantizar la seguridad de sus actividades, además de que sean capaces de cubrir las responsabilidades derivadas de los accidentes graves. Del mismo modo, hace responsable a las mismas operadoras de los daños medioambientales que se causen en especies marinas y hábitats naturales, ampliando la zona afectada hasta los 370 kilómetros mar adentro, frente a los 22 kilómetros actuales.
Por otro lado, la Directiva habla de la actuación de verificadores independientes antes y después de que las instalaciones funcionen y también otorga a las autoridades nacionales competentes el deber de inspeccionar la seguridad de las instalaciones y la capacidad de imponer multas en el caso de que se incumplan las normas o, incluso, detener las extracciones. Del mismo modo, indica que los operadores deben reducir los riesgos de accidente grave hasta el nivel más bajo razonablemente posible, hasta el punto en que el coste de reforzar la reducción de riesgos se vuelva enormemente desproporcionado con respecto a los beneficios conseguidos.
En los últimos 30 años se han producido unos catorce accidentes graves en alta mar. Pero sin duda, el desastre producido tras la explosión en una plataforma en el Golfo de México ha sido el detonante para que Bruselas iniciara unos cambios regulatorios que hace tres años se convirtieron en necesarios.