El pasado 27 de junio, el Patronato de Feria Valencia aprobó sus cuentas de 2012, con unas pérdidas de 4,5 millones de euros, un 41 por ciento menos que en 2011, y una caída de ingresos del 23,3 por ciento, según un comunicado de la institución, que se negó a facilitar a elEconomista información adicional. Una información que Feria Valencia no hace pública acogiéndose a su carácter de Asociación de Utilidad Pública, lo que significa que tampoco deposita su balance, cuenta de resultados y memoria auditada en el Registro Mercantil, donde cualquier cliente, proveedor, competidor o banco podría consultarlas.
Así, nadie fuera del patronato presidido por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, e integrado por altos cargos de la Generalitat y la Diputación de Valencia y dirigentes empresariales, conoce sus cuentas, a pesar de que Feria Valencia recibe fondos de la Generalitat, que es la que paga el principal y los intereses de los casi 600 millones de euros que la institución debe por la ampliación de su recinto realizada la pasada década. Una ampliación que costó más del doble de los 300 millones que tenía de presupuesto.
Feria Valencia no enseña sus cuentas a los periodistas, ni a los grupos de la oposición en el Ayuntamiento y en las Corts ni a la Sindicatura de Comptes, que a finales de 2012 le requirió para que se sometiera a su auditoría, como el resto de organismos del sector público local y autonómico, incluida la Institución Ferial Alicantina (IFA), que sí rinde cuentas al auditor autonómico.
El presidente del comité ejecutivo de la feria, Alberto Catalá, rechazó la fiscalización alegando quelainstitución tiene carácter privado, a pesar de que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que dice lo contrario.
La institución no oculta que las cosas no van bien. En 2011 realizó un ERE y acaba de anunciar grandes cambios, como la división de su estructura en dos empresas, una tenedora del recinto y otra organizadora de los certámenes, como ya existe en otras ciudades. Además, ante la pérdida de expositores y visitantes, va a sacar algunas ferias de Valencia, por ejemplo, la de Moda Infantil, que celebrará su 78 edición en Madrid el próximo mes de enero. Pero no enseña sus cuentas.
Ante la insistencia de elEconomista, fuentes de Feria Valencia argumentan que "ninguna feria publica sus cuentas". Sin que ello le exima del deber de transparencia, este periódico ha comprobado que, en diferente medida, es cierto que otras grandes instituciones feriales también esconden sus números.
Zaragoza
Feria de Zaragoza tiene la misma estructura jurídica que Feria Valencia, es decir, una junta rectora llena de políticos, en este caso presidida por la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y un comité ejecutivo de 11 miembros en el que seis son de la Cámara de Comercio de Zaragoza, incluido su presidente, Manuel Teruel, que preside este comité. El resto son representantes políticos y uno de Ibercaja. Igual que en Feria Valencia, es imposible acceder a las cuentas anuales de la institución ferial, que tampoco están en el Registro Mercantil. Feria de Zaragoza remite a la junta rectora que controla el Gobierno de Aragón, pero el Ejecutivo remite a la institución ferial. Algunos miembros del comité ejecutivo confiesan que no las tienen. Las cuentas están auditadas, señalan desde la institución, pero esa auditoría está también en manos de la junta rectora.
Feria de Zaragoza asegura que funciona con un presupuesto propio, de forma autónoma y con plena capacidad para obrar. El último proyecto de ampliación, que se paralizó con motivo de la crisis, aunque no se ha descartado, contemplaba una inversión de 20 millones para la primera y segunda fase, cantidad para la que se firmó un crédito con seis entidades financieras que se abonaría con la propia actividad de la feria.
Sevilla
El Palacio de Congresos de Sevilla, conocido como Fibes, es también una asociación controlada por accionistas públicos -Ayuntamiento y Diputación de Sevilla- y privados -Cámara de Comercio de Sevilla-, que elabora una memoria anual que nunca ha estado disponible públicamente para su consulta, ni se ha facilitado a elEconomista tras solicitarse la de los últimos años. No obstante, desde que el PP accedió a la Alcaldía de Sevilla en 2011 se ha puesto en marcha un plan de transformación de Fibes que, previa auditoría realizada por Deloitte, desveló pérdidas de 1,6 millones de euros en 2010 y de otro millón en 2011. En 2009 logró un resultado positivo de 23.000 euros con unos ingresos de unos 10 millones.
En 2012 culminó una ampliación presupuestada en 66 millones que duplicó su coste, hasta 120 millones, de los que el Ayuntamiento asume algo más de 100 millones, la Junta de Andalucía 17 y la Diputación 1,6 millones. El Ayuntamiento echó en 2012 al gerente durante los 14 años anteriores, Felipe Luis Maestro, mediante un despido procedente que basó en la auditoría de Deloitte para afirmar que las pérdidas de 2011 se debieron a graves errores de gestión de ese directivo.
El conjunto del palacio de ferias y congresos, tras la ampliación, está integrado ahora por dos sociedades: la propia Fibes, que es la tenedora de los activos físicos del palacio de congresos original y que está controlada a partes iguales por el Ayuntamiento y la Diputación; y la sociedad gestora de esos activos: Consorcio del Palacio de Congresos y Exposiciones, en la que Ayuntamiento, Diputación y Cámara de Comercio de Sevilla tienen cada uno un 33 por ciento. Las instalaciones de la ampliación son propiedad solo del Ayuntamiento. El Consistorio pretende la integración de esas dos sociedades gestoras en una nueva controlada al 100 por cien por él y que controle así todos los activos físicos del conjunto del complejo. La Diputación y la Cámara se han mostrado, en principio, de acuerdo, aunque uno de los problemas es la deuda de 3 millones de euros que acumula la sociedad Fibes. La nueva empresa será una sociedad anónima que se denominará Congresos Turísticos
Málaga
La institución ferial de Málaga depende de la sociedad municipal Promálaga, que lo gestiona a pesar de que en 2011 creó una mercantil propia para gestionar el Palacio de Ferias de forma autónoma. Tras su constitución, el consejo de esa empresa nunca se ha reunido. El consejo de Promálaga lo preside el alcalde, Francisco de la Torre, y está formado por representantes de los grupos municipales, lo que facilita la transparencia de sus cuentas. Se financia a través de las transferencias del Ayuntamiento, ya que es el organismo municipal más deficitario. La deuda que arrastra la empresa municipal desde el año 2008 es de más de 14,8 millones.
El Palacio de Ferias lo promovió el Ayuntamiento de Málaga hace una década. Se adjudicó en 26,3 millones pero costó 53,9 millones por sobrecostes y modificados sobre el proyecto inicial. En 2002, Izquierda Unida solicitó la intervención de la Cámara de Cuentas de Andalucía para que fiscalizara la obra e investigara los sobrecostes.
Valladolid
La institución ferial de Valladolid tampoco hace pública su información económica porque alega que al ser un consorcio sin ánimo de lucro, la ley sólo les obliga a informar a sus socios, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento, la Diputación y la Cámara de Comercio. Pese a que tradicionalmente se ha financiado con los ingresos por la organización de ferias , la institución recibe fondos públicos, como los 2 millones desembolsados por las instituciones para enjugar las pérdidas de 2011, de medio millón de euros, y de 2012, que se han elevado a 600.000 euros. Las cuentas de este organismo se han conocido parcialmente cuando ha tenido que poner en marcha medidas de ajuste, como a principios de 2012, cuando solicitó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) suspensivo de 160 días que afecta a sus 30 trabajadores.
Pese a esta medida y otros recortes de gasto, la institución ferial no solo ha prolongado el ERE en 2013, sino que despidió a cinco trabajadores para reducir los costes de personal. La última medida de ahorro ha sido la de recurrir a una persona de la casa para sustituir al dimitido director de la Feria. La institución organiza una veintena de certámenes a lo largo del año.
Galicia
La Feira Internacional de Galicia está gestionada por una fundación pública, la Fundación Semana Verde de Galicia, que está presidida por el Vicepresidente de la Xunta de Galicia y a la que también pertenecen miembros de la Diputación de Pontevedra, del Ayuntamiento de Silleda y de Novagalicia Banco. Las Administraciones Públicas aportan un 99 por ciento del fondo social de la Fundación y son el 77 por ciento de los miembros del Patronato. Al ser una fundación pública, sus cuentas se incluyen en los presupuestos autonómicos.
En 2012, la Fundación recibió una aportación de 334.000 euros por parte de la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra, para un presupuesto de 1,8 millones, que se liquidó sin desviaciones. En 2013 la aportación de la Xunta y la Diputación será de 300.000 euros y el presupuesto asciende a 2,1 millones. El presupuesto de la Fundación varía de forma sustancial de años pares a impares por la celebración de certámenes bienales.
Bilbao
Bilbao Exhibition Center (BEC) es una sociedad anónima controlada por el Gobierno Vasco y la Diputación de Vizcaya -46,52 por ciento cada uno- y participado por los ayuntamientos de Bilbao y Barakaldo y la Cámara de Comercio. Sus cuentas, que no son buenas, se pueden consultar en el Registro Mercantil y se envían también al Tribunal Vasco de Cuentas y al Parlamento de Vitoria cuando las solicita.
La mayor institución ferial del norte de España inauguró su recinto ferial de 150.000 metros cuadrados en 2004 con un coste de 520 millones, 130 más de lo presupuestado, financiados por el Gobierno Vasco y la Diputación, financiación bancaria -150 millones- y créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 350 millones, de los que 150 deben amortizarse en 2014. Se trata de un serio problema para la institución ferial, que acumula un déficit de explotación de 31,7 millones entre 2005 y 2011, con un Ebitda negativo acumulado de 17,1 millones entre 2008 y 2011 y una caída de ingresos en esos tres años del 58 por ciento.
Guipúzcoa
La institución ferial guipuzcoana inauguró su recinto en Irún en 2003 con el habitual sobrecoste en este tipo de obras -presupuestado en 7 millones acabó costando 22- y tiene separada su estructura en una sociedad anónima propietaria del edificio -Recinto Ferial del Bidasoa- y una fundación -Ficoba- que lo gestiona. Informan sobre sus datos de explotación, pero no facilitan el acceso a sus cuentas completas, que sí entregan al Registro, al Tribunal Vasco de Cuentas y a las Juntas Generales de Guipúzcoa. Situada en la localidad fronteriza de Irún, Ficoba nació con el objetivo de ser un feria transfronteriza. Sin embargo, a pesar de que en sus órganos hay representantes del Ayuntamiento de Hendaya y de la Cámara de Comercio de Bayona, apenas ha logrado atraer eventos.
Su construcción fue financiada por el Ayuntamiento de Irún y la Diputación de Guipúzcoa, institución esta última que salió de la promotora al incrementarse los costes. Ficoba facturó 1,2 millones en 2012 y obtuvo un superávit de 90.000 euros, aunque arrastra déficits de años anteriores, y Recinto Ferial del Bidasoa perdió 1,1 millones, con lo que sus pérdidas acumuladas ascienden a 7,2 millones.
Barcelona
Fira de Barcelona es un consorcio integrado a partes iguales por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio que combina la titularidad pública con la gestión empresarial autónoma. Como la mayoría de instituciones, tiene dos niveles de gobierno diferenciados. Por un lado, los representantes políticos participan el en Consell General, que preside el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y se reúne de forma ordinaria dos veces al año. Entre sus principales funciones está la de aprobar las cuentas y los presupuestos anuales. Por otro lado, para la gestión existe un consejo de administración integrado por empresarios de reconocido prestigio que actualmente preside Josep Luís Bonet, presidente de Freixenet. Los miembros de este órgano no perciben remuneración alguna. En 2012, Fira recibió subvenciones públicas finalistas de 5,9 millones destinadas a la promoción de algunos salones, importe que representa el 5 por ciento de los ingresos de la entidad. La cuenta de explotación de la entidad se publica en la Memoria Anual, que está disponible en su web. Sin embargo, no son públicos el balance económico y el informe de auditoría, que realiza Deloitte. En 2012, tuvo unos ingresos de 115,1 millones y un Ebitda (resultado bruto de explotación) de 11 millones.
Fira cuenta con dos recintos que suman 400.000 metros cuadrados de superficie bruta. El de Montjuïc, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Barcelona, y por cuyo mantenimiento y uso, Fira paga un canon anual, y el de Gran Via. El nuevo recinto de Gran Via supuso una inversión de casi 850 millones, a cargo de la sociedad patrimonial Fira 2000, constituida a tal efecto. Esta sociedad ha financiado la inversión mediante aportaciones de capital de distintas instituciones públicas y con préstamos del BEI, fondos Feder y créditos bancarios. De acuerdo con el plan financiero, Fira soporta el coste del recinto de Gran Via mediante el abono anual de un canon a Fira 2000. El importe abonado por Fira de Barcelona, en concepto de canon para los dos recintos desde 1995 hasta la actualidad, supera los 165 millones.
Madrid
Ifema es una de las instituciones feriales más transparentes. Se trata de un consorcio formado por Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, Cámara Oficial de Comercio -cada uno con un 31 por ciento- y Fundación Caja Madrid. Tiene tres órganos de Gobierno: Junta rectora, comisión permanente de la junta rectora y comité ejecutivo, formados por representantes de los entes consorciados. Además, existen unos órganos de gestión, encabezado por el presidente del comité ejecutivo, Luis Eduardo Cortés. Es decir es un consorcio controlado por las administraciones y, como tal, cumple con su obligación de publicar sus cuentas, a pesar de que no tiene que justificar el destino de dinero público, ya que se autofinancia y no recibe subvenciones.
La memoria de 2011 está publicada en su web y la de 2012, recién aprobada, todavía no está en la red, pero desde Ifema adelantan a elEconomista los grandes datos: Ingresos de 100 millones (-6,6 por ciento), gastos de 84 millones, Ebitda de 16 y beneficio neto de un millón de euros, un 41 por ciento menos que en 2011. Desde el inicio de la actividad de Ifema, en 1980, los entes consorciados han aportado un total de 60,3 millones de euros, cantidad que constituye el fondo social de la institución. En el recinto ferial y sus dos ampliaciones se ha realizado una inversión superior a los 532 millones, que fue atendida con recursos propios generados y con préstamos de entidades financieras. A fecha de hoy, estos últimos han sido totalmente liquidados, anticipando incluso parte de su periodo de amortización.
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