Las empresas de conservación de carreteras reclaman al Ministerio de Fomento que abra la puerta para que formen parte de los consorcios que competirán por los proyectos incluidos en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que movilizará 5.000 millones de euros. Piden así que se replique el modelo de las autovías de primera generación en el que era obligatoria la presencia de una compañía de conservación en la UTE (unión temporal de empresas) adjudicataria, máxime cuando el pliego en que trabaja el departamento que dirige Íñigo de la Serna contempla que esta actividad no se va a poder subcontratar al constituir el único riesgo transmitido.
Fuentes próximas a la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) defienden la presencia de una compañía de este sector en el consorcio adjudicatario a fin de que pueda asegurarse, con la suficiente solvencia, que "el riesgo de disponibilidad puede ser correctamente cumplido no entrando en la deriva de fuertes penalizaciones que se espera que se incluyan en los pliegos de licitación". Sobre todo teniendo en cuenta que "parece, cosa que es completamente lógica por otra parte, que esta actividad no se va a poder subcontratar, ya que constituye el único riesgo transmitido al adjudicatario", abundan.
Acex aglutina a grandes grupos como Acciona, API y Dragados (ACS), Ferroser (Ferrovial), Elsan (OHL) y Valoriza (Sacyr) y a otras como Becsa, Alvac, Elsamex, Azvi, Puentes y Pavasal. En total, cuenta con 34 asociados, algunos de ellos con un fuerte peso regional.
En las penalizaciones que Fomento puede aplicar sobre las concesionarias, el mantenimiento y la conservación de las vías alcanza un peso de alrededor de un tercio del total. El sector privado pidió hace unas semanas a Fomento cambios en el borrador del pliego con el foco en los costes expropiatorios, de forma que superen el 150%, y el régimen de penalidades. Asimismo, incidieron en acotar las bajas para evitar la temeridad y futuros sobrecostes.
Para Acex, se hace necesaria la participación de sus asociadas para garantizar "el buen funcionamiento de este tipo de contratos de concesión", que tendrán una duración de 30 años bajo un modelo de pago por disponibilidad -no habrá peaje para los usuarios, sino que la Administración paga una cantidad al concesionario-.
6.000 millones de déficit
Las empresas de conservación recuerdan que en el pliego de las autovías de primera generación se obligaba a que participaran en los consorcios al menos un constructor, una firma de mantenimiento y y una ingeniería. Esto, con el PIC, desaparece. Así, denuncian que el adjudicatario "puede ser cualquiera que tenga las clasificaciones de contratistas de servicios". Una condición que no es difícil de conseguir, advierten desde la patronal del sector.
El temor entre estas compañías es que este modelo de conservación, en un país en el que las carreteras españolas necesitan una inversión de más de 6.000 millones de euros para este cometido según los cálculos de la Asociación Española de la Carretera (AEC), "se extrapole al resto de las contrataciones de las administraciones".
Se retrasan los primeros contratos
Las quejas de las empresas de conservación se suman a las de las constructoras medianas, englobadas en Anci, que temen que muchas de ellas puedan quedar fuera del Plan de Carreteras por las condiciones que impone el pliego en el que trabaja el Ministerio de Fomento sobre la obligación de que los recursos propios vinculados al neto patrimonial deberán ser como mínimo del 20% de la suma del importe del contrato, incluyendo expropiaciones e inversión. El Gobierno preveía lanzar la primera licitación para estudio de viabilidad de la variante de Murcia este año, pero problemas ligados al impacto ambiental podrían retrasarlo un tiempo -se apunta a marzo- y adaptar entonces el pliego a la nueva Ley de Contratos.
