La Generalitat coge velocidad de crucero, con la presentación de las distintas líneas de actuación de esta legislatura. El enfrentamiento verbal con el estado español no decae. Esta semana el gobierno del estado no ha presentado recursos al Constitucional, pero ha recibido fuertes quejas por la gestión de las infraestructuras.
Mientras que en Madrid la atención se ha movido entre la volatilidad de la bolsa y las negociaciones de Pedro Sánchez para tratar de alcanzar un acuerdo que le permita ser investido presidente del gobierno, en Barcelona la actividad política ha sido intensa porque el gobierno ha comenzado a presentar sus planes de acción.
El lunes, comenzábamos con Oriol Junqueras. El nuevo conseller de Economía y Hacienda adelantó que está poniendo las bases de lo que será la próxima Hacienda catalana y que, el primer paso, será aumentar la red de oficinas de la agencia tributaria de Cataluña. Los miembros de la comisión le preguntaron por BCN World y el presidente de la Generalitat se ha reunido con Hard Rock para ver si alcanzan un acuerdo.
Por el momento, el proyecto no está seguro, pero ya sabemos que igual tenemos que votarlo. Veremos si en Tarragona o en toda Cataluña.
La actualidad económica no se ha quedado aquí. Ha sido especialmente notable el estreno del conseller Toni Comín. Su primera comisión no ha pasado inadvertida para nadie porque ya ha anunciado una primera medida que será aprobada el 22 de febrero: que dos hospitales del grupo Quirón se quedan fuera del sistema público de salud.
El jueves, Quirón explicó a elEconomista que no había recibido ninguna comunicación, que probablemente no llegó tampoco el viernes. En medio de la festividad en Barcelona, el gobierno sólo tuvo tiempo para inaugurar la línea 9 de metro. Después de cerca de una década y unas inversiones de 2.900 millones de euros, el metro llegó al aeropuerto.
La ocasión fue aprovechada para reclamar al estado español mayores inversiones en infraestructuras y, de nuevo, mejoras en la red de ferrocarriles. Al fin y al cabo, esta semana Barcelona estuvo bloqueada porque se pararon las infraestructuras de Adif, que la Generalitat reclama a España.
