La inestabilidad creada por la amenaza de ruptura también frena inversiones y contrataciones, según los directivos.
La repercusión económica de la crisis política catalana ha logrado romper el silencio empresarial dominante hasta septiembre, y Esade dio ayer voz a 123 directivos de firmas de todos los sectores y tamaños con actividad en Cataluña que han querido compartir la información que poseen sobre el impacto del procés en sus negocios y trasladar peticiones a las autoridades y la sociedad. La muestra incluye desde profesionales liberales a directivos de pymes, grandes empresas y multinacionales, en la que es la primera radiografía empresarial transversal de los efectos de la coyuntura política en la actividad económica.
Y los resultados son poco alentadores. Destaca que el 56 por ciento de los directivos consultados reconoce que se han reducido las ventas de su negocio entre septiembre y noviembre -con el mayor impacto en octubre- por el proceso frustrado de independencia. El promedio de caída de la facturación en cada organización es del 9,5 por ciento, si bien es una media aritmética, no ponderada según el tamaño de cada negocio, señaló el impulsor del estudio, el economista y escritor Fernando Trías de Bes.
Este profesor de Esade impulsó la plataforma Refem Empresa, Refem Catalunya (Rehagamos Empresa, Rehagamos Cataluña) para recoger la información que manejan los directivos, que no pueden pronunciarse públicamente por motivos corporativos, y prevé seguir sumando participantes para dar continuidad al informe, dada la buena acogida que ha tenido.
Clientes perdidos
Otro dato de alerta es que un 44 por ciento de los profesionales que han participado en la iniciativa afirma que ha perdido clientes, tanto catalanes (15 por ciento) como del resto de España (18 por ciento) e internacionales (11 por ciento), y un 19 por ciento ha detectado boicot comercial a sus productos en el resto de España.
Los directivos de empresas que han trasladado la sede social fuera de Cataluña aducen como motivo principal la seguridad jurídica, seguida de la incomodidad por la incertidumbre, la voluntad de seguir al amparo del regulador y la presión comercial de los clientes. Asimismo, el 58 por ciento de los directivos ha visto cómo clientes y proveedores movían su sede, y un 31 por ciento de ellos asegura que ello les ha afectado de algún modo.
Parálisis preelectoral
Ahora, los directivos están a la espera de los resultados electorales del 21-D para ver si en enero persiste la crisis o se reconduce la situación. Un 46 por ciento ha congelado las inversiones, y un 24 por ciento prevé contratar menos personal en 2018, mientras que otro 11 por ciento decidirá según el resultado del 21-D.
Además, el 98 por ciento cree que la imagen internacional de Cataluña se ha visto afectada -especialmente en lo referente a inversión extranjera, la marca Barcelona y las adquisiciones de empresas-, mientras que, en España, ser catalán ha pasado de ser un activo a un pasivo: "Se han erosionado las relaciones", lamentó Trías de Bes. Comparte su parecer el 48 por ciento de directivos que considera que la situación política ha afectado al clima laboral en sus empresas. Incluso un 12 por ciento reconoce que no han renovado algún contrato o ha habido algún despido por este motivo.
Contra la DUI
De cara al futuro, en caso de que se consumase una declaración unilateral de independencia, el 42 por ciento de los directivos trasladaría total o parcialmente la empresa -incluyendo un 4 por ciento que la cerraría-, y otro 31 por ciento no movería la sede de la compañía pero reduciría o desplazaría inversiones y plantilla.
Respecto a las peticiones a las Administraciones tras las elecciones, sobresale una mejor financiación y más inversiones para Cataluña desde el Gobierno central, y rechazo de la unilateralidad y de cualquier atisbo de salir de la UE por parte de la Generalitat. Comparten el deseo de una solución política que acabe con la incertidumbre que afecta a los negocios, lo que también reclamó ayer el presidente de Pimec, Josep González, en el encuentro navideño con la prensa: "El diálogo no es ya una recomendación, es una obligación", aseveró. Para los directivos y la patronal, es clave recuperar la estabilidad cuanto antes.
