Crecen un 20 por ciento las investigaciones de la Fiscalía por delitos urbanísticos

Barcelona, 30 jun (EFE).- La Fiscalía de Barcelona abrió el año pasado 74 investigaciones por delitos urbanísticos o contra el patrimonio histórico, lo que supone un aumento de más del 19 % con relación al año anterior.

Así se desprende de la memoria del año 2010 de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Barcelona, que advierte de que el número de denuncias podría ir en aumento en el futuro gracias a que la última reforma del Código Penal, que entró en vigor en diciembre pasado, permite perseguir a las administraciones que hayan tolerado o silenciado daños urbanísticos o en su patrimonio histórico.

De esa forma, a la Fiscalía le resultará más sencillo actuar contra ayuntamientos que permanecían pasivos ante infracciones urbanísticas o que sólo abrían expedientes a requerimiento del ministerio público.

De las 74 diligencias abiertas presentadas por delitos urbanísticos en 2010, treinta fueron archivadas, mientras que el resto están todavía en trámite o derivaron en querellas o denuncias.

En su memoria, el fiscal Antoni Pelegrín celebra la colaboración que ha prestado en la lucha contra las infracciones urbanísticas la dirección general de Urbanismo de la Generalitat, después de que la Fiscalía le reprochara su falta de implicación en la persecución de este tipo de delitos.

Desde entonces, la dirección general, que en su momento alegó que no disponía de suficientes inspectores y recursos para actuar en esta materia, suele informar a la Fiscalía sobre infracciones urbanísticas que puedan ser constitutivas de delito, por lo que la colaboración entre ambas instituciones "ha mejorado sustancialmente", según Pelegrín.

Precisamente, el fiscal ha resaltado la labor desempeñada por Agentes Rurales en la persecución de esos delitos, ya que muchas de las denuncias abiertas por el ministerio público proceden de informaciones facilitadas por ese cuerpo, al que le resulta más fácil advertir los desmanes urbanísticos al trabajar sobre el terreno.

La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente llama también la atención sobre la contaminación de aguas por vertidos residuales en numerosos municipios catalanes, una situación que según Pelegrín se prolonga desde hace tiempo y que en el año 2010 motivó la presentación de seis querellas a alcaldes de la provincia de Barcelona.

Según la memoria del ministerio público, a lo largo de 2010 se abrieron 27 diligencias de investigación por delitos contra el medio ambiente, la mayoría a raíz de vertidos contaminantes, así como 22 por delitos contra la flora y la fauna.