La red de sociedades de garantía recíproca (SGR) ha sido clave para la supervivencia de pequeñas y medianas empresas y de autónomos, que en muchos casos mantienen el respaldo de los bancos gracias a los avales que prestan estas entidades.
Sin embargo, la actividad de 2012 muestra una caída del número de avales formalizados y del riesgo vivo -el capital avalado pendiente de amortizar-, como consecuencia de las crecientes dificultades de financiación, sin olvidar el efecto en las cifras agregadas de la crisis de la mayor SGR, la valenciana, que está en concurso de acreedores y tiene su actividad prácticamente paralizada desde hace más de un año.
La directora general de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (Cesgar), Marta Cea, encuentra tres causas que explican el descenso de al actividad. "Primera, que ha caído la demanda de crédito; en segundo lugar, que la demanda que hay es menos solvente, son pymes con mayores dificultades".
La SGR está precisamente para facilitar operaciones con más riesgo, pero partiendo de la base de que la operación tiene que ser solvente. "Y en tercer lugar, también nos vemos afectados por el cierre del grifo de las entidades de crédito, ya que hay entidades que no entran en según qué tipo de operaciones aunque tengan el aval de una SGR", asegura Cea.
Cesgar es la confederación que agrupa las 23 SGR españolas, de las que 20 tienen carácter territorial autonómico o pluriautonómico, y tres son sectoriales de ámbito nacional: Audiovisual, Transaval (transporte) y Fianzas y Servicios. Cesgar asume las funciones de coordinación, cooperación, defensa y representación de los intereses de las SGR, a la vez que promueve todo tipo de acuerdos con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, y presta labores de asesoría y asistencia técnica.
El deterioro de las empresas se aprecia en el tipo de aval que solicitan, ya que pestado para financiación de inversiones se ha reducido, igual que los avales técnicos (fianzas para licitaciones de obra pública), mientras la destinada a circulante aumenta. Para paliar la situación descrita por Marta Cea, Cesgar firmó el año pasado un acuerdo con el Ministerio de Industria y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el que este organismo creó la Línea ICO-Garantía-SGR, con una dotación para este año de 200 millones de euros, ampliable, de la que ya se han consumido unos 50. La línea está dedicada a autónomos y empresas que cuenten con el aval de una SGR o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca).
Prescindir de los bancos
No obstante, Cesgar quiere mejorar las condiciones, porque, según Marta Cea, "es una línea muy cara", ya que el ICO se financia en los mercados y repercute el tipo de interés que paga, que actualmente no es muy bajo, a lo que hay que añadir el margen de las SGR y el de los bancos colaboradores, con lo que el coste para la pyme en muchos casos supera el 5 por ciento TAE. Según Cea, la idea de Cesgar es "que se pueda hacer llegar a las empresas directamente" desde las oficinas de las SGR, sin pasar por los bancos.
"Si evalúo yo el riesgo, el dinero lo pone el ICO con nuestro aval y el banco solo pone la ventanilla, creo que nos lo podemos ahorrar", apunta. De hecho, la normativa actual permite que la pyme acuda directamente a la SGR a negociar el crédito ICO, solo que después deben buscar un banco para canalizarlo.
La confederación de las SGR españolas también lleva tiempo intentando renegociar las condiciones del reaval que presta la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), adscrita al Ministerio de Industria, que cubre entre el 30 y el 75 por ciento del riesgo asumido por las SGR con las pymes.
Según Cea, hay unos límites de calidad de crédito a partir de los cuales Cersa penaliza a la SGR que se mantienen igual que antes de la crisis, cuando la situación ha empeorado y el índice de fallidos y la tasa de morosidad han subido en la misma medida que la de los bancos. Estas mejoras que propone Cesgar ayudarían, según Cea, a abrir el grifo del crédito.
En cuanto a las propias SGR, su situación es buena, si se exceptúa el caso de la valenciana. El coeficiente mínimo de solvencia que exige el Banco de España es del 8 por ciento y, según Cea, la media está alrededor del 14 por ciento. "Ha crecido la morosidad, pero tenemos recursos para afrontarla", asegura. Sobre el caso valenciano, el análisis que han hecho en Cesgar es que el problema vino por "una concentración elevada en el sector inmobiliario, que no se ha dado en el resto".
El País Vasco, pionero
Las dos SGR que hay en el País Vasco, Elkargi y Oinarri, se han ganado el prestigio del mundo empresarial y de las entidades financieras con las que trabajan y están en buena situación financiera, con tasas de mora bajas en comparación con el sector. Nunca han dependido de ninguna administración pública ni de ninguna entidad financiera.
Elkargi es la sociedad decana en España, ya que nació en 1980, constituida con 35 millones de pesetas y 352 empresas socias. Fue impulsada por la patronal guipuzcoana Adegi. Después, se extendió al conjunto del País Vasco, ampliando su actividad también a Navarra y La Rioja.
Por su parte, Oinarri se constituyó para el apoyo de la economía social en 1996, a iniciativa de las Federaciones de Cooperativas de Euskadi (Konfekoop) y de la Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi (ASLE). Según su director comercial, Dionisio Txaparro, "la economía social es muy específica y hacía falta una entidad financiera especializada que la comprendiera, ya que las entidades tradicionales tenían dificultades". No obstante, en 2001 amplió su actuación a todas las pymes vascas y se ha ido extendiendo por otras comunidades, como Cataluña, de la mano de acuerdos con asociaciones de empresas de economía social.
A pesar de su independencia, tanto Elkargi como Oinarri han sido instrumentos para canalizar políticas públicas de avales, pero siempre aplicando los criterios de rentabilidad y solvencia que guiaban su actividad normal de avales. Es decir, que los fondos públicos que canalizaban se hacían bajo los mismos criterios de garantías que los que aplicaban en los suyos propios.
Avalis, la que más crece
Avalis, la SGR catalana, fue la primera en crecimiento del número de socios partícipes, un 12 por ciento, frente al 2 por ciento de media de las 23 SGR. Algo que puede repetirse en los próximos años, ya que opera en la comunidad autónoma con más pymes, pero, debido a su juventud -10 años- está lejos de ser la más grande.
Avalis prevé facilitar la obtención de aval y garantías a más de 1.000 pymes y autónomos este año, principalmente avales de circulante -ya suponen el 50 por ciento de la actividad, debido a los problemas de tesorería que atraviesan las pymes- y para proyectos vinculados a la innovación y la internacionalización.
Para facilitar la tramitación a las empresas, Avalis y el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), uno de sus principales socios protectores, han creado una ventanilla única en la web icf.cat, que funciona como único canal de entrada.
Nacida en plena crisis
La más joven de las SGR, Aval Castilla-La Mancha, nació en 2011, en un momento no solo de fuerte crisis general, sino también de las propias entidades de crédito manchegas. No obstante, esta última circunstancia, con casos como la desaparición de Caja Guadalajara, integrada en CaixaBank, no ha frenado su desarrollo. "En cierta medida, ha reactivado el volumen de operaciones que las entidades financieras resultantes de procesos de fusión están dispuestas a conceder", apuntan desde la entidad.
Según estas fuentes, "partíamos de una situación complicada en relación a la coyuntura económica del país y de esta comunidad, y pese a ello, se han concedido un volumen de operaciones importante".
Como en el resto de entidades, se observa una mayor concentración en circulante y menos operaciones destinadas a financiación de inversión, así como reestructuraciones financieras. Según Aval CLM, "sectores como el agroalimentario y empresas de servicios demandan la mayor parte de las operaciones".
Iberaval, la más grande
La sociedad de garantía recíproca de Castilla y León y la Rioja, Iberaval, sumó en 2012 un millar de nuevas pymes como socias, la mitad de todas las altas en el sector en España, y se consolida como la mayor por número de socios.
La entidad que preside José Rolando Álvarez se ha convertido en todo un balón de oxígeno para las pymes en plena crisis. En 2012 incrementó un 8 por ciento el volumen de préstamos de carácter financiero hasta alcanzar los 98 millones, lo que ha contribuido sostener más de 85.000 empleos distribuidos en 5.400 empresas. Los de carácter técnico -avales para obra pública-, por el contrario, descendieron un 58 por ciento, por la caída de la licitaciones.
La media de las operaciones formalizadas por Iberaval se sitúa en 87.000 euros, y el 80 por ciento corresponde a empresas con diez o menos trabajadores. En cuanto a la distribución por sectores, el más importante es el comercio, que aglutina el 28 por ciento de los créditos avalados, seguido por la industria (22 por ciento), servicios (20) y construcción (14).
Además de su alta penetración en el tejido de las pymes, la entidad presume de sus datos de solvencia, con un coeficiente del 13 por ciento, cinco puntos por encima de lo que exige el Banco de España, y un ratio de morosidad del 3,6 por ciento, muy por debajo de la media del sector financiero.
Menos avales en Aragón
En Aragón, Avalia SGR redujo su actividad un 11 por ciento en 2012, por la minoración de los avales financieros y el menor nivel de actividad de las empresas, así como por el descenso en los avales técnicos para licitaciones.
Esta tendencia ha cambiado en el primer trimestre de este año, puesto que Avalia ha crecido un 11 por ciento en el volumen de formalización, lo que se ha conseguido "pisando la calle y haciendo un importante esfuerzo comercial porque ahora cuesta más cerrar operaciones", según su director general, José Carlos Montes. "De cada diez veces que te lanzas, ahora tienes resultados en dos o tres casos en lugar de siete como antes", explica.
La difícil situación económica ha llevado a que Avalia "tenga que satisfacer nuevas necesidades en la prestación de garantías", según Montes, por lo que ahora se están propiciando operaciones "para que las empresas puedan salir al exterior, dando respuesta a las garantías que les piden las empresas extranjeras", aparte de incidir en "desbancarizar la financiación de las empresas para que no llegue todo a través del sector bancario y se pueda conseguir financiación por CDTI, adelanto de subvenciones, etcétera". Avalia también presume de solvencia (17,44 por ciento) y de baja morosidad, el 2,62 por ciento.
Microavales en Galicia
En Galicia, la actividad de las SGR también ha tenido una evolución negativa como consecuencia de la actual situación financiera. Desde la SGR de Pontevedra y Orense (Sogarpo), su directora general, Margarita Fernández, explica la estrategia ante esta situación, que incluye priorizar pequeñas operaciones de inversión de microempresas y autónomos, a través de la línea de microcréditos de hasta 25.000 euros.
Además, se pretende facilitar el acceso a la financiación de aquellas empresas que ya se están avalando, tramitando renovaciones o refinanciaciones de las operaciones de circulante en vigor; apoyar nuevas operaciones para emprendedores, así como las orientadas a procesos de innovación o internacionalización.
Por otro lado, Sogarpo trata de minimizar los efectos de la creciente morosidad. Según su directora, "existen varios casos de empresas en las que Sogarpo asume los pagos de las cuotas del préstamo ante la entidad financiera y establece un plan de pagos con la compañía para el reintegro de las cantidades abonadas en su nombre, sin llegar a la ejecución de garantías, tratando de conservar la actividad empresarial y los puestos de trabajo".
Más ideas en Avalmadrid
Otra entidad que ha demostrado capacidad de adaptación es Avalmadrid. "Hemos sabido adaptarnos a las demandas de nuestros empresarios, por eso lanzamos en 2008 el primer producto financiero específico para atender las necesidades de circulante, el Plan Impulsa Pyme", explica el consejero delegado de la SGR madrileña, Juan Luis Fernández-Rubíes.
También fueron la primera SGR en lanzar un producto específico para emprendedores. "Más de dos empresas nacen al día en la Comunidad de Madrid gracias a nuestra financiación", asegura Fernández-Rubíes. Lo más reciente, la creación de líneas bonificadas específicas para internacionalización.
La actividad de Avalmadrid en 2012 descendió en volumen, pero no lo hizo en la misma medida que el número de pymes y autónomos beneficiados, ya que bajó el importe medio de la operación. "Una vez que hemos fortalecido nuestra solvencia, esperamos que este año nuestra actividad crezca en un 25 por cierto", afirma Fernández-Rubíes.
Fusión en Andalucía
En Andalucía, la Junta promovió hace dos años la fusión de las dos SGR, Suraval y Avalunion, que apenas ha avanzado por la oposición de la segunda a perder su autonomía, ya que tiene su sede en Málaga y atiende a las provinciales orientales, mientras Suraval, con sede en Sevilla, actúa en las occidentales. Tras la elección de un nuevo presidente de Avalunion, Javier González, presidente de la patronal malagueña CEM, la fusión se ha retomado y está en proceso de due dilligence.
El consejero delegado de Suraval, Pablo Millán, cree que la desaparición de algunas cajas de ahorros andaluzas ha provocado que haya "menos ventanillas" y, en cierto sentido, "menos compromiso regional, todo esto en un momento de restricción del crédito, con lo que eso afecta al volumen de préstamos". No obstante, añade, "en virtud de los convenios de colaboración que nosotros mantenemos con cajas y bancos desde hace muchos años creo que, pese a todos estos condicionantes, muchas pymes están logrando a través de la SGR obtener crédito que, de otra forma, hubiera sido poco posible".
La valenciana, en crisis
El conjunto de las SGR goza de buena salud y supera con creces los requisitos mínimos de solvencia, a pesar de que la mayor entidad en términos de riesgo vivo está al borde de la desaparición. SGR Comunitat Valenciana presentó el pasado 9 de mayo la solicitud de concurso voluntario de acreedores, cuatro meses después de presentar el preconcurso al no poder refinanciar su deuda a tiempo.
La entidad había acordado con un grupo de bancos -Bankia, BBVA, CaixaBank y SabadellCAM- un plan de refinanciación que permitiría la continuidad de la SGR, consistente en un préstamo participativo de 150 millones para reforzar los fondos propios y una cantidad adicional para cubrir las ejecuciones de avales por parte los propios bancos a la SGR.
El problema fue que el préstamo está, a su vez, avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas -es decir, que la Generalitat asume las posibles pérdidas-, por lo que no se podía firmar sin el visto bueno del Ministerio de Hacienda, que tardó casi cuatro meses en autorizarlo. Además, cuando lo hizo reveló que también Bruselas debía dar su beneplácito. La entidad espera que el permiso llegue antes de que el juez admita el concurso.
La crisis de SGR-CV tiene cierta lógica si se mira las entidades financieras con las que trabajaba, que eran, sobre todo, Bancaja, CAM y Banco de Valencia, nacionalizada la primera en Bankia e intervenidas por el Banco de España las otras.
Morosidad del 9,8 por ciento
Según fuentes financieras, la entidad avalista se embarcó con las cajas en aventuras inmobiliarias para que pudieran reducir su riesgo y seguir financiando el ladrillo. Con el agravante de que los avales al sector inmobiliario no los reafianza Cersa, por lo que todo el riesgo era para SGR-CV.
Una inspección del Banco de España en 2011 detectó un agujero de 60 millones, cubierto por la Generalitat, que meses después se agrandó en 150 más. SGR-CV, que durante 30 años había dado beneficios, declaró pérdidas de 55 millones en 2011, año que acabó con una morosidad del 9,8 por ciento. Su actividad está parada desde hace un año.
Qué son las SGR
Las sociedades de garantía recíproca (SGR) son entidades financieras constituidas a partir de 1978 para dar respuesta al mayor problema de la pequeña y mediana empresa: el acceso a la financiación. Su capital está formado por dos tipos de socios: los protectores (gobiernos autonómicos, patronales, cámaras de comercio y entidades financieras) y las empresas beneficiarias de su actividad, que obligatoriamente deben convertirse en socias y aportar capital para conseguir un aval.
Las SGR firman convenios con entidades financieras para que las pymes avaladas tengan acceso al crédito y, además, en mejores condiciones tanto de tipos de interés como de plazos de carencia.
Salvo excepciones, como las inversiones inmobiliarias, los avales cuentan con el reaval de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), dependiente del Ministerio de Industria, que cubre entre el 30 y el 75 por ciento del riesgo. También algunos organismos autonómicos respaldan a sus SGR con reavales, como el Instituto Valenciano de Finanzas.
La ley otorga a las SGR la consideración de entidades financieras, lo que significa que están sometidas a la autorización previa, control e inspección del Banco de España, así como a los criterios de solvencia que el supervisor fija para el conjunto del sistema financiero.
Información elaborada por: Javier Alfonso, Jordi Sacristán, Carmen Larrakoetxea, Ruth Lodeiro, Esther Porta, Eva Sereno, Rafael Daniel y Carlos Pizá.
