El Ayuntamiento de Barcelona ha recibido con desagrado la multiplicación de las solicitudes de los permisos necesarios para construir viviendas en la ciudad, que se han casi triplicado en el tercer trimestre, y el lunes culpó de ello a la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE).
La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, reprochó primero a la Cadena Ser -donde también intervino Ada Colau- y luego en declaraciones públicas que esta patronal haya enviado una circular a sus asociados -más de 1.000 empresas- en la que les animaba a solicitar cuanto antes el certificado de aprovechamiento urbanístico (paso previo a la licencia de obras) y, en caso de estar en disposición, también la licencia de obras, "para preservar la seguridad jurídica de los proyectos y planeamientos" que quieran desarrollar en Barcelona, indicaron a elEconomista desde la entidad.
Y es que con este trámite se aseguran anticiparse a la nueva norma promovida en junio y aprobada en septiembre en el pleno del consistorio barcelonés, por la que será obligatorio reservar un 30% de las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones a vivienda social. Para que entre en vigor, debe recibir el visto bueno de la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat, por lo que el gobierno de Ada Colau prevé mantener una reunión este viernes con la Generalitat para hacerla efectiva "lo más pronto posible", según palabras de Sanz recogidas por Ep.
Los promotores respondieron a la petición de responsabilidad lanzada por Sanz al sector constructor argumentando que hace años que levantan vivienda social y "siempre" se han mostrado dispuestos a colaborar con las administraciones públicas, si bien entienden que "ni la legislación urbanística estatal ni la catalana habilitan al Ayuntamiento de Barcelona" a aplicar esta nueva regulación, que consideran que "no constituye una solución real para el problema de acceso a la vivienda en Barcelona".
Los promotores, que esperarán a que la norma complete su tramitación antes de decidir si emprenden acciones legales, rechazan la intención de Colau de forzar la obtención de vivienda protegida pública en suelo urbano consolidado, y recuerdan que ahora ya existe esta obligación en nuevos desarrollos de suelo residencial.
Añaden que siempre informan a sus asociados de los cambios legislativos, y defienden que el sector necesita "una legislación estable y clara, que garantice la seguridad jurídica", para desarrollar su actividad. Entre junio y septiembre, las peticiones de certificados de aprovechamiento urbanístico han alcanzado las 591, frente a 206 hace un año.
Estado y Generalitat tratan obras pendientes
La Comisión bilateral de infraestructuras entre el Gobierno y la Generalitat se reunió este lunes para tratar las inversiones estatales pendientes en la comunidad autónoma y los compromisos adquiridos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Uno de ellos es el pago de 759 millones correspondientes a liquidación de 2008 de la disposición adicional tercera del 'Estatut', que el 'Govern' debería haber cobrado en 2011 y reclamó a los tribunales.
