
Madrid, 4 oct (EFE).- La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, ha destacado hoy que la Comunidad de Madrid no está desahuciando a ninguna familia por impagos de su renta.
En respuesta a una interpelación del PSOE sobre la política del Ejecutivo madrileño en materia de vivienda social en el Pleno de la Asamblea de Madrid, Gonzalo ha indicado que el Gobierno regional ha entregado 2.400 viviendas públicas, el doble de lo que había prometido en su programa electoral, de las cuales 1.155 (casi la mitad) son de especial necesidad.
La consejera ha precisado que 7.842 familias cuentan con reducción de renta en sus alquileres, a lo que se han destinado 8,7 millones de euros en lo que va de año.
Una de cada tres familias disfruta de renta reducida, ha señalado Gonzalo, quien ha apuntado que el Parque de Viviendas de Emergencia Social -para dar una solución habitacional a familias que estén atravesando situaciones sobrevenidas de especial necesidad como un desahucio- cuenta con 168 inmuebles.
Entre 2018 y 2019, ha agregado, se redactarán nuevos proyectos para la edificación de 272 nuevas viviendas sociales repartidas en cinco promociones ubicadas en el sector oeste de la UVA de Hortaleza.
Todas ellas cumplirán con los nuevos criterios de consumo energético casi nulo, cuya cofinanciación se está gestionando con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
La consejera ha puesto de relieve el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, que ofrece arrendamientos más ajustados de precios (10 por ciento por debajo del mercado) y la tasa de morosidad se sitúa por debajo del 1 por ciento frente al 14 por ciento de la media nacional.
"Actuamos de mediadores y ofrecemos al arrendatario un precio ligeramente más bajo y al arrendador seguridad jurídica y la garantía de que va a cobrar su alquiler", ha detallado.
Hasta el 12 de septiembre de este año, el número de contratos firmados era de 86.702.
Además, el Gobierno regional ha suscrito un acuerdo con Bankia para poner a disposición de las familias con escasos recursos viviendas vacías en alquiler a precios asequibles.
La consejera ha subrayado que el Ejecutivo del PP tiene una postura clara frente a la "okupación", por lo que ha recurrido a la vía judicial para recuperar las 1.973 viviendas que necesitan y esperan otros vecinos de la región.
"No todas las ocupaciones son conflictivas", ha apuntado Gonzalo, quien ha manifestado que son "muy numerosas" las peticiones de regularización y que la Comunidad estima todas las que cumplen los requisitos.
Ha hecho hincapié en que no se puede obviar que cada persona que okupa una vivienda de forma conflictiva está privando a otras personas que de verdad necesitan un recurso público escaso.
Por su parte, el diputado socialista Daniel Viondi ha opinado que el Ejecutivo regional tiene "una pésima gestión" en materia de vivienda social y que no ha hecho nada para combatir el problema del incremento del precio del alquiler en la Comunidad de Madrid.
El precio del alquiler ha subido un 37 por ciento en los últimos cinco años en la Comunidad de Madrid y han aumentado las dificultades para acceder tanto al alquiler como a la compra de vivienda, ha recalcado Viondi.
Además, ha censurado la gestión "caótica" de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, antiguo IVIMA, al que le han cambiado el nombre para "tapar el pasado oscuro" y ha instado al Gobierno regional a reconocer su "incapacidad" para gestionar "adecuadamente" este organismo.
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