Madrid, 19 abr (EFE).- El 32,4 % de los alquileres en la Comunidad de Madrid no se declaran, un porcentaje por debajo de la media en España, donde el 41,4 % de los arrendamientos son fraudulentos por este motivo, según un informe del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha.
De este modo, añade el informe, el importe de las rentas no declaradas en la Comunidad de Madrid ascienden a 728,3 millones de euros.
La Agencia Tributaria (AEAT) ha puesto el foco en los alquileres en negro en la campaña de la renta de este año, en la que ha incluido un mensaje informativo a través del sistema Renta Web para los contribuyentes que tienen anunciados pisos en varios medios, sobre todo a través de Internet.
Murcia, Canarias y Andalucía son las autonomías con mayor porcentaje de alquileres en negro, según el estudio, que sostiene que en la actualidad existen algo más de un millón de viviendas alquiladas que escapan al control del fisco en España, de las que 139.042 se encuentran en la Comunidad de Madrid.
Además, existen otras 367.059 viviendas que se ceden de forma gratuita o a bajo precio, normalmente a familiares, las cuales en general no producen fraude porque el propietario aplica en el IRPF un porcentaje del valor catastral como renta imputada.
Los técnicos de Hacienda clasifican a los propietarios que alquilan vivienda en España de acuerdo a dos perfiles: el grupo de caseros mayores que ya no necesitan su segunda vivienda y la alquilan para complementar la pensión, y el grupo de aquellas familias que durante el 'boom' inmobiliario compraron una nueva casa y arriendan la antigua para ayudar al pago de la nueva hipoteca.
No obstante, a pesar de las estrecheces económicas que atraviesan muchos de estos propietarios que han visto caer su renta disponible, lo cierto es que el arrendamiento sumergido ha disminuido 12,6 puntos porcentuales desde 2007, año en el que los alquileres fraudulentos alcanzaban el 54,03 %, recoge el informe.
Para Gestha, este afloramiento de los alquileres sumergidos es fruto de la conjunción de varias acciones: el cruce de información de las deducciones estatal y autonómica de arrendamiento de vivienda habitual, la reducción en el IRPF del 60 % del rendimiento neto del alquiler declarado, que hasta la reforma fiscal de 2015 llegaba al 100 % si el inquilino tenía entre 18 y 30 años, y a la campaña de comprobaciones realizadas por la AEAT desde hace tres años en aquellas viviendas con altos consumos eléctricos cuyos propietarios declaran estar desocupadas.
Mucho menor impacto, a juicio de Gestha, tienen las visitas de la Agencia Tributaria destinadas a detectar alquileres opacos, que alcanzaron únicamente a 5.469 viviendas en 2015.
Para los técnicos de Hacienda, estas actuaciones -como la inclusión del citado mensaje en la declaración de la renta- para combatir los alquileres sumergidos son eficaces, porque el arrendamiento fraudulento es una actividad ilícita que es fácil descubrir y controlar, dado el perfil medio del propietario arrendador, que no realiza un fraude sofisticado.