Barcelona
Si en Cataluña ningún trabajador hiciera horas extra, se crearían 18.000 puestos de trabajo. Un 30,4 por ciento de los catalanes superaron las 40 horas de trabajo semanales en 2018. Según el Idescat –Instituto de Estadística de Cataluña-, de las 3.360.000 personas ocupadas en Cataluña, 1.678.000 hicieron de 40 a 45 horas cada semana, y, 344.000, más de 45.
Ayer domingo entró en vigor la obligación, para todos los empresarios, de controlar las jornadas laborales de sus trabajadores. Mediante un Real Decreto Ley, Pedro Sánchez modificó el Estatuto de los Trabajadores, haciendo imperativo este deber -que se aprobó hace dos meses- para todas las empresas.
Las empresas han tenido este período de dos meses para adaptarse a la normativa, si bien no se especifica cómo debe llevarse a cabo dicho control. Lo único que especifica el texto legal es que esta obligación no debe perjudicar la flexibilidad laboral.
Núria Gilgado, secretaria de política sindical de UGT Catalunya, defiende que las horas extra deben ser las estrictamente necesarias -aparte de voluntarias, limitadas y, evidentemente, retribuidas o compensadas con descansos-. Gilgado se remonta a la crisis para explicar la reducción de plantillas que han experimentado muchas empresas.
En consecuencia de esta disminución de personal, cuando aumenta la productividad, "son las mismas personas las que tienen que cargar con el mismo volumen de trabajo. Si en lugar de realizar horas extra se recurriera a la contratación, se crearían 18.000 puestos de trabajo en Catalunya".
Una reivindicación centenaria
En el mes de febrero de este año se cumplió un siglo desde la huelga de La Canadiense, en la que Barcelona fue protagonista. Uno de los hitos que se consiguieron gracias a esta huelga fue la limitación de la jornada laboral a las 8 horas diarias.
"Cien años después, no hemos logrado el objetivo. La realidad es muy diferente", explica Nuria Gilgado. Gilgado sostiene que hay muchos contratos a tiempo parcial que se acaban convirtiendo en jornadas de 10 y 12 horas diarias, sin ser estas horas extras retribuidas ni compensadas.
Una de las reivindicaciones sindicales a estos efectos es "que la inspección de trabajo tenga más medios materiales y humanos para poder hacer las investigaciones oportunas y así garantizar que las jornadas laborales se ajustan a la legislación. Y que los contratos se ajusten a los convenios, porque pueden estar en fraude de ley", detalla Gilgado.
El objetivo de hoy
UGT y CCOO coinciden en cuál deben ser los pasos a seguir a partir de ahora, teniendo en cuenta la nueva realidad laboral, impregnada por las nuevas tecnologías. Según Gilgado, las jornadas deben reducirse para "conciliar la vida personal, laboral y familiar".
UGT reivindica una reducción a las 32 horas semanales para "repartir el trabajo", dadas las "modificaciones en los puestos de trabajo" -CCOO, a su vez, revindica reducirla a 35-.
Gilgado lo detalla: "Como que se han perdido puestos de trabajo por la digitalización y las nuevas tecnologías, debe compensarse de alguna forma. Se tiene que reducir la jornada porque la forma de vivir ha cambiado, así como el tipo de trabajo. Tareas que antes requerían de una mayor mano de obra, hoy ya no la requieren. Por otro lado, la digitalización genera una mayor productividad y mayor riqueza, así como más beneficios para las empresas, así que en un sistema justo y redistributivo de la riqueza, lo equilibrado sería reducir las jornadas y repartir el trabajo".
Según Gilgado, esta es la clave: se pierden puestos de trabajo, pero se tienen que repartir los beneficios entre los que se mantienen.
Para saber más, lee la Revista Catalunya.
