La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, comenzó la medianoche del viernes la campaña electoral a las municipales del 26 de mayo con un empuje de moral. El motivo, la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que auguraba un empate entre Barcelona en Comú y ERC en los comicios, mientras otros sondeos dan la victoria a la formación republicana, liderada por Ernest Maragall.
Con todo, el mejor escenario para Colau supone repetir los 11 concejales de hace cuatro años, y que han supuesto un gran reto para gobernar en franca minoría -el consistorio cuenta con un total de 41 concejales-.
Para continuar como alcaldesa, la líder de los Comunes centra sus esfuerzos en desempolvar los caballos de batalla que la llevaron a conseguir la vara de mando de la capital catalana en 2015, como la defensa de los colectivos vulnerables, las promesas de vivienda pública y los recelos hacia el turismo.
En la mayoría de casos, las promesas actuales se limitan a recuperar los objetivos incumplidos en la legislatura que ahora acaba, como la oposición se encarga de recordar.
En el ámbito de la vivienda, por ejemplo, los 8.000 pisos que pronosticaba construir en su primer mandato han acabado siendo poco más de 700. Ahora, Colau -que saltó a la política después de ganar fama como activista antidesahucios- ya no se atreve a hablar sobre cifras.
De todas formas, en su programa sí que ofrece algún número: que en 2023 el parque de vivienda pública de alquiler sea del doble que en 2015, pasando de 6.500 a 13.000 viviendas, lo que es un objetivo mucho menos ambicioso que el que se había marcado antes de llegar por primera vez al poder.
Populismo
El nuevo mandato que dibuja el programa electoral augura nuevos encontronazos con el sector empresarial barcelonés. Y es que Barcelona en Comú apuesta por cargar la responsabilidad de aumentar el parque de viviendas a precios asequibles al sector privado.
Si a finales de año introdujo la obligación de que el 30 por ciento de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones de vivienda en la ciudad se destinen a pisos protegidos, con la campaña del 26-M ha agregado el objetivo de que este porcentaje aumente hasta el 50 por ciento en las zonas "más gentrificadas", es decir, donde los elevados precios de la vivienda dificultan el acceso a los vecinos.
También ha hecho suya una propuesta de publicar una web con los nombres de los propietarios "que incurren en malas prácticas especulativas o contra los inquilinos", siguiendo modelos de Londres y Nueva York.
Pero el sector inmobiliario no es el único que está desconcento con Colau, también lo están el sector comercial y el turístico, mientras la alcaldesa mantiene su apuesta por limitar el uso del "espacio público" por los negocios de diversa índole, desde las terrazas de bares y restaurantes hasta los vehículos de uso compartido, mientras el top manta llena las aceras de calles concurridas.
Contrapropuestas
Ante este panorama, la oposición se postula como business friendly o favorecedora de los negocios. Juegan esta baza desde JxCat al PSC, pasando por Manuel Valls (Ciudadanos) y el PP. La excepción es la CUP, que defiende un programa anticapitalista y autárquico: autoempleo, micronegocios autoorganizados y "decrecimiento" turístico -en eso coincide con Colau-.
Con todo, hay un negocio al que ERC y el PSC sí quieren presionar, con la ventaja de que no es votante -y sí lo son los propietarios de los comercios tradicionales-: las empresas de comercio electrónico. Los republicanos proponen aplicarles una tasa por su impacto en la entrega de mercancías, mientras que los socialistas quieren recaudar 7,5 millones de euros tomando como referencia el volumen de facturación que venden en la ciudad.
El resto de partidos que aspiran a desbancar a Colau -o al menos a condicionar su gobierno-, también contraatacan con ambiciosas promesas en vivienda, a la vez que ofrecen soluciones para otro ámbito en el que el fracaso de Barcelona en Comú ha sido palmario: la seguridad, que se ha convertido en uno de los principales problemas señalados por los barceloneses. Todas las formaciones, excepto la CUP, plantean aumentar el cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona ante el aumento de los delitos.
Incluso Barcelona en Comú quiere ahora sumar plantilla, aunque reparte responsabilidades sobre la inseguridad entre el Estado -que debe autorizar el aumento del personal policial- y la Generalitat -a cuyos responsables políticos acusa de abandono de la ciudad-.
En dos semanas se desvelará el resultado de las urnas, que en cualquier caso dejará un escenario de pactos obligados para conformar un gobierno municipal estable, ya que nadie tendrá mayoría.
