Madrid, 20 sep (EFE).- La FRAVM, la Plataforma Zona Norte y Ecologistas en Acción, entre otros colectivos, han denunciado hoy que la promotora de la operación Chamartín, Distrito Castellana Norte (DCN), se opone a difundir la documentación sobre el acuerdo para construir oficinas y viviendas en terrenos de ADIF.
Según aseguran estos colectivos en un comunicado, la empresa ferroviaria, dependiente del Ministerio de Fomento, sí estaría dispuesta a dar de forma parcial esta documentación y así lo ha comunicado esta semana en una nota enviada a la asociación vecinal de San Cristóbal del Barrio de Castilla.
La información requerida por esta entidad vecinal abarca el período 1993-2017, es decir desde la concesión de los terrenos públicos a un consorcio entonces liderado por Argentaria (después BBVA), hasta el primer acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Fomento, la promotora -formada por BBVA y la constructora San José- y el Ejecutivo de Manuela Carmena.
ADIF rechaza en cambio el acceso a tres de los informes solicitados por estos colectivos el pasado 29 de junio.
Sin embargo, según los vecinos Distrito Castellana Norte se opone a la difusión de esta documentación y en caso de que la entidad interponga un recurso "se tardarían años" -de tres a cinco, aseguran- en que esta información fuese de dominio público.
Según estos vecinos, DCN se puede acoger al artículo 22 de la Ley 19/13 de Transparencia que establece que, cuando exista oposición de terceros, el acceso a la documentación sólo se facilitará si no se interpone recurso contra la resolución o cuando se haya resuelto el mismo.
Fuentes de Distrito Castellana Norte han señalado a Efe que la promotora es una entidad privada "que no está obligada a difundir sus contratos" y han añadido que "la compañía debe guardar la necesaria discreción y reserva sobre su documentación contractual, en la medida en que pueda afectar a la protección tanto de sus intereses comerciales como de terceros".
En opinión de estas organizaciones ecologistas y vecinales, entre las que también figuran el Club de Debates Urbanos y el Instituto para la Democracia y el Municipalismo, este "empeño por ocultar la información" plantea dudas sobre la "la legitimidad" de la operación Chamartín, ahora denominada Madrid Nuevo Norte.
Estos colectivos dicen verse abocados a acudir a los tribunales para defender su "derecho de acceso a documentación pública", ya que sostienen que la concesión de los derechos urbanísticos "está bajo sospecha de irregularidad y fraude".
Para estos activistas, ADIF está en "connivencia" con DCN para impedir el acceso a la información, mientras que del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid denuncian "pasividad".
Además, exigen que el Gobierno de Manuela Carmena, que hoy tiene previsto aprobar de forma inicial este desarrollo urbanístico, suspenda su tramitación hasta que no se conozcan públicamente los "antecedentes" de esta operación, en la que está previsto construir 10.500 viviendas, la mayoría de alta gama, un espacio de oficinas con la torre más alta de España y reformar la estación de Chamartín.
