A la tercera fue la vencida. El cava catalán se ha apuntado su primera victoria en la guerra que mantienen con los productores extremeños y valencianos después de que el Ministerio de Agricultura haya accedido a limitar la expansión de este cultivo el próximo año a 172 nuevas hectáreas.
Aunque en principio la decisión del departamento que dirige Isabel García Tejerina podría parecer salomónica, en la medida en que rechaza la pretensión del Consejo Regulador de Cava de limitar a 0,1 hectáreas durante los próximos tres años la plantación de este tipo de uva, la decisión supone en realidad un triunfo para la posición defendida por las bodegas catalanas, que desde que se implantó el nuevo sistema de autorizaciones han intentado frenar la expansión de la competencia extremeña y valenciana, localizada fundamentalmente en los municipios de Almendralejo y Requena.
Así, rechaza la prohibición solicitada pero impone duras restricciones para las zonas emergentes. De hecho, la superficie autorizada es la misma que se aplica a toda el viñedo español, de un 0,5%, pero apenas supone una décima parte del crecimiento que durante los dos últimos años se ha producido en estas dos localidades, de unas 1.500 hectáreas, y es insignificante si tenemos en cuenta que la DO ocupa 35.000 hectáreas, mayoritariamente radicadas en Cataluña.
Las restricciones del Ministerio, que se limitan a un año, afectan además a las tres vías con las que hasta ahora se puede plantar viñedo: la autorización administrativa, el traslado de viñedos de otras zonas vitivinícolas y la conversión de los antiguos derechos de plantación.
Precisamente han sido estas dos últimas vías las más utilizadas para acometer nuevas plantaciones, que ahora quedan prácticamente paralizadas. Esto puede suponer importantes perjuicios a aquellos viticultores y bodegueros que habían recurrido a estas vías para plantar viñedo pero a los que no le ha dado tiempo a completar todos los requisitos administrativos para poder inscribirlo.
La petición del Consejo de prohibir nuevas plantaciones hasta 2020 venía avalada por un informe en el que se advertía del daño para la imagen de la denominación que podía producirse por una posible sobreproducción por el incremento descontrolado del viñedo. Como telón de fondo, estaba el giro españolista que muchas bodegas catalanas habían realizado durante el process al cambiar su sede social.
