El presidente de la Cámara de España, Josep Lluís Bonet, y el de la Ceoe, Joan Rosell, han reclamado este lunes a los políticos dialogar sobre Cataluña "para mejorar el encaje" en España y admitir su peso.
"Que se reconozca plenamente la importancia de su aportación al resto del España y su peso institucional", añaden en el artículo 'Nunca es tarde para el diálogo', publicado por 'La Vanguardia' y recogido por Europa Press.
Defienden que la política es "el arte del pacto y no un instrumento de enfrentamiento", por lo que llaman a un consenso para evitar la independencia, teniendo en cuenta los perjuicios que comportaría.
Rosell y Bonet creen que los políticos tienen capacidad y preparación suficiente para hacer "las reformas necesarias, y que las posiciones partidistas cesarán ante intereses de mayor envergadura".
Tras remarcar que muchos se sienten catalanes, españoles y europeos y que no quieren renunciar a nada de eso, avisan de que Cataluña saldría del euro y tendría "serios problemas para financiarse".
"La pertenencia al Estado español le dota de instrumentos de los que carecería fuera", y sostienen que el futuro en mayúsculas es Europa y está aún a mitad de camino, por lo que no hay que volver atrás. CONSECUENCIAS DE LA INDEPENDENCIA
Los dos dirigentes alertan de que la secesión "tendría consecuencias en la actividad económica de Cataluña", y les preocupa cómo las decisiones políticas repercutirán en el estado del bienestar de los catalanes.
Avisan de que, con un Estado propio, Cataluña no estaría en el euro y le costaría financiarse, porque no podría recurrir al BCE o al Mecanismo Europeo de Estabilidad, y sus emisiones de deuda se verían muy penalizadas, además de constatar que "la Europa de los Estados no está pensada para que sus miembros se fragmenten".
Añaden que la exportación catalana quedaría perjudicada: se encarecería y perdería competitividad; los productos catalanes a vender en Europa quedarían gravados por la tarifa para Estados no comunitarios, y los productos a vender a terceros países no se beneficiarían de las cláusulas preferenciales suscritas por la UE.
