Barcelona
La tercera huelga independentista celebrada ayer en Cataluña tuvo menor afectación que las dos anteriores, del 3 de octubre y el 8 de noviembre de 2017, tras el referéndum.
Se fundamentó una vez más en cortes viarios y ferroviarios, así como en el seguimiento del sector público -especialmente en el ámbito educativo y de funcionarios, incluso sin agenda pública por parte del Govern, frente al seguimiento mínimo en la sanidad-, mientras que la actividad empresarial se desarrolló mayoritariamente con normalidad, exceptuando los problemas de movilidad, según datos patronales.
En el Puerto de Barcelona y Mercabarna se avanzaron o retrasaron operativas y compras a otros días, mientras que en el comercio, los establecimientos registraron menor afluencia de público. Un 30 por ciento de las tiendas catalanas no abrieron sus puertas ayer, según la Generalitat, aunque los cierres se concentraron en las provincias de Girona y Tarragona, mientras que en el área de Barcelona abrieron la mayoría de negocios.
Los cortes de carreteras y manifestaciones se saldaron con cuatro detenidos y 46 heridos leves, 16 de ellos mossos d'Esquadra, por enfrentamientos con los manifestantes, según la Conselleria de Interior.
La huelga, pese a estar convocada con argumentos laborales, fue abiertamente política, con motivo del juicio en el Tribunal Supremo de los líderes soberanistas que impulsaron el referéndum.
En la sesión de ayer declararon el exconseller Santi Vila -que dimitió antes de la declaración de independencia-, y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, mientras que fueron aplazados por cuestiones de tiempo los interrogatorios del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que el martes pondrán punto y final a la primera ronda de declaraciones de los doce procesados.
1-O gracias a mecenas
Vila, repudiado por el independentismo por rechazar la vía unilateral en 2017, incidió en que intentó una salida acordada por encargo del entonces presidente catalán, Carles Puigdemont. Asimismo, se desvinculó de cualquier ilegalidad y calificó el 1-O como "una gran movilización política", que él no reconocía como referéndum, y que supuso que financiaron mecenas.
Por su parte, Jordi Sànchez reivindicó el derecho de protesta del 20 de septiembre y el carácter pacífico de la concentración frente a la Conselleria de Economía, así como sus intentos de facilitar la labor policial, aunque destacó que él no tenía responsabilidades sobre el control del orden público. También tildó de "apócrifo" y "genérico" el documento Enfocats, supuesta hoja de ruta hacia la independencia.
