El Colegio de Registradores de la Propiedad está trabajando en la creación de un geoportal de Internet en el que se puedan identificar todas las fincas del país, junto con sus principales características, desde las hipotecas hasta las servidumbres de paso o las restricciones de uso que puedan existir por la clasificación del suelo.
El proyecto se deriva de la Ley 13/2015, que reforma la Ley hipotecaria y la Ley del Catastro, y exige el empleo de los modernos Sistemas de Información Geográfica georreferenciados (GIS en inglés) para identificar las fincas del Registro de la Propiedad y cotejarlas con las que figuran en el Catastro, de modo que haya una única cartografía para todo el territorio.
Pero el Colegio quiere ir más allá de ese mandato y aprovechar para "incluir toda la información sobre las fincas que pueda resultar relevante", en palabras de Gabriel Gragera, vocal y director del Servicio de Bases Gráficas del Colegio, quien encabeza el proyecto.
Esta información unificada, además de estar a disposición del millar de registros de la propiedad diseminados por el país, podrá consultarla la ciudadanía mediante un geoportal específico, accesible por medio de Internet, previo pago de una pequeña cantidad que permita financiar el servicio.
Cada una de las fincas tendrá asociados tres tipos de información: aquella que puede paralizar el proceso de inscripción registral, como su ubicación en el dominio público marítimo-terrestre, en un cauce fluvial o en un monte público; aquella que da lugar a publicidad registral, es decir, que obliga al registrador a informar de una situación especial, como su emplazamiento en un territorio ambientalmente protegido con restricciones de uso, tal que una zona de protección de aves o un humedal; y aquella que simplemente sea información territorial asociada, como su clasificación en suelos rústicos o urbanos.
Aunque el proyecto está en una fase preliminar -se le denomina informalmente IDE-R, siglas de Infraestructura de Datos Especiales del Registro-, ya hay una veintena larga de especialistas trabajando en él, desde informáticos a arquitectos, pasando por ingenieros en geomática, si bien no lo hacen a tiempo completo.
Gragera, que subraya el carácter pionero de IDE-R y el interés internacional que ha despertado, confía en culminarlo en tres años.
¿La casa en una vía pecuaria?
Gragera lamenta la gran dispersión administrativa de la información territorial -un "agujero negro", dice-, que dificulta enormemente el servicio de los registradores de la propiedad. Por ejemplo, un buen negocio se puede echar a perder porque una vereda en el terreno elegido es en realidad una vía pecuaria con amplia servidumbre, algo que, si se sabe tarde, puede producir perjuicio económico.
Además, los registros tienen margen a la hora de facilitar determinada información. Algunos, como el suyo, en Castellón, dan datos sobre la ubicación de una finca en zona inundable, indicando si hay riesgo cada 10, 50, 100 ó 500 años, según los mapas elaborados por la Dirección General del Agua, pero otros no.
En España viven unos dos millones de personas en zonas que se inundan cada 100 años -son tres millones en zonas con riesgo cada 500 años- y la legislación solo restringe la construcción y los cambios de uso de las propiedades en estos terrenos, pero no obliga a informar a los interesados del riesgo para que puedan ponderarlo.
