"Todo el planeta debe saber que el Mundial de fútbol de 2022 se jugará en estadios manchados con sangre". Así de contundente se muestra la ONG Fundación para la Democracia Internacional en su informe sobre las condiciones laborales de los obreros que levantan las infraestructuras de la copa del mundo en Catar.
El documento lanza acusaciones muy graves: los trabajadores, en su gran mayoría nepalíes, presuntamente sufren jornadas de sol a sol bajo temperaturas asfixiantes, retrasos en el pago y carecen de libertad sindical y de salario mínimo, habiéndose registrado abusos de todo tipo, incluyendo torturas. Asimismo, la organización denuncia la inexistencia de sistemas de control de cumplimiento de las normas laborales y el sometimiento de los empleados a la Kafala, una normativa cuasi feudal que concede a los patrones potestad para restringir la libertad de movimiento de los obreros.
Difícilmente se puede hablar de escándalo, pues esta situación ha levantado polémica desde que en 2010 la FIFA, aún bajo el mandato de Joseph Blatter, designó a Catar como sede del Mundial. Al tratarse de un país sin tradición futbolística, con sospechosos vínculos con el terrorismo y con una climatología poco apta para la práctica del deporte, este nombramiento fue ampliamente discutido. El descontento en muchos sectores aumentó cuando los representantes cataríes fueron acusados de aupar la candidatura mediante sobornos, al tiempo que se multiplicaban las voces que hablaban de unas condiciones laborales propias del Medievo en las obras de los estadios.
En su día, Amnistía Internacional (AI) denunció que la máxima organización del fútbol a nivel global "sabía, o debería haber sabido, que los migrantes en Catar están sometidos a una explotación laboral grave y sistemática. Sin embargo, no adoptó ninguna medida para evitar la explotación". El resultado son 2.000 personas fallecidas en esas obras, según cálculos de esta ONG.
Marta Mendiola, portavoz de AI, resalta la magnitud del problema en un país de 2,5 millones de habitantes, de los que sólo 300.000 son nacionales y el resto, trabajadores inmigrantes. "1.700.000 trabajadores están en el sector de la construcción, donde el trabajo forzado y otras violaciones del Derecho Internacional están a la orden del día", afirma en una entrevista con elEconomista.es.
Mendiola menciona la información que maneja AI sobre los numerosos casos de trata con fines de explotación laboral: "los trabajadores son engañados sobre el salario y el sistema de pagos, y cuando se quejan por las condiciones, son intimidados y amenazados". Por si todo esto fuera poco, la diligencia en la remuneración brilla por su ausencia: "A muchas personas se les retrasa el pago, o se les paga menos de lo acordado".
La Kafala: feudalismo en el siglo XXI
A fin de 'domesticar' a los obreros demasiado reivindicativos, uno de los medios a los que recurren las compañías cataríes es la privación de papeles. "Muchas veces las empresas ni expiden ni renuevan los permisos de residencia, lo que provoca que los trabajadores no abandonen los lugares donde viven hacinados por miedo a ser detenidos". Es una de las prerrogativas concedidas a los empleadores por la normativa islámica Kafala, calificada por la portavoz de Amnistía como "nuestra principal preocupación".
En opinión de Ignacio Álvarez Ossorio, profesor de estudios árabes e islámicos en la Universidad de Alicante, "las palabras 'feudalismo' y 'semiesclavitud' no son inadecuadas" a la hora de categorizar la Kafala, el sistema de patronazgo que vincula a los trabajadores de las infraestructuras del Mundial 2022. "No sólo en Catar, sino en todos los países del Golfo Pérsico, como Arabia Saudí y Kuwait, los inmigrantes necesitan un tutor" -explica en declaraciones a este medio- "Este tutor les representa y se responsabiliza de ellos ante las autoridades".
El detentor de la Kafala ejerce, por tanto, de padrino legal del inmigrante, y no lo hace gratis. "El tutor te representa a cambio de un porcentaje de tu salario, lo que significa que si es la empresa que te contrata la que representa este papel, se quedan con parte de tu sueldo. Un negocio redondo", cuenta Ossorio.
Este sistema tiene otra ventaja para las empresas, que les permite sacar la máxima rentabilidad de sus recursos humanos: "Estás completamente sujeto a quien te contrata, sin derechos de ningún tipo y sin libertad de movimiento, ya que te pueden retener el pasaporte. Los obreros hacen jornadas de 14 horas, sin pausas, y con un día de descanso a la semana como máximo".
No sólo las infraestructuras del mundial, sino también la prosperidad general del país, están basadas en este vasallaje. "Así crece Doha a un ritmo tan alto. He visto barrios enteros surgir de la noche a la mañana", comenta el profesor. Esta poca observancia de las normas más elementales en las relaciones laborales modernas provoca una paradoja: Catar, el país con mayor renta per cápita del mundo, está entre los 10 peores países para los trabajadores, según la Confederación Sindical Internacional (CSI).
El ¿carpetazo? de la OIT
El presidente de Fundación para la Democracia, Guillermo Whpei, carga contra la pasividad de Naciones Unidas: según Whpei, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tras interponer un procedimiento formal de queja ante los primeros indicios de explotación laboral, "dio todo por bueno", cerrando el caso. A la OIT le bastó, denuncia Whpei, con el compromiso de los cataríes de "garantizar los principios y derechos fundamentales en el trabajo para todos los trabajadores y el avance resultante para poner fin al sistema de patrocinio Kafala".
La organización aludida tiene otra visión de los hechos. En declaraciones a elEconomista.es, Corinne Vargha, directora del departamento de normas de la OIT, asegura que se están tratando de resolver los problemas de forma "constructiva", pero que "las cosas no cambian de un día para otro", y menos en un país como Catar.
"Entre noviembre de 2013, fecha de interposición de la queja, y noviembre de 2017, cuando se resolvió, han pasado muchas cosas" –Explica- "Se identificaron problemas y se introdujeron reformas: nueva regulación para trabajadores domésticos, comités para facilitar a los obreros el acceso a la Justicia, etc. En 2016 hicimos una visita de alto nivel al país para trabajar con el Gobierno del país y alcanzamos con ellos acuerdos para resolver estas cuestiones".
"¿Se producen abusos en Catar? Sí, por supuesto", Afirma. Sin embargo, eso no significa, matiza, que la OIT no se haya puesto manos a la obra: "Actualmente supervisamos las quejas de los trabajadores y en noviembre tendremos un nuevo informe sobre los progresos realizados". En este documento, anticipa Vargha, se verificarán los pasos dados para hacer desaparecer la Kafala.
Toca, pues, esperar, algo a lo las ONG no parecen muy dispuestas. Mendiola, de AI, deja claro que Amnistía Internacional considera que este anuncio se ha quedado en un brindis al sol: "Catar dijo que había abolido la Kafala y no es cierto, porque se mantuvieron elementos clave, como la necesidad del consentimiento del empleador para abandonar el país".
"A la OIT le pedimos que monitorice el cumplimiento del acuerdo por parte de Catar. Y a Catar que cumpla el Derecho Internacional", reclama. Y a la máxima autoridad del fútbol mundial, le emplaza a usar los medios que ya tiene para que en el futuro el balón no ruede en estadios manchados de sangre: "La FIFA tiene un consejo consultivo en asuntos de derechos humanos, y le pedimos que cumpla sus recomendaciones, que son la elaboración de una política de derechos humanos y la adopción de directrices claras de licitación y acogida para futuros mundiales".