Construcción Inmobiliario

Transportes gana a las constructoras la batalla por los contratos de obra

  • El TACRC rechaza los recursos contra la fijación de unos precios máximos
  • La CNC ha recurrido varias licitaciones de carreteras y Adif con esas cláusulas
Raquel Sánchez, ministra de Transportes.

El Gobierno ha logrado el respaldo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) en la batalla que las constructoras abrieron contra el nuevo pliego de contratación de obras por parte de entes estatales que incluye unas cláusulas que imponen una base de precios máxima que no se puede rebasar ni aun en el caso de que haya un modificado del proyecto.

El organismo, adscrito al Ministerio de Hacienda, ha rechazado varios recursos especiales interpuestos por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que considera que la introducción de dichas cláusulas es contraria a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). La organización que preside Pedro Fernández Alén tiene la opción de acudir a la vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional. Por el momento, de acuerdo con fuentes oficiales de la patronal, "no se ha tomado ningún acuerdo para recurrir". Y explican que antes de hacerlo, en cualquier caso, "se valora por el Consejo de Gobierno".

La CNC recurrió antes de verano varias licitaciones de entidades del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

La CNC recurrió antes de verano varias licitaciones de entidades del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como la Dirección General de Carreteras (DGC) o Adif, con el objetivo de subsanar las irregularidades que, a juicio del sector de la construcción, recoge el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Así ocurrió con el contrato para la mejora del Desfiladero de la Hermida (N-621 León-Santander por Potes), presupuestado en más de 95 millones de euros. Tras suspenderse el procedimiento, el TACRC ha desestimado el recurso, reanudándose automáticamente en las mismas condiciones originales. Pese al mantenimiento de las cláusulas denunciadas, la concurrencia ha sido máxima, con 17 ofertas de UTE (uniones temporales de empresas) o constructoras, incluyéndose grandes firmas como ACS, Ferrovial, FCC, Sacyr, Constructora Sanjose, OHLA o Comsa.

El TACRC ha desestimado igualmente, más recientemente, el recurso de la CNC contra la licitación del proyecto de duplicación de la carretera N-350, acceso sur al puerto Bahía de Algeciras, en la provincia de Cádiz, por 52,5 millones.

Trabajos adicionales

Las constructoras denuncian que "la introducción y fijación de nuevos precios en un expediente de modificación del contrato de obras del sector público sin contradicción ni audiencia previa del contratista vulnera lo previsto en la LCSP". En concreto, los pliegos de los contratos recurridos señalan que "el contratista acepta que no está facultado para ejecutar trabajos adicionales distintos de los pactados, salvo que estén amparados por un expediente de modificación" e, igualmente, acepta que los precios nuevos finales a pagar por la Administración, que se generen en el modificado, "serán como máximo los recogidos en la base de precios".

El TACRC, sin embargo, considera que "las cláusulas impugnadas no eluden ni incumplen el procedimiento a seguir para la modificación del contrato" y tampoco "obliga al contratista a aceptar" ningún precio "porque éste es libre de licitar o no en las condiciones propuestas por la Administración (entre ellas el precio) y además de decidir, si se modificara el contrato, previa la tramitación del correspondiente expediente contradictorio, no ejecutar las unidades de obra nuevas por el precio que la Administración le propone". Además, agrega el Tribunal, "la cláusula ni siquiera llega a predeterminar la aplicación de unos precios concretos sino a que los que figuren en la citada base, sean considerados como máximos, si existen en la citada base". Así las cosas, "la inclusión de cláusula es conforme al principio de libertad de pactos, pues no solo es acorde al ordenamiento jurídico y al interés público, sino que responde a los principios de buena administración, en concreto, el de transparencia, al permitir que los licitadores sepan a qué atenerse, en caso de modificación de contrato", concluye.



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